Gustavo Alfonsi (izquierda) en la Comisión de “Transporte y Telecomunicaciones” del Senado.
La defensoría Popular va a presentar un recurso de inaplicabilidad del artículo 36B de la Ley general de Telecomunicaciones ante el Tribunal Constitucional. Este artículo sanciona con penas de presidio, multa y comiso de equipos a quienes operen servicios de radiodifusión sin licencia, lo que en la práctica ha servido para criminalizar a las Radios Comunitarias.
Gustavo Alfonsi, abogado de la Defensoría Popular señaló que “en este contexto, la Radio Aukán fue fiscalizada y su presidente detenido provisoriamente, hoy día está sujeto a un procedimiento penal con el riesgo de la aplicación de este artículo. En este contexto nosotros decidimos impugnar este artículo en el Tribunal Constitucional, a fin de que lo declare contrario a la Constitución, particularmente al artículo 19 nº 2 que es la igualdad ante la ley”.
En ese sentido, explicó que “no puede ser lo mismo sancionar a una radio comercial que puede transmitir a una región completa, incluso un mensaje muchas veces sin ningún sentido comunitario, versus una radio que tiene 1 km. de transmisión, que emite un mensaje comunitario. Entonces, ahí hay una diferencia que no se respeta y la Constitución obliga al legislador a hacer un trato diferenciado cuando no se está en el mismo contexto”.
Otro de los argumentos que respalda esta iniciativa, es que el 36B tampoco respetaría el artículo 19 nº 12, que es el Derecho a la Libertad de Expresión, por cuanto esta regulación limita este derecho más de lo prudente, según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica que se sancione penalmente a los medios de comunicación comunitarios, provocándose un efecto silenciador de la libertad de expresión.
De ser declarado admisible este recurso por el Tribunal Constitucional, este podría pronunciarse dentro de un plazo de 5 meses, para velar por la supremacía constitucional del artículo 36B y su aplicación en la Ley General de Telecomunicaciones.
Finalmente, frente a la iniciativa del Senador Alejandro Navarro, que está en tramitación en el parlamento para despenalizar la radiodifusión sin licencia, Gustavo explicó que “ha propuesto una normativa bastante progresiva, simplemente apuesta por la aplicación de multas de 1 a 3 UTM. Lamentablemente, parece que en el Congreso pareciera ser que está avanzando la idea de ceder ante la eficiencia para criminalizar de una manera indirecta, a través de muchos requisitos, pero nosotros esperamos que se mantenga el proyecto del Senador Navarro, solamente se apliquen multas o medidas similares, no caer en la tentación de caer en comiso u otras medidas más restrictivas a la libertad de expresión”.
FUENTE: 
Comunicación libre, para desatar la agenda informativa
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