CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — En México existe una campaña en contra de defensores de los derechos humanos, nacionales y extranjeros, cuyo más reciente capítulo es la negación de una visita del relator especial de la ONU contra la tortura, dijeron este lunes a Sputnik Nóvosti abogados de las víctimas.
"Las organizaciones civiles de derechos humanos que promovemos una cultura de respeto, documentamos y litigamos casos, teniendo como base esencial el derecho internacional de los derechos humanos, vemos con alta preocupación la negativa del Gobierno de México de no invitar oficialmente al relator especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez", dijo a esta agencia Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD).
El seguimiento de las visitas de relatores y grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la realizada por Méndez en 2015, cuyo informe fue rechazado por el Gobierno "son vitales, justamente para fortalecer el aparato de justicia", dijo la responsable del organismo que integra la Red nacional de organismos de derechos humanos "Todos los Derechos para Todos y Todas".
La negativa fue emitida por la representación de México en Ginebra, informó Méndez el fin de semana, mientras que el rechazo al informe del relator especial que define la tortura como un "práctica generalizada" fue hecho por la secretaría de Gobernación (Interior), la Cancillería y la Procuraduría General de la República, que cuestionaron la imparcialidad del abogado argentino, quien también fue víctima de la última dictadura militar en su país.
Lo que corresponde a las autoridades mexicanas es que "una vez que se detecta que la tortura es generalizada, las autoridades correspondientes deben tomar las recomendaciones como una gran oportunidad para mejorar los mecanismos, herramientas y controles", dijo la experimentada dirigente humanitaria mexicana, quien ha trabajado en otros organismos desde los años 80, como Amnistía Internacional.
En cambio, en México, existe una campaña "para denostar a quienes desde la ONU, la OEA, organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, o desde el propio país denuncian y suplican implementar acciones que distingan al presidente Enrique Peña Nieto", afirma la responsable del IMDHD.
Negar la realidad
La modernidad de las instituciones de los países "también se mide en la postura del Gobierno, no solo en cuanto a su expedita apertura para la visita del relator Méndez, sino en sus avances que pueden demostrar que sí es una administración preocupada por alentar la justicia, para evitar la impunidad o actos de corrupción", dijo la responsable humanitaria.
La negativa al pedido de Méndez, es "lamentable y desafortunada, las autoridades piensan que eso los salvara del escrutinio internacional, pero no hay nada mas equivocado que esto", puntualiza la directiva del IMDHD.
Por su parte, el analista político Rubén Aguilar dijo a Sputnik Nóvosti que "la negación de la realidad y la autocomplacencia de lo que supuestamente se hace en materia de derechos humanos lleva a que éstos no tengan el lugar que merecen en las prioridades de los gobiernos", federal y provinciales en México.
"Las evidencias son muchas y contundentes, que la salvaguarda de los derechos humanos no es una prioridad para la gran mayoría de los políticos mexicanos, sin importar el partido al cual pertenezca, solo una minoría de ellos la asume", considera el politólogo de la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA).
Las violaciones a garantías individuales se incrementaron desde la guerra declarada contra los narcotraficantes declarada durante el Gobierno de Felipe Calderón (2016-2012), y en los últimos años ha ganado terreno, no obstante, "para la mayoría de los políticos los derechos humanos son tema de discurso que no conduce a acciones contundentes para eliminar, por ejemplo, la tortura para obtener confesiones o que incluso se admite que se recurra a los juicios sumarios extrajudiciales, para eliminar a supuestos criminales", puntualiza el autor del libro la "La guerra fallida de las drogas".
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Alejandro Encinas, ha calificado como "un hecho de cinismo" la negativa de México a una visita solicitada por el relator especial de la ONU.
El Gobierno "pretende esconder la basura debajo del tapete", dijo Encinas, líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
La misión de México en Ginebra presentó en 2015 una denuncia de violaciones a los protocolos de imparcialidad de la ONU contra Méndez, que el abogado argentino consideró como un "ataque personal".
"Basta recordar el litigio que se tuvo con el representante de la Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos, quien tuvo que salir por petición del Gobierno mexicano y fue cambiado", dijo el legislador de la Cámara Alta.
"Hay una actitud oficial recurrente y sistemática, tratando de eludir su responsabilidad y entrando en confrontación con los organismos internacionales más prestigiados; esto va aumentar el descrédito internacional que tiene el Gobierno", puntualizó Encinas.
FUENTE:
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"Las organizaciones civiles de derechos humanos que promovemos una cultura de respeto, documentamos y litigamos casos, teniendo como base esencial el derecho internacional de los derechos humanos, vemos con alta preocupación la negativa del Gobierno de México de no invitar oficialmente al relator especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez", dijo a esta agencia Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD).
El seguimiento de las visitas de relatores y grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la realizada por Méndez en 2015, cuyo informe fue rechazado por el Gobierno "son vitales, justamente para fortalecer el aparato de justicia", dijo la responsable del organismo que integra la Red nacional de organismos de derechos humanos "Todos los Derechos para Todos y Todas".
La negativa fue emitida por la representación de México en Ginebra, informó Méndez el fin de semana, mientras que el rechazo al informe del relator especial que define la tortura como un "práctica generalizada" fue hecho por la secretaría de Gobernación (Interior), la Cancillería y la Procuraduría General de la República, que cuestionaron la imparcialidad del abogado argentino, quien también fue víctima de la última dictadura militar en su país.
Lo que corresponde a las autoridades mexicanas es que "una vez que se detecta que la tortura es generalizada, las autoridades correspondientes deben tomar las recomendaciones como una gran oportunidad para mejorar los mecanismos, herramientas y controles", dijo la experimentada dirigente humanitaria mexicana, quien ha trabajado en otros organismos desde los años 80, como Amnistía Internacional.
En cambio, en México, existe una campaña "para denostar a quienes desde la ONU, la OEA, organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, o desde el propio país denuncian y suplican implementar acciones que distingan al presidente Enrique Peña Nieto", afirma la responsable del IMDHD.
Negar la realidad
La modernidad de las instituciones de los países "también se mide en la postura del Gobierno, no solo en cuanto a su expedita apertura para la visita del relator Méndez, sino en sus avances que pueden demostrar que sí es una administración preocupada por alentar la justicia, para evitar la impunidad o actos de corrupción", dijo la responsable humanitaria.
La negativa al pedido de Méndez, es "lamentable y desafortunada, las autoridades piensan que eso los salvara del escrutinio internacional, pero no hay nada mas equivocado que esto", puntualiza la directiva del IMDHD.
Por su parte, el analista político Rubén Aguilar dijo a Sputnik Nóvosti que "la negación de la realidad y la autocomplacencia de lo que supuestamente se hace en materia de derechos humanos lleva a que éstos no tengan el lugar que merecen en las prioridades de los gobiernos", federal y provinciales en México.
"Las evidencias son muchas y contundentes, que la salvaguarda de los derechos humanos no es una prioridad para la gran mayoría de los políticos mexicanos, sin importar el partido al cual pertenezca, solo una minoría de ellos la asume", considera el politólogo de la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA).
Las violaciones a garantías individuales se incrementaron desde la guerra declarada contra los narcotraficantes declarada durante el Gobierno de Felipe Calderón (2016-2012), y en los últimos años ha ganado terreno, no obstante, "para la mayoría de los políticos los derechos humanos son tema de discurso que no conduce a acciones contundentes para eliminar, por ejemplo, la tortura para obtener confesiones o que incluso se admite que se recurra a los juicios sumarios extrajudiciales, para eliminar a supuestos criminales", puntualiza el autor del libro la "La guerra fallida de las drogas".
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Alejandro Encinas, ha calificado como "un hecho de cinismo" la negativa de México a una visita solicitada por el relator especial de la ONU.
El Gobierno "pretende esconder la basura debajo del tapete", dijo Encinas, líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
La misión de México en Ginebra presentó en 2015 una denuncia de violaciones a los protocolos de imparcialidad de la ONU contra Méndez, que el abogado argentino consideró como un "ataque personal".
"Basta recordar el litigio que se tuvo con el representante de la Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos, quien tuvo que salir por petición del Gobierno mexicano y fue cambiado", dijo el legislador de la Cámara Alta.
"Hay una actitud oficial recurrente y sistemática, tratando de eludir su responsabilidad y entrando en confrontación con los organismos internacionales más prestigiados; esto va aumentar el descrédito internacional que tiene el Gobierno", puntualizó Encinas.
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