En plena crisis de la institución estatal, profundizada por las últimas cifras “oficiales” de niños muertos en la entidad, y por las propuestas presentadas por el gobierno, se dan a conocer nuevas historias de niños abandonados y viviendo en las calles.
Hace unos días, la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, entregó nuevas cifras, esta vez se supone que oficiales, de la cantidad de niños y jóvenes fallecidos en la institución, entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016.
Se trata de 865 niños y jóvenes muertos entre el año 2005 y junio del 2016, de los cuales 210 fallecieron en residencias del Sename; 406 en recintos privados que son colaboradores; 33 jóvenes cumpliendo condenas penañes; y 216 que estaban bajo el alero de programas ambulatorios.
La respuesta del gobierno de la Nueva Mayoría ha sido un “plan de acción” que tendría una inyección de $2.500 millones, con el objetivo de mejorar la atención directa, infraestructura, y para crear dos institucionalidades al interior del Sename. En palabras de la presidenta Bachelet, la situación de dicha institución “representa una tragedia y una vergüenza para nuestra sociedad y el Estado de Chile. No hemos estado a la altura (...) Es una falta de acción que se arrastra hace muchos años, frente a un sistema de cuidado y protección con vacíos inadmisibles”, afirma.
En lo que tiene razón Bachelet es que efectivamente esta situación lleva años y ha sido la indiferencia de los distintos gobiernos de turno lo que ha facilitado esta brutal realidad que afecta directamente a niños y jóvenes pobres, abandonados. Y cuando se trata de personas pobres, los gobiernos prefieren quedarse impávidos, inconmovibles, y al momento de presentar “soluciones”, optan por medidas parche.
La Oposición, por su parte, critica cínicamente las medidas del gobierno, planteando que no son suficientes, sin embargo, son parte de quienes han mantenido todo igual, parte de aquellos que se niegan a entregar educación, vivienda, salud, y todo tipo de derechos básicos a todas las personas.
Testimonios de ex niños y jóvenes Sename
Las historias de niños que se arrancaron del Sename producto del encierro, maltrato y abuso, son variadas. La revista Paula publicó un reportaje donde se detalla la vida de jóvenes que viven cerca de la Alameda, en el sector de Los Héroes, a pocas cuadras de La Moneda. Lo que todos tienen en común es que pasaron por la institución estatal, vivieron diversos tipos de violencia, se escaparon, y hoy se encuentran viviendo en la calle.
“Palomas. La gente nos mira, a veces nos tiran comida, otras nos espantan, pero la mayor parte del tiempo pasan por nuestro lado, nos miran en menos o no existimos”, cuenta una joven entrevistada por el medio mencionado.
“¿El Sename? Pfff… yo tenía que dormir con un ojo abierto y otro cerrado para que no me violaran. Además, con un fierro para defenderme”, asegura un menor de 14 años que también convive en la “caleta”.
“Estaba embarazada. El juez me quitó a mi guagua porque era menor de edad y vivía en la calle. En el CTD Pudahuel entregaron a mi hija en adopción”, cuenta una joven que vivió durante años bajo el puente del río Mapocho, deambulando por calles de la comuna de Providencia y en “casas okupa”, cuenta el reportaje.
Todos los jóvenes que viven en la “caleta”, a solo cuadras del Palacio La Moneda, tuvieron una dura infancia marcada por el abandono, la violencia, el abuso, las muertes de familiares y la desprotección que eso conlleva. La respuesta que tuvieron fue el traslado inmediato a centros residenciales del Sename, donde todos vivieron un total infierno. Hoy, sobreviven en la calle, sin creer en que las autoridades harán cambios reales y estructurales, mientras éstas se pasean por los rincones del palacio, obteniendo sueldos millonarios, beneficios, y votando leyes que en nada ayudan al pueblo pobre y sus hijos.
El Sename es una institución carcelaria y represiva marcada por la violencia, el abandono y el maltrato. Como tal, no debe por qué seguir existiendo, al contrario, el Estado tiene que garantizar el completo financiamiento, y la creación de centros y hogares estatales, que sean administrados por profesionales de la salud y educación, por trabajadores, y junto con los familiares de los niños y jóvenes.
Lo anterior debe ir de la mano con que el Estado se hagan cargo de garantizar derechos que son negados producto de la privatización en Dictadura y actual modelo económico que solo favorece a los ricos y empresarios. La educación, salud, y vivienda, como derechos mínimos, deben ser de libre acceso para todas las personas; son pilares fundamentales para la vida de millones de personas, y que hoy son totalmente negados.
Ángela Suárez
FUENTE: LID
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