EVA GOLINGER / RT – Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela. Las piezas están cayendo en su lugar como una mala película de la CIA. A cada paso un nuevo traidor se revela, una traición nace, llena de promesas para entregar la papa caliente que justifique lo injustificable. Las infiltraciones aumentan, los rumores circulan como reguero de pólvora, y la mentalidad de pánico amenaza con superar la lógica. Titulares en los medios gritan peligro, crisis y derrota inminente, mientras que los sospechosos de siempre declaran la guerra encubierta contra un pueblo cuyo único delito es ser guardián de la mayor mina de oro negro en el mundo.
Esta semana, mientras el ‘The New York Times’ publicó una editorial desacreditando y ridiculizando el presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolo “errático y despótico” (“El señor Maduro en su laberinto”, NYT 26 de enero 2015), un periódico en el otro lado del Atlántico acusó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, la figura política más destacada del país después de Maduro, de ser un capo del narcotráfico (“El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, ABC.es 27 de enero 2015). Las acusaciones vienen de un ex oficial de la Guardia de Honor presidencial de Venezuela, Leasmy Salazar, quien sirvió bajo el presidente Chávez y fue captado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ahora convirtiéndose en el nuevo “niño de oro” en la guerra de Washington contra Venezuela.
Esta semana, mientras el ‘The New York Times’ publicó una editorial desacreditando y ridiculizando el presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolo “errático y despótico” (“El señor Maduro en su laberinto”, NYT 26 de enero 2015), un periódico en el otro lado del Atlántico acusó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, la figura política más destacada del país después de Maduro, de ser un capo del narcotráfico (“El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, ABC.es 27 de enero 2015). Las acusaciones vienen de un ex oficial de la Guardia de Honor presidencial de Venezuela, Leasmy Salazar, quien sirvió bajo el presidente Chávez y fue captado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ahora convirtiéndose en el nuevo “niño de oro” en la guerra de Washington contra Venezuela.
Dos días después, ‘The New York Times’ publicó un artículo de primera plana atacando a la economía y la industria petrolera venezolana, y prediciendo su caída (“Escasez y largas filas en Venezuela tras caída del petróleo”, 29 de enero de 2015, ‘The New York Times’). Obvias omisiones del artículo incluyeron mención de los cientos de toneladas de alimentos y otros productos de consumo que han sido acaparados o vendidos como contrabando por los distribuidores privados y empresas, con el fin de crear escasez, pánico, descontento con el Gobierno y de justificar la especulación de los precios inflados. Además, el artículo se niega a mencionar las medidas e iniciativas en curso implementadas por el Gobierno para superar las dificultades económicas.
Al mismo tiempo, un titular sensacionalista, absurdo y engañoso fue publicado en varios diarios estadounidenses, en forma impresa y en línea, que vincula a Venezuela a las armas nucleares y un plan para bombardear la ciudad de Nueva York (“Encarcelado científico en Estados Unidos por tratar de ayudar a Venezuela a construir bombas”, 30 de enero, 2015, NPR). Mientras que el titular hace a los lectores creer que Venezuela estuvo directamente involucrada en un plan terrorista contra EE.UU., el texto del artículo deja claro que no hay ninguna participación venezolana en el suceso. Toda la farsa era una trampa creada por el FBI, cuyos agentes pretendieron ser funcionarios venezolanos para capturar a un científico nuclear que una vez trabajó en el laboratorio de Los Álamos y no tenía ninguna conexión con Venezuela.
Ese mismo día, la portavoz del Departamento de Estado, Jan Psaki, condenó la supuesta “criminalización de la disidencia política” en Venezuela, al ser consultado por un periodista acerca de la llegada del fugitivo general venezolano Antonio Rivero a Nueva York para pedir el apoyo del Comité de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Rivero huyó de una orden de arresto en Venezuela después de su participación en protestas antigubernamentales violentas que causaron la muerte de más de 40 personas, en su mayoría partidarios del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, en febrero pasado. Su llegada a EE.UU. coincidió con Salazar, evidenciando un esfuerzo coordinado para debilitar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, exponiendo públicamente a dos oficiales militares de alto perfil –ambos vinculados a Chávez- que se han volteado en contra de su Gobierno y están buscando activamente la intervención extranjera contra su propio país.
Estos ejemplos son sólo una parte de la creciente y sistemática cobertura negativa y distorsionada de la situación en Venezuela en los medios de comunicación estadounidenses, pintando una imagen exageradamente sombría de la situación actual del país y retratando al Gobierno como incompetente, dictatorial y criminal. Si bien este tipo de campaña mediática coordinada contra Venezuela no es nueva -los medios de comunicación constantemente proyectaron al presidente Hugo Chávez, elegido cuatro veces por una mayoría abrumadora, como un dictador tiránico que destruía al país– sin duda evidencia que se está intensificando claramente a un ritmo acelerado.
‘The New York Times’ tiene una historia vergonzosa cuando se trata de Venezuela. El Consejo Editorial aplaudió felizmente el violento golpe de Estado en abril de 2002 que derrocó al presidente Chávez y resultó en la muerte de más de 100 personas. Cuando Chávez regresó al poder dos días después, gracias a sus millones de seguidores y las Fuerzas Armadas leales, el ‘Times’ no se retractó por su error anterior, sino que con arrogancia imploró a Chávez a “gobernar responsablemente”, alegando que él era el responsable por el golpe. Pero el hecho de que el ‘Times’ ha comenzado una persistente campaña directa contra el actual Gobierno de Venezuela, con artículos distorsionados y claramente agresivos -editoriales, blogs, opinión y noticias- indica que Washington ha colocado a Venezuela en la vía rápida del “cambio de régimen”.
El momento de la llegada de Leamsy Salazar en Washington como un presunto colaborador de la DEA, y su exposición pública, no es casual. Este mes de febrero se cumple un año desde que las protestas antigubernamentales violentamente trataron de forzar la renuncia del presidente Maduro, y grupos de la oposición están actualmente tratando de ganar impulso para volver a encender las manifestaciones. Los líderes de las protestas, Leopoldo López y María Corina Machado, han sido elogiados por el ‘The New York Times’ como “luchadores por la libertad”, “verdaderos demócratas”, y el ‘Times’ se refirió recientemente a Machado como “una inspiración”. Incluso el presidente Obama pidió la liberación de López (fue detenido y está siendo juzgado por su papel en los levantamientos violentos) durante un discurso el pasado septiembre en un evento en las Naciones Unidas. Estas voces influyentes deliberadamente omiten la participación de López y Machado en actos violentos, antidemocráticos e incluso criminales. Ambos participaron en el golpe de 2002 contra Chávez. Ambos han recibido ilegalmente fondos extranjeros para actividades políticas para derrocar a su Gobierno, y ambos lideraron las protestas mortales contra Maduro el año pasado, pidiendo públicamente su derrocamiento por vías ilegales.
La utilización de una figura como Salazar, que era conocido como alguien cercano a Chávez y uno de sus leales guardias, como una fuerza para desacreditar y atacar al Gobierno y sus líderes es una táctica de inteligencia de escuela vieja, y muy eficaz. Infiltrar, reclutar, y neutralizar al adversario desde dentro o a través de uno de los suyos -una dolorosa, chocante traición, que crea desconfianza y miedo entre las filas-. Aunque no ha surgido evidencia para respaldar las acusaciones escandalosas de Salazar contra Diosdado Cabello, el titular en los medios sirve para hacer una historia sensacional y crea otra mancha contra Venezuela en la opinión pública. También causa un gran revuelo entre los militares venezolanos y puede dar lugar a nuevas traiciones de oficiales que podrían apoyar un golpe de Estado contra el Gobierno. Las acusaciones infundadas de Salazar también apuntan a neutralizar una de las más poderosas figuras políticas del chavismo, y tratan de crear divisiones internas, intriga y desconfianza.
Las tácticas más eficaces que el FBI usó contra el Partido de las Panteras Negras y otros movimientos radicales que luchaban por cambios profundos en Estados Unidos, fueron la infiltración, la coerción y la guerra psicológica. Infiltrar agentes en esas organizaciones, o captarlas desde adentro, que luego fueron capaces de obtener acceso y confianza a los más altos niveles, ayudó a destruir esos movimientos desde adentro, desglosándolos psicológicamente y neutralizándolos políticamente. Estas tácticas y estrategias encubiertas fueron exhaustivamente documentadas y evidenciadas en documentos del Gobierno estadounidense obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información (FOIA) y publicados en el excelente libro de Ward Churchill y Jim Vander Wall ‘Agentes de Represión: las guerras secretas del FBI contra las Panteras Negras y el Movimiento indio Americano’ (South End Press, 1990).
Venezuela está sufriendo de la caída repentina y dramática de los precios del petróleo. Su economía dependiente del petróleo ha sido afectada fuertemente y el Gobierno está tomando medidas para reorganizar el presupuesto y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, pero la gente todavía está experimentando dificultades. A diferencia de la representación triste en ‘The New York Times’, los venezolanos no se mueren de hambre, no están sin hogar o sufriendo del desempleo masivo, como Grecia y España han experimentado bajo las políticas de austeridad. A pesar de ciertas carencias -algunas causadas por los controles de divisas y otras por acaparamiento, sabotaje o contrabando- 95% de los venezolanos consumen tres comidas al día, una cantidad que se ha duplicado desde la década de los noventa. La tasa de desempleo no llega al 6% y la vivienda está subvencionada por el Estado.
Sin embargo, hacer a la economía venezolana “gritar” es sin duda una estrategia ejecutada por intereses extranjeros y sus contrapartes venezolanos, y es muy eficaz. Mientras la escasez continúa y el acceso a los dólares se vuelve cada vez más difícil, el caos y el pánico aumentan. Este descontento social está capitalizado por agencias de Estados Unidos y las fuerzas antigubernamentales en Venezuela que presionan por un cambio de régimen. Una estrategia muy similar fue utilizada en Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Primero destruyeron la economía, produciendo descontento social, y luego los militares se activaron para derrocar a Allende, apoyados por Washington en cada etapa. Para que no olvidemos el resultado: una brutal dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet que torturó, asesinó, desapareció y obligó al exilio a decenas de miles de personas. No es exactamente un modelo para replicar.
Este año, el presidente Obama aprobó un fondo especial del Departamento de Estado de 5 millones de dólares para apoyar a los grupos antigubernamentales en Venezuela. Además, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) financia grupos de la oposición venezolana con más de 1,2 millones de dólares y apoya a los esfuerzos para socavar el Gobierno de Maduro. No hay duda de que millones de dólares más para el cambio de régimen en Venezuela están siendo canalizados a través de otros mecanismos que no están sujetos al escrutinio público.
El presidente Maduro ha denunciado estos continuos ataques contra su Gobierno y ha pedido directamente al presidente Obama que cese los esfuerzos para hacer daño a Venezuela. Recientemente, los 33 países de América Latina y el Caribe, miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), expresaron públicamente su apoyo a Maduro y condenaron la injerencia norteamericana en curso en Venezuela. América Latina rechaza firmemente cualquier intento de erosionar la democracia en la región y no avalará otro golpe de Estado en la región. Es hora de que Washington escuche al hemisferio y deje de emplear las mismas tácticas sucias contra sus vecinos.
Publicado el 2/02/15 • en Contrainjerencia
CORREO DEL ORINOCO – Venezuela atraviesa un momento complicado, marcado no solamente por una baja en la obtención de divisas debido a la caída de los precios del petróleo, sino también por una serie de afectaciones en el ámbito económico que, según lo ha expresado el Ejecutivo, son producto de una conspiración nacional e internacional similar a la que se aplicó en Chile para acabar con el gobierno socialista que instauró Salvador Allende.
Consultado por el Correo del Orinoco, el periodista Juan Jorge Faundes afirmó que existen distintas “variables causales” que aportan elementos suficientes para hacer una comparación. “Creo que hay, en líneas gruesas, bastante semejanza, pero habría que considerar también el área chica de las especificidades de cada país y del contexto histórico que hoy se vive”, asintió el autor del libro Allende, crónica de una tragedia anunciada, publicado por la editorial Ocean Sur.
Lo primero que habría que tomar en cuenta, advierte, es el intervencionismo estadounidense originado en la causa geopolítica en un contexto de Guerra Fría y en la defensa de sus intereses en Chile, afectados por nacionalización de las mineras de cobre y de algunas industrias productivas en manos norteamericanas.
En el caso de Venezuela, aduce, ya no hay contexto de Guerra Fría, pero si algo semejante: “La conformación de un tractor bolivariano, principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, dirigido a la generación de una suerte de modelo económico-político de socialismo de nuevo tipo (el del siglo XXI), según las peculiaridades de cada país, que entraría en competencia y pondría en riesgo los intereses imperiales”. Además señala que habría que preguntarse si existen capitalistas estadounidenses afectados por las decisiones que toma el Estado venezolano.
Por otra parte, señala que también es preciso evaluar la reacción que tuvo en Chile el conglomerado capitalista nacional (financiero, industrial, mercantil, agrario) afectado en sus ganancias por las políticas y acciones estatizantes y expropiadoras de la plusvalía. “Habría que preguntarse si esto es así en la Venezuela actual y hasta qué punto la burguesía ha sido expropiada por el Estado”, contrastó.
Asimismo, hizo alusión a la incapacidad para ampliar y la pérdida de la base social de apoyo, producto, además del bloqueo y del boicot, de una política económica monetaria expansiva populista que desató en su país natal una hiperinflación, y generó descontento en los sectores medios y parte de los populares, así como desabastecimiento de alimentos y colas para adquirirlos, fenómeno que según afirma, fue amplificado por la oposición, sumado a una falta de real participación popular, sin sustituir el paradigma cupular y clientelista por otro efectivamente participativo desde la base. “¿Existe en Venezuela una efectiva participación popular de nuevo tipo, desde la base?”, se preguntó el analista.
Faundes también se refirió a la sobreestimación que hubo en Chile del rol institucional de las Fuerzas Armadas y de orden, sin considerar sus lazos familiares con la oligarquía, su origen histórico prusiano fascista y su formación contemporánea por Estados Unidos.
“Habría que ver si el perfil de las Fuerzas Armadas venezolanas es similar o diferente. Allende tardíamente incorporó algunos oficiales al gobierno, pero ya la institución se había resquebrajado predominando los golpistas dinamizados por el Imperio”, esbozó.
Dice que, en virtud del origen militar de Chávez y la inclusión que desde el comienzo del chavismo los militares han tenido en los aparatos del poder político, “podría haber mayor identificación en Venezuela entre Fuerzas Armadas y gobierno, lo que impediría un golpe”. A ello habría que agregar, en su criterio, “un horizonte electoral democrático que se puede abrir como una posibilidad para los opositores, descongestionando la tensión y provocando el descarte de opciones golpistas”.
IMPEDIR RATIFICACIÓN
El investigador recordó que en Chile, y principalmente desde afuera, hubo una conspiración económica -que incluyó componentes comunicacionales, políticos y militares- para derrocar a Salvador Allende y lo que su gobierno, el de la coalición Unidad Popular (UP), representaba.
Esta hipótesis, esgrime, está verificada y documentada a través de las investigaciones del Comité Church, del Senado estadounidense, con documentos desclasificados de la CIA y con las transcripciones de las grabaciones secretas de la oficina de Nixon y de la oficina de Kissinger en la Casa Blanca.
“Desde allí salió la orden de Nixon para derrocar al Presidente chileno, y allí se gestaron estrategias y operaciones de carácter político, económico y militar. Ese proceso conspirativo se inició apenas elegido Allende, y el primer objetivo fue impedir su ratificación por el Congreso, lo que era necesario, ya que votó por él solo un tercio (36,3%) del electorado en una elección a tres candidatos el día 4 de septiembre de 1970”, relató.
Según la Constitución, menciona el experto, de no ganar uno de los candidatos por mayoría absoluta, el Congreso debía elegir entre las dos primeras mayorías 50 días después de las elecciones generales. “El primer intento fracasado concluyó en el curso de esos 50 días con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, a manos de un grupo golpista encabezado por el general Roberto Viaux, que inicialmente tuvo el apoyo de la CIA, quien se le habría retirado para apoyar a otro general, Camilo Valenzuela, al que se consideraba más serio y al que se entregó armas”, rememoró.
Finalmente, el Congreso ratificó a Allende en virtud de un Pacto de Garantías Democráticas suscrito entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano. Refiere que “este pacto fue posible porque entre los programas de Allende y el candidato del PDC, Radomiro Tomic, del ala más progresista de ese partido, había bastante coincidencia”.
ASFIXIA ECONÓMICA
No obstante, el imperio no desistió de sus planes. Reseña el periodista que once días después de las elecciones -el 15 de septiembre de 1970- según notas del director de la CIA, Richards Helms, citadas por el embajador en Chile, Nathaniel Davis, en un libro publicado en 1986, el presidente Nixon se reunió con Henry Kissinger, entonces Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, y el fiscal John Mitchell, y les dijo que la elección de Allende era inaceptable, ordenándoles inmediatamente a actuar: “Salvar a Chile. Gastar lo necesario. No involucrar a la Embajada. Hay diez millones de dólares disponibles, más si es necesario. Plan del juego: ¡Reventar la economía! Cuarenta y ocho horas para un plan de acción”.
Esa petición, detalla, se materializó en un memorándum y plan de acción de Kissinger -desclasificado el 14 de octubre de 1993- que se convirtió en la política oficial estadounidense para aislar y asfixiar económicamente a Chile. Fue enviado a los secretarios de Estado y de Defensa, al Director de la Oficina de Preparación de Emergencias y al Director de la CIA, Richard Helms.
“El plan especificaba: eliminar o reducir programas de ayuda y de nuevas inversiones a Chile; facilitar una coordinación contra Chile con líderes militares latinoamericanos; ejercer la máxima influencia posible en las instituciones financieras internacionales; estudiar las implicancias y posibilidad de acciones sobre los mercados de cobre en el mundo que pudieran afectar la comercialización del cobre chileno. Un comité de alto nivel se reuniría, al menos una vez al mes, para ir evaluando el proceso”, detalló.
En paralelo, Kissinger actuaba con la CIA en el plan frustrado de generar un golpe que impidiese la asunción de Allende. En su opinión, esa fue la vía armada, que bautizaron como “Track II”. Revela que un cable del 16 de octubre de 1970, desclasificado por la CIA el 9 de enero de 1994, describe la “política firme, constante y permanente para derrocar a Allende”.
Otro cable desclasificado, de fecha 18 de noviembre de 1970, mencionado por Faundes, describe la composición de la “Task Force” (Fuerza de Operaciones Especiales) encabezada por el agente David Atlee Phillips, y narra las operaciones clandestinas destinadas a convencer al saliente presidente Eduardo Frei Montalva, para apoyar “un golpe militar que le impediría a Allende hacerse cargo de la Presidencia el 3 de noviembre” de ese año.
COMPRARON MEDIOS
Por otra parte, aseguró que como parte de esa campaña, el imperio le pagó a la prensa para que también hiciera su trabajo. Afirma que según el Informe Church: “Con mucho, el mayor ―y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística― fue el dinero proporcionado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende”.
Haciendo mención al referido informe, señaló que “en 1971, la estación estimó que El Mercurio no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno”.
De esta forma, prosigue el escrito, “el Comité 40 autorizó 700 mil dólares para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios apoyados por la Agencia habían jugado un importante rol en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.
Mediante un proyecto distinto también se financió a elementos individuales de la prensa, añade el informe comentado por Faundes: “Otras personas, todos empleados de El Mercurio, permitieron que el diario publicara más de un editorial de acuerdo con las orientaciones de la CIA. El acceso a El Mercurio tenía un efecto multiplicador, ya que sus editoriales eran leídos en todo el país a través de varias cadenas de radio.” Además sostiene que en enero de 1971 se destinaron un millón 24 mil dólares para la compra de emisoras de radio y periódicos opositores.
SABOTAJE FINANCIADO
Agrega el periodista que las investigaciones del Comité Church, así como los 5.800 documentos desclasificados -que totalizan unas 20 mil páginas- verifican que los dólares de la CIA contribuyeron al financiamiento de las movilizaciones de la oposición, caracterizada por cierre de empresas, paros de transportistas, destrucción y acaparamiento de productos y fomento del mercado negro, así como de organizaciones de ultraderecha, como Patria y Libertad, que llevó a cabo distintos sabotajes.
“Las maniobras para corromper a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, a los dirigentes políticos, dueños de medios de prensa y periodistas usando millones de dólares, dio frutos el 11 de septiembre de 1973 con el golpe que instaló a Pinochet en el poder en medio de un baño de sangre y de una cruel dictadura que duró 17 años”, enfatizó.
En efecto, sostiene que un mensaje secreto de la Dirección de Operaciones de la CIA -fechado el 10 de septiembre de 1973 y desclasificado el 11 de junio de 1999- anticipaba que un intento de golpe se iniciaría el 11 de septiembre: “Las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros están todas involucradas en esta acción. A las 7 de la mañana del 11 de septiembre se leerá una declaración por Radio Agricultura [palabra tachada] que carabineros tiene la responsabilidad de apresar al Presidente Salvador Allende”.
ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA
Una de las principales causas externas que impulsaron la conspiración para derrocar a Allende, de acuerdo con Juan Jorge Faundes, se dio en el contexto de Guerra Fría entre las dos potencias imperiales: Estados Unidos y la URSS. Al respecto, señaló que “Estados Unidos no podía tolerar un enclave pro-URSS en su área de influencia próxima. Además, sería la primera vez en la historia que un gobierno declaradamente socialista asumiera el poder por la vía pacífica”. Dijo que esa era “la vía chilena al socialismo” que Allende proclamaba.
“Las circunstancias de Rusia en 1917 y las de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante”, declaró el exmandatario chileno ante el Congreso, en el discurso del 21 de mayo de 1971, durante una rendición anual de cuentas, mencionó el periodista.
“Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista (…) Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible”, expresó el investigador, citando al líder socialista. “Ingenuamente, y desconociendo todo lo que la CIA venía tejiendo, Allende declaró su confianza en las Fuerzas Armadas y de Orden como sostén de un proceso basado en la voluntad popular”, asintió.
DETONANTE ECONÓMICO
Además, comentó que la nacionalización o estatización del sector minero, exportador primario, en particular del cobre, que estaba en poder de corporaciones extranjeras, mayoritariamente capitalistas estadounidenses, “que realizaban su proceso de acumulación a costa de la sociedad chilena, generando un drenaje de divisas”, fue otro de los detonantes de la conspiración, dado que el imperio se vio afectado económicamente.
De igual forma, indicó que la escasamente desarrollada industria productiva chilena -más de bienes de consumo que de capital y con escasa capacidad exportadora- también estaba en manos extranjeras y fue afectada por el proceso de nacionalización-estatización de gran parte de la masa de plusvalía generada por los trabajadores.
“Estas medidas afectaban directamente los intereses, las ganancias, el proceso de acumulación capitalistas de ciudadanos y empresas de los Estados Unidos tales como la Braden Copper Company, la Anaconda Copper Company, la ITT y la Pepsi-Cola International, entre otras”, detalló.
“NO LO HICIMOS, PERO AYUDAMOS”
Faundes sostiene que la decisión de aplicar un impuesto al exceso de ganancias de las compañías mineras Annaconda y Kennecott y no pagar compensaciones por nacionalizar sus minas, fue tan perjudicial para los intereses imperialistas que, tal y como lo reseña en su libro, el 5 de octubre de 1971, Nixon conversando en el Despacho Oval de la Casa Blanca con H. R. Haldeman, jefe de Gabinete, John Connally, secretario del Tesoro, y Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, les reitera: “He decidido remover a Allende… Todo vale en Chile. Patéenlos en el culo, ¿Ok?”.
Esta y otras conversaciones, aduce, se han podido conocer gracias a la desclasificación de las cintas en torno al caso Watergate que provocaron la renuncia del presidente Richard Nixon el 8 de agosto de 1974. “El sistema de grabación de Nixon comenzó en la Oficina Oval el 16 de febrero de 1971 y terminó el 18 de julio de 1973, funcionando durante 883 días. Todo cuanto se decía en el Despacho Oval fue grabado secretamente y coincidió con el 85 por ciento del gobierno de Allende”, dilucidó.
Cuando la grabadora debió ser apagada en el contexto del caso Watergate, acotó, las grabaciones continuaron en la oficina de Kissinger. Por ello se pudo conocer, poco después del golpe, en septiembre de 1973, otra conversación en la que Kissinger decía a Nixon: “Nosotros no lo hicimos. Pero quiero decir que los ayudamos. [Tachado] creó las mejores condiciones posibles”, a lo que este respondió: “Eso es correcto, y esa es la forma en que se va a jugar”.
ALIANZA BURGUESÍA-EEUU
Explicó que en lo interno, “el objetivo de estatizar la plusvalía generada por los trabajadores implicó nacionalización de la banca, afectando no sólo a bancos extranjeros, sino a la burguesía financiera nacional (los merchant bankers chilenos), así como a algunos de los escasos grandes industriales nacionales y al latifundio semi-capitalista con la reforma agraria”.
Obviamente, refiere el experto, “la clase dominante chilena, reunida en la gran Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) y en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) no toleró ser expropiada y convergió en un activo movimiento opositor”, con el agravante de que la oficialidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros “estaba y está, por lo general, familiarmente unida” a este sector.
“La clase dominante chilena fue aliada natural de los Estados Unidos. Los conglomerados de capitalistas extranjeros y los conglomerados de capitalistas nacionales se unieron en la campaña opositora contra Allende usando todos sus recursos, desde el bloqueo y el boicot hasta las movilizaciones callejeras”, reiteró.
VENEZUELA NO ES CHILE
Pero para el analista económico y de abastecimiento, Tomás Socías López, las dificultades que se presentan en el país en este momento no tienen comparación con lo sucedido en Chile entre 1971 y 1973, sino que son una “consecuencia directa de los errores cometidos en ese sector y de la falta de cooperación por parte de un sector privado que, irritado por los comentarios del gobierno, se ha radicalizado”.
Asegura que en Venezuela, la aplicación de una “política de precios demasiado estrangulada ha traído desabastecimiento”. Además señala que acá ha habido serios problemas con las divisas, básicamente porque “el presidente Chávez utilizó durante su gestión 40 mil millones de dólares para acentuar los programas sociales, y dejó al presidente Maduro sin recursos”. Pero posteriormente, a su parecer, “Maduro tampoco ha realizado una política de gestión austera para recuperar los recursos que necesita el país”.
En entrevista con el Correo del Orinoco, reportó que la inversión privada también ha tenido muchas dificultades, debido a las nacionalizaciones y expropiaciones. “Las empresas del Estado que han asumido ese rol no han podido cumplir con sus obligaciones, y eso, sumado a la falta de divisas, ha provocado una gran escasez de alimentos”, analizó.
DIFICULTADES DE GESTIÓN
Pese a las reiteradas denuncias del gobierno, el experto no encuentra culpabilidad dentro de las asociaciones privadas con mayor representatividad: “Pareciera que el Presidente de la República, para explicar las dificultades de gestión, acusa a los sectores productivos de hacerle una guerra económica para enfrentarlo y derrocarlo”. En ese sentido, esgrimió que “Fedecamaras no es comparable con los grandes capitales que dominaban los gremios empresariales en Chile”.
De igual forma, aseveró que una persona de “mente amplia” como Jorge Roig, titular de ese organismo gremial, “no se enfrenta en una batalla campal con el Presidente de la República, como lo hacían (en Chile) los amos del valle de allá, que si querían la eliminación del presidente Allende”.
Eso tampoco ocurre con Consecomercio, ni con su presidente, Mauricio Tancredi, enfatizó el analista. “Él no es un hombre tradicional del sector comercial con mucho dinero, ha llegado a la institución gremial por el trabajo que ha hecho y por su trayectoria”, enalteció.
Estima probable que una pequeña fracción de la oposición “pueda haberse combinado con algunos sectores radicales del área económica que de una u otra manera quieren una eliminación violenta del régimen actual sin esperar un proceso electoral”, pero duda que eso represente a la mayoría de una oposición que, en más de un 80%, de acuerdo con los datos que maneja, “está convencida de que puede haber un cambio democrático”.
SIN INTERFERENCIA DE EEUU
De igual modo, para Socías, la difícil situación económica que atraviesa el país no forma parte de una conspiración internacional como la que sacudió a Chile durante la gestión de Salvador Allende. “No veo la interferencia de EEUU en Venezuela de una manera tan significativa como en el caso chileno”, sentenció.
Los niveles de control que tiene el gobierno nacional sobre el aparato de inteligencia del Estado, esgrime, “son sumamente grandes y eso ha impedido situaciones similares a la de Chile”. Además afirma que “los tiempos han cambiado económica, histórica y políticamente”, lo que a su parecer resta posibilidad a una intervención extranjera.
“En aquel momento, las heridas que tenía Estados Unidos con Cuba y el comunismo, llevaron probablemente a una intervención en el proceso chileno. Ahora la situación ha cambiado y nosotros tenemos otra visión de lo que significa la relación con Estados Unidos”, añadió.
Lo que sí es evidente, según el investigador, es que “hay una actitud dura de EEUU producto de un supuesto objetivo de búsqueda de mayores libertades, y una reacción demasiado fuerte del gobierno venezolano que no ha permitido alcanzar un punto medio como al que han llegado Ecuador y Bolivia”.
¿Se repite contra Nicolás Maduro la conspiración contra Allende?
Publicado el 2/01/15 • en ContrainjerenciaCORREO DEL ORINOCO – Venezuela atraviesa un momento complicado, marcado no solamente por una baja en la obtención de divisas debido a la caída de los precios del petróleo, sino también por una serie de afectaciones en el ámbito económico que, según lo ha expresado el Ejecutivo, son producto de una conspiración nacional e internacional similar a la que se aplicó en Chile para acabar con el gobierno socialista que instauró Salvador Allende.
Consultado por el Correo del Orinoco, el periodista Juan Jorge Faundes afirmó que existen distintas “variables causales” que aportan elementos suficientes para hacer una comparación. “Creo que hay, en líneas gruesas, bastante semejanza, pero habría que considerar también el área chica de las especificidades de cada país y del contexto histórico que hoy se vive”, asintió el autor del libro Allende, crónica de una tragedia anunciada, publicado por la editorial Ocean Sur.
Lo primero que habría que tomar en cuenta, advierte, es el intervencionismo estadounidense originado en la causa geopolítica en un contexto de Guerra Fría y en la defensa de sus intereses en Chile, afectados por nacionalización de las mineras de cobre y de algunas industrias productivas en manos norteamericanas.
En el caso de Venezuela, aduce, ya no hay contexto de Guerra Fría, pero si algo semejante: “La conformación de un tractor bolivariano, principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, dirigido a la generación de una suerte de modelo económico-político de socialismo de nuevo tipo (el del siglo XXI), según las peculiaridades de cada país, que entraría en competencia y pondría en riesgo los intereses imperiales”. Además señala que habría que preguntarse si existen capitalistas estadounidenses afectados por las decisiones que toma el Estado venezolano.
Por otra parte, señala que también es preciso evaluar la reacción que tuvo en Chile el conglomerado capitalista nacional (financiero, industrial, mercantil, agrario) afectado en sus ganancias por las políticas y acciones estatizantes y expropiadoras de la plusvalía. “Habría que preguntarse si esto es así en la Venezuela actual y hasta qué punto la burguesía ha sido expropiada por el Estado”, contrastó.
Asimismo, hizo alusión a la incapacidad para ampliar y la pérdida de la base social de apoyo, producto, además del bloqueo y del boicot, de una política económica monetaria expansiva populista que desató en su país natal una hiperinflación, y generó descontento en los sectores medios y parte de los populares, así como desabastecimiento de alimentos y colas para adquirirlos, fenómeno que según afirma, fue amplificado por la oposición, sumado a una falta de real participación popular, sin sustituir el paradigma cupular y clientelista por otro efectivamente participativo desde la base. “¿Existe en Venezuela una efectiva participación popular de nuevo tipo, desde la base?”, se preguntó el analista.
Faundes también se refirió a la sobreestimación que hubo en Chile del rol institucional de las Fuerzas Armadas y de orden, sin considerar sus lazos familiares con la oligarquía, su origen histórico prusiano fascista y su formación contemporánea por Estados Unidos.
“Habría que ver si el perfil de las Fuerzas Armadas venezolanas es similar o diferente. Allende tardíamente incorporó algunos oficiales al gobierno, pero ya la institución se había resquebrajado predominando los golpistas dinamizados por el Imperio”, esbozó.
Dice que, en virtud del origen militar de Chávez y la inclusión que desde el comienzo del chavismo los militares han tenido en los aparatos del poder político, “podría haber mayor identificación en Venezuela entre Fuerzas Armadas y gobierno, lo que impediría un golpe”. A ello habría que agregar, en su criterio, “un horizonte electoral democrático que se puede abrir como una posibilidad para los opositores, descongestionando la tensión y provocando el descarte de opciones golpistas”.
IMPEDIR RATIFICACIÓN
El investigador recordó que en Chile, y principalmente desde afuera, hubo una conspiración económica -que incluyó componentes comunicacionales, políticos y militares- para derrocar a Salvador Allende y lo que su gobierno, el de la coalición Unidad Popular (UP), representaba.
Esta hipótesis, esgrime, está verificada y documentada a través de las investigaciones del Comité Church, del Senado estadounidense, con documentos desclasificados de la CIA y con las transcripciones de las grabaciones secretas de la oficina de Nixon y de la oficina de Kissinger en la Casa Blanca.
“Desde allí salió la orden de Nixon para derrocar al Presidente chileno, y allí se gestaron estrategias y operaciones de carácter político, económico y militar. Ese proceso conspirativo se inició apenas elegido Allende, y el primer objetivo fue impedir su ratificación por el Congreso, lo que era necesario, ya que votó por él solo un tercio (36,3%) del electorado en una elección a tres candidatos el día 4 de septiembre de 1970”, relató.
Según la Constitución, menciona el experto, de no ganar uno de los candidatos por mayoría absoluta, el Congreso debía elegir entre las dos primeras mayorías 50 días después de las elecciones generales. “El primer intento fracasado concluyó en el curso de esos 50 días con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, a manos de un grupo golpista encabezado por el general Roberto Viaux, que inicialmente tuvo el apoyo de la CIA, quien se le habría retirado para apoyar a otro general, Camilo Valenzuela, al que se consideraba más serio y al que se entregó armas”, rememoró.
Finalmente, el Congreso ratificó a Allende en virtud de un Pacto de Garantías Democráticas suscrito entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano. Refiere que “este pacto fue posible porque entre los programas de Allende y el candidato del PDC, Radomiro Tomic, del ala más progresista de ese partido, había bastante coincidencia”.
ASFIXIA ECONÓMICA
No obstante, el imperio no desistió de sus planes. Reseña el periodista que once días después de las elecciones -el 15 de septiembre de 1970- según notas del director de la CIA, Richards Helms, citadas por el embajador en Chile, Nathaniel Davis, en un libro publicado en 1986, el presidente Nixon se reunió con Henry Kissinger, entonces Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, y el fiscal John Mitchell, y les dijo que la elección de Allende era inaceptable, ordenándoles inmediatamente a actuar: “Salvar a Chile. Gastar lo necesario. No involucrar a la Embajada. Hay diez millones de dólares disponibles, más si es necesario. Plan del juego: ¡Reventar la economía! Cuarenta y ocho horas para un plan de acción”.
Esa petición, detalla, se materializó en un memorándum y plan de acción de Kissinger -desclasificado el 14 de octubre de 1993- que se convirtió en la política oficial estadounidense para aislar y asfixiar económicamente a Chile. Fue enviado a los secretarios de Estado y de Defensa, al Director de la Oficina de Preparación de Emergencias y al Director de la CIA, Richard Helms.
“El plan especificaba: eliminar o reducir programas de ayuda y de nuevas inversiones a Chile; facilitar una coordinación contra Chile con líderes militares latinoamericanos; ejercer la máxima influencia posible en las instituciones financieras internacionales; estudiar las implicancias y posibilidad de acciones sobre los mercados de cobre en el mundo que pudieran afectar la comercialización del cobre chileno. Un comité de alto nivel se reuniría, al menos una vez al mes, para ir evaluando el proceso”, detalló.
En paralelo, Kissinger actuaba con la CIA en el plan frustrado de generar un golpe que impidiese la asunción de Allende. En su opinión, esa fue la vía armada, que bautizaron como “Track II”. Revela que un cable del 16 de octubre de 1970, desclasificado por la CIA el 9 de enero de 1994, describe la “política firme, constante y permanente para derrocar a Allende”.
Otro cable desclasificado, de fecha 18 de noviembre de 1970, mencionado por Faundes, describe la composición de la “Task Force” (Fuerza de Operaciones Especiales) encabezada por el agente David Atlee Phillips, y narra las operaciones clandestinas destinadas a convencer al saliente presidente Eduardo Frei Montalva, para apoyar “un golpe militar que le impediría a Allende hacerse cargo de la Presidencia el 3 de noviembre” de ese año.
COMPRARON MEDIOS
Por otra parte, aseguró que como parte de esa campaña, el imperio le pagó a la prensa para que también hiciera su trabajo. Afirma que según el Informe Church: “Con mucho, el mayor ―y probablemente el más significativo apoyo a una organización periodística― fue el dinero proporcionado a El Mercurio, el principal diario de Santiago, sometido a la presión gubernamental durante el régimen de Allende”.
Haciendo mención al referido informe, señaló que “en 1971, la estación estimó que El Mercurio no sobreviviría a la presión del gobierno de Allende, incluyendo la intervención en el mercado del papel de imprenta y el retiro de los avisos del gobierno”.
De esta forma, prosigue el escrito, “el Comité 40 autorizó 700 mil dólares para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y agregó otros 965 mil dólares a esa autorización el 11 de abril de 1972. Una evaluación hecha por la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios apoyados por la Agencia habían jugado un importante rol en la configuración del escenario adecuado para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.
Mediante un proyecto distinto también se financió a elementos individuales de la prensa, añade el informe comentado por Faundes: “Otras personas, todos empleados de El Mercurio, permitieron que el diario publicara más de un editorial de acuerdo con las orientaciones de la CIA. El acceso a El Mercurio tenía un efecto multiplicador, ya que sus editoriales eran leídos en todo el país a través de varias cadenas de radio.” Además sostiene que en enero de 1971 se destinaron un millón 24 mil dólares para la compra de emisoras de radio y periódicos opositores.
SABOTAJE FINANCIADO
Agrega el periodista que las investigaciones del Comité Church, así como los 5.800 documentos desclasificados -que totalizan unas 20 mil páginas- verifican que los dólares de la CIA contribuyeron al financiamiento de las movilizaciones de la oposición, caracterizada por cierre de empresas, paros de transportistas, destrucción y acaparamiento de productos y fomento del mercado negro, así como de organizaciones de ultraderecha, como Patria y Libertad, que llevó a cabo distintos sabotajes.
“Las maniobras para corromper a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, a los dirigentes políticos, dueños de medios de prensa y periodistas usando millones de dólares, dio frutos el 11 de septiembre de 1973 con el golpe que instaló a Pinochet en el poder en medio de un baño de sangre y de una cruel dictadura que duró 17 años”, enfatizó.
En efecto, sostiene que un mensaje secreto de la Dirección de Operaciones de la CIA -fechado el 10 de septiembre de 1973 y desclasificado el 11 de junio de 1999- anticipaba que un intento de golpe se iniciaría el 11 de septiembre: “Las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros están todas involucradas en esta acción. A las 7 de la mañana del 11 de septiembre se leerá una declaración por Radio Agricultura [palabra tachada] que carabineros tiene la responsabilidad de apresar al Presidente Salvador Allende”.
ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA
Una de las principales causas externas que impulsaron la conspiración para derrocar a Allende, de acuerdo con Juan Jorge Faundes, se dio en el contexto de Guerra Fría entre las dos potencias imperiales: Estados Unidos y la URSS. Al respecto, señaló que “Estados Unidos no podía tolerar un enclave pro-URSS en su área de influencia próxima. Además, sería la primera vez en la historia que un gobierno declaradamente socialista asumiera el poder por la vía pacífica”. Dijo que esa era “la vía chilena al socialismo” que Allende proclamaba.
“Las circunstancias de Rusia en 1917 y las de Chile en el presente son muy distintas. Sin embargo, el desafío histórico es semejante”, declaró el exmandatario chileno ante el Congreso, en el discurso del 21 de mayo de 1971, durante una rendición anual de cuentas, mencionó el periodista.
“Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista (…) Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible”, expresó el investigador, citando al líder socialista. “Ingenuamente, y desconociendo todo lo que la CIA venía tejiendo, Allende declaró su confianza en las Fuerzas Armadas y de Orden como sostén de un proceso basado en la voluntad popular”, asintió.
DETONANTE ECONÓMICO
Además, comentó que la nacionalización o estatización del sector minero, exportador primario, en particular del cobre, que estaba en poder de corporaciones extranjeras, mayoritariamente capitalistas estadounidenses, “que realizaban su proceso de acumulación a costa de la sociedad chilena, generando un drenaje de divisas”, fue otro de los detonantes de la conspiración, dado que el imperio se vio afectado económicamente.
De igual forma, indicó que la escasamente desarrollada industria productiva chilena -más de bienes de consumo que de capital y con escasa capacidad exportadora- también estaba en manos extranjeras y fue afectada por el proceso de nacionalización-estatización de gran parte de la masa de plusvalía generada por los trabajadores.
“Estas medidas afectaban directamente los intereses, las ganancias, el proceso de acumulación capitalistas de ciudadanos y empresas de los Estados Unidos tales como la Braden Copper Company, la Anaconda Copper Company, la ITT y la Pepsi-Cola International, entre otras”, detalló.
“NO LO HICIMOS, PERO AYUDAMOS”
Faundes sostiene que la decisión de aplicar un impuesto al exceso de ganancias de las compañías mineras Annaconda y Kennecott y no pagar compensaciones por nacionalizar sus minas, fue tan perjudicial para los intereses imperialistas que, tal y como lo reseña en su libro, el 5 de octubre de 1971, Nixon conversando en el Despacho Oval de la Casa Blanca con H. R. Haldeman, jefe de Gabinete, John Connally, secretario del Tesoro, y Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, les reitera: “He decidido remover a Allende… Todo vale en Chile. Patéenlos en el culo, ¿Ok?”.
Esta y otras conversaciones, aduce, se han podido conocer gracias a la desclasificación de las cintas en torno al caso Watergate que provocaron la renuncia del presidente Richard Nixon el 8 de agosto de 1974. “El sistema de grabación de Nixon comenzó en la Oficina Oval el 16 de febrero de 1971 y terminó el 18 de julio de 1973, funcionando durante 883 días. Todo cuanto se decía en el Despacho Oval fue grabado secretamente y coincidió con el 85 por ciento del gobierno de Allende”, dilucidó.
Cuando la grabadora debió ser apagada en el contexto del caso Watergate, acotó, las grabaciones continuaron en la oficina de Kissinger. Por ello se pudo conocer, poco después del golpe, en septiembre de 1973, otra conversación en la que Kissinger decía a Nixon: “Nosotros no lo hicimos. Pero quiero decir que los ayudamos. [Tachado] creó las mejores condiciones posibles”, a lo que este respondió: “Eso es correcto, y esa es la forma en que se va a jugar”.
ALIANZA BURGUESÍA-EEUU
Explicó que en lo interno, “el objetivo de estatizar la plusvalía generada por los trabajadores implicó nacionalización de la banca, afectando no sólo a bancos extranjeros, sino a la burguesía financiera nacional (los merchant bankers chilenos), así como a algunos de los escasos grandes industriales nacionales y al latifundio semi-capitalista con la reforma agraria”.
Obviamente, refiere el experto, “la clase dominante chilena, reunida en la gran Corporación de la Producción y el Comercio (CPC) y en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) no toleró ser expropiada y convergió en un activo movimiento opositor”, con el agravante de que la oficialidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros “estaba y está, por lo general, familiarmente unida” a este sector.
“La clase dominante chilena fue aliada natural de los Estados Unidos. Los conglomerados de capitalistas extranjeros y los conglomerados de capitalistas nacionales se unieron en la campaña opositora contra Allende usando todos sus recursos, desde el bloqueo y el boicot hasta las movilizaciones callejeras”, reiteró.
VENEZUELA NO ES CHILE
Pero para el analista económico y de abastecimiento, Tomás Socías López, las dificultades que se presentan en el país en este momento no tienen comparación con lo sucedido en Chile entre 1971 y 1973, sino que son una “consecuencia directa de los errores cometidos en ese sector y de la falta de cooperación por parte de un sector privado que, irritado por los comentarios del gobierno, se ha radicalizado”.
Asegura que en Venezuela, la aplicación de una “política de precios demasiado estrangulada ha traído desabastecimiento”. Además señala que acá ha habido serios problemas con las divisas, básicamente porque “el presidente Chávez utilizó durante su gestión 40 mil millones de dólares para acentuar los programas sociales, y dejó al presidente Maduro sin recursos”. Pero posteriormente, a su parecer, “Maduro tampoco ha realizado una política de gestión austera para recuperar los recursos que necesita el país”.
En entrevista con el Correo del Orinoco, reportó que la inversión privada también ha tenido muchas dificultades, debido a las nacionalizaciones y expropiaciones. “Las empresas del Estado que han asumido ese rol no han podido cumplir con sus obligaciones, y eso, sumado a la falta de divisas, ha provocado una gran escasez de alimentos”, analizó.
DIFICULTADES DE GESTIÓN
Pese a las reiteradas denuncias del gobierno, el experto no encuentra culpabilidad dentro de las asociaciones privadas con mayor representatividad: “Pareciera que el Presidente de la República, para explicar las dificultades de gestión, acusa a los sectores productivos de hacerle una guerra económica para enfrentarlo y derrocarlo”. En ese sentido, esgrimió que “Fedecamaras no es comparable con los grandes capitales que dominaban los gremios empresariales en Chile”.
De igual forma, aseveró que una persona de “mente amplia” como Jorge Roig, titular de ese organismo gremial, “no se enfrenta en una batalla campal con el Presidente de la República, como lo hacían (en Chile) los amos del valle de allá, que si querían la eliminación del presidente Allende”.
Eso tampoco ocurre con Consecomercio, ni con su presidente, Mauricio Tancredi, enfatizó el analista. “Él no es un hombre tradicional del sector comercial con mucho dinero, ha llegado a la institución gremial por el trabajo que ha hecho y por su trayectoria”, enalteció.
Estima probable que una pequeña fracción de la oposición “pueda haberse combinado con algunos sectores radicales del área económica que de una u otra manera quieren una eliminación violenta del régimen actual sin esperar un proceso electoral”, pero duda que eso represente a la mayoría de una oposición que, en más de un 80%, de acuerdo con los datos que maneja, “está convencida de que puede haber un cambio democrático”.
SIN INTERFERENCIA DE EEUU
De igual modo, para Socías, la difícil situación económica que atraviesa el país no forma parte de una conspiración internacional como la que sacudió a Chile durante la gestión de Salvador Allende. “No veo la interferencia de EEUU en Venezuela de una manera tan significativa como en el caso chileno”, sentenció.
Los niveles de control que tiene el gobierno nacional sobre el aparato de inteligencia del Estado, esgrime, “son sumamente grandes y eso ha impedido situaciones similares a la de Chile”. Además afirma que “los tiempos han cambiado económica, histórica y políticamente”, lo que a su parecer resta posibilidad a una intervención extranjera.
“En aquel momento, las heridas que tenía Estados Unidos con Cuba y el comunismo, llevaron probablemente a una intervención en el proceso chileno. Ahora la situación ha cambiado y nosotros tenemos otra visión de lo que significa la relación con Estados Unidos”, añadió.
Lo que sí es evidente, según el investigador, es que “hay una actitud dura de EEUU producto de un supuesto objetivo de búsqueda de mayores libertades, y una reacción demasiado fuerte del gobierno venezolano que no ha permitido alcanzar un punto medio como al que han llegado Ecuador y Bolivia”.
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