Agrupación feminista invita a marchar por el #AbortoLegal este jueves 25 19:00 hrs.
Chile es uno de los pocos países
que criminaliza el aborto en todas las circunstancias. El aborto
terapéutico se legalizó en 1932,sin embargo en 1989 se modificó el
artículo 119 del Código Sanitario que lo prohibió en cualquier
situación. El año 2012 el proyecto de ley que buscaba legalizar la
interrupción del embarazo por riesgo de la vida de la madre, por
inviabilidad fetal extrauterina y por violación fue rechazado por dos
votos en la cámara alta. Hoy el debate se reabre a raíz de la coyuntura
electoral y es tensionado por las noticias comentadas.
Sin embargo, la ilegalidad del aborto es
violencia y discriminación del Estado hacia mujeres y niñas, no sólo en
caso de violación o inviabilidad fetal, por lo que delimitar la
discusión en el marco netamente “terapéutico” cierra el debate sobre
causa s sociales y otras condiciones que determinan que una mujer opte
por el aborto. Ante esta dificultad, entonces podemos re conceptualizar
lo terapéutico, pues si lo que busca la terapia es aliviar o sanar los
padecimientos físicos y/o psicológicos de las mujeres,entonces es
pertinente incluir todo embarazo que no forme parte de sus proyectos de
vida. En Chile la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos
y proyectos de vidas no sólo se ve truncada por el aparato jurídico
estatal, sino también por la precariedad de la educación sexual, la
falta de acceso a mecanismos anticonceptivos, un imaginario cultural que
confunde “mujer con madre”, como si fuésemos incubadoras vivas al
servicio de la sociedad, entre otras causas que no permiten a las
mujeres vivir la sexualidad y el placer de una manera responsable y
consciente.
El problema del embarazo adolescente o
no deseado no debe centrar su atención en “aborto o no aborto” sino,
como cualquier tema de salud, en la prevención, es decir en la búsqueda
activa de la eliminación de los factores de riesgo. Por lo tanto, el
acceso a educación sexual y reproductiva, a mecanismos anticonceptivos y
preservativos, son fundamentales, pues dentro de las consecuencias de
una sexualidad irresponsable también se encuentran un gran número de
infecciones de transmisión sexual.Sin embargo, la postura de los grupos
conservadores “ pro-vida ” tampoco promueve la sexualidad responsable,
jamás hemos visto alguna campaña en contra del aborto en la cual se
entreguen condones y consejería sobre salud reproductiva.
El temor infundado por estos grupos bajo
el argumento de “ nuestra sociedad no está lista para que podamos
decidir libremente ” ,del aumento de abortos que se producirían a causa
de la despenalización, no se condice con la evidencia, pues ésta
demuestra que la condición legal del aborto no modifica la necesidad de
las mujeres a acceder a él, sólo afecta dramáticamente el acceso aun
procedimiento seguro, generando una clara distinción socioeconómica,
entre quienes pueden pagar una clínica y quien no,como cualquier derecho
que queda bajo los arbitrios del mercado, en este caso clandestino.
Por otra parte, si bien los avances en
el uso de anticonceptivos han producido una disminución de los embarazos
no deseados,no han eliminado el acceso a un aborto seguro de las
necesidades sanitarias, pues se aproxima que unas 33 millones de
usuarias de anticonceptivos padecen un embarazo accidental cada año. No
se propone el aborto como mecanismo anticonceptivo por los riesgos que
tiene cualquier procedimiento médico o quirúrgico para el organismo,
sólo se debe considerar que un aborto inseguro es una causa importante
de mortalidad. Alrededor de 47.000 muertes anuales relacionadas con el
embarazo se producen por complicaciones de éstos, y puede prevenirse
mediante educación sexual, planificación de la maternidad y acceso
garantizado al aborto en todos los casos. El acceso universal que
garantice salud a mujeres y niñas es una cuestión de derecho a la vida,
¿Qué medida puede ser más “ pro-vida ” que proteger la salud física y
mental de más de la mitad de la población?
La legalidad del aborto es un tema de
salud pública, por lo que una u otra visión moral frente a ésta
debiésemos guardarla para nuestra propia decisión de parir o no a un
hijo no planificado, en la cual se deberían conjugar todas las
condiciones para que podamos sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y
nuestro futuro, de nuestro proyecto de vida que no es por consecuencia
lógica la maternidad.
La legislación actual sobre el aborto en
Chile es una evidencia clara de violencia estructural patriarcal y
muchas veces pareciese ser obra de una mano invisible, pero no, es fruto
de decisiones políticas y de personas que hoy se arrogan la potestad de
decidir sobre nuestras vidas. Por otra parte la violencia física y
psicológica a la que se somete a niñas y mujeres se reproduce de forma
macabra en el seno de la clase trabajadora, por lo que nuestra práctica
política no puede estar disociada de lo que se produce en la intimidad
de nuestros hogares y organizaciones.
Si bien una ley que despenalice y
garantice el aborto no nos resguardará de las conductas aberrantes que
permite y propicia elpatriarcado al igual que el capitalismo, pues
ninguna ley puede hacerlo, sólo la superación de estas estructuras de
dominación que se expresan como dictadura estatal sobre nuestros cuerpos
y vidas, sólo la construcción de una sociedad libre con pilares de
solidaridad, cooperación y dignidad de mujeres y hombres de todas las
edades. Sin embargo existen condiciones mínimas para avanzar contra la
consolidación de la misoginia y es por esto que exigimos esas
condiciones mínimas para decidir y no morir.
¡Educación sexual para decidir!
¡Anticonceptivos para prevenir!
¡Aborto legal para no morir!
0 comentarios:
Publicar un comentario