Patricio Gallardo Trujillo
Carta #4
Cárcel del capitalismo para los populares.
Esta es una cárcel bien peculiar, según los propios presos comunes; acá uno es imputado, aunque se es tratado igual que un condenado, pero con un conjunto de otras restricciones. Según mi calculo somero, más del 40 % se va en libertad después un proceso investigativo de la fiscalía (Ministerio Publico), lo que dura en promedio alrededor de diez meses para los delitos menores y dieciocho meses para los delitos de mayor connotación criminal; plazo durante el cual no se logra determinar mediante las pruebas si es que el imputado le ha cabido participación alguna o cual ha sido su grado de participación en el delito que se le imputa. Uno de los principios básicos con los que opera la justicia, por definición legislativa, es la “Presunción de inocencia” , lo que en esta cárcel, diseñada para 1700 imputados y que ya alberga a más de 3200, opera en un sentido contrario, los presos deben pasar varios meses en la cárcel, en “prisión preventiva” para demostrar su posible inocencia; aunque el mecanismo más utilizado para resolver el “problema” judicial es el juicio abreviado que los condena a tiempo cumplido, sin importar si es inocente o culpable, lo importante es que deja al preso “ en la calle”. Esta cárcel es un dique de contención y la expresión más brutal del “control-social” que ejerce el estado capitalista chileno.
Después de 10 meses de investigación y con los elementos que se han ido develando en el propio proceso, puedo afirmar con certeza que nuestra prisión ha sido inducida mediante lo que podemos denominar un “Montaje” . Pero, porque, como opera, de donde viene, con què sentido? Son interrogantes que requieren de una respuesta, para que esta certeza sea más que una simple teoría de sospecha.
El país hereda de la dictadura militar un modelo de “democracia Protegida” , es decir, a través de sus distintos mecanismos institucionales se aseguran los instrumentos necesarios para asegurar el “orden democrático” (léase orden capitalista), y de esta forma combatir todo potencial peligro que amenace el orden.
La concertación asume el desafió de poner en práctica dicho modelo e implementar sus requerimientos. Comienza a tomar forma el Estado Policial, se multiplican sistemáticamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos, se crearon nuevas y más especializadas estructuras para operar en las distintas áreas represivas en contra de las poblaciones; También se reforma el sistema procesal penal, y se ha rebajado la responsabilidad penal a 14 años de edad, finalmente, se legisla en torno a una “agenda corta antidelincuencia” . Pero lo fundamental del “Estado Policial” es su función de control-social; el modo de producción capitalista, por su dinámica interna es generador de pobreza y tiende a denigrar la vida humana en una mayoría de la población, por ello requiere de sus aparatos represivos, para contener la miseria y la fuerza subversiva que ella engendra.
El gobierno de Piñera es el gobierno de la derecha, los verdaderos hijos de Pinochet y quienes diseñaron el modelo “Democracia Protegida” (Jaime Guzmán y Compañía) : desde la campaña presidencial la consigna ha sido de “mano dura” contra la delincuencia , una verdadera guerra en contra de los populares , marginales y excluidos, para lo cual han reestructurado políticamente el Ministerio del Interior , buscando hacer más eficiente su política de “tolerancia cero”.
El principal peligro del cual debe ser protegida la democracia, es el potencial subversivo y revolucionarios de los anticapitalistas, razón por la cual han desatado una ofensiva centrada en los mapuches, los anarquistas y los lautarinos ; existe una forma de operar que establece un patrón común en la prisión de los subversivos, el que da cuenta de una coordinación entre policías, fiscales y la prensa de los grupos económicos, para legitimar el encarcelamiento a como de lugar: de ello dan cuenta los catorce mapuches absueltos, las aberraciones cometidas en el caso bombas y en nuestra prisión que se sustenta en pruebas inducidas e inverosímiles. La guinda de la torta en esta ofensiva, las extorsiones por la PDI a Juan Linares para inculpar a los procesados en el caso bombas. Y así suma y sigue!!!
¡A la cresta el estado Policial: aquí nadie se rinde!
Patricio Gallardo Trujillo.
Lautarino en prision.
Cárcel Santiago Uno. Junio 2011.
Carta #3
Compañeras y Compañeros
Amigas y Amigos
Subversivos y Anticapitalistas:
Para todos y cada uno de ustedes un abrazo fraterno, con toda la fuerza de mis convicciones y la justeza de nuestra lucha popular y anticapitalista, desde esta cárcel del capitalismo, que pretende encerrar las ganas de la lucha revolucionaria.
Ya van a ser ochos los meses de esta prisión que se hace larga e incierta, que consume los días, carentes de goces plenos. Una prisión inventada por el Hinzpeter y su Ministerio del Interior, sostenida por el Ministerio Público.
Adentro una prisión dura y con los rigores de la máxima seguridad, lo que impone un mayor esfuerzo a la sobrevivencia. Afuera el apoyo solidario de ustedes en los territorios con las actividades y acciones que buscan circular las conciencias y los sentires populares.
En el mes de Enero realicé una Huelga de Hambre con la finalidad de lograr el cierre de la investigación por parte de la fiscalía – la que pudiera durar hasta dos años -, para llegar a fines de Abril con un Juicio Oral que ponga término a esta prisión. Puse fin a la Huelga con acuerdo verbal entre la defensoría pública y el fiscal para cerrar la investigación en una audiencia el 14 de Febrero, pero una vez llegada la fecha, el fiscal solicitó la incompetencia del 4º Juzgado, bajo un subterfugio leguleyo que le permitió llevar el proceso al 11º Juzgado y así prolongar la prisión por varios meses más.
Hoy la investigación del proceso se encuentra alojada en el 11º Juzgado, esperando que pasen los meses. Los dos procesados en esta causa hemos debido comprometer a nuestras familias en gastos extremadamente honerosos para contratar una defensa consistente, ya que la justicia tiene un precio muy alto y muchas veces inalcanzable para los populares. Aún así, la investigación pudiera durar un par de meses antes de su cierre y luego el Juicio Oral que tiene un plazo de 60 días más.
Estimados, no soy el único prisionero político hoy en día, hay a lo menos cuatro compañeros que están cumpliendo 19 años en prisión ( Julio Prado, Claudio Melgarejo, Hardy Peña y Pablo Vargas); ya son más de dos años de Prisión de los Mapuche que se encuentra movilizados y desde Agosto se encuentran prisioneros las compañeras y compañeros del llamado “Caso Bombas”, que en el momento en que escribo llevan 54 días en Huelga de Hambre, al igual que los Mapuche, exigiendo la derogación de la Ley Antiterrorista. Los Populares y revolucionarios, necesitamos hacernos de un espacio de Derechos Humanos que participe con su apoyo en la lucha por la Libertad de los Prisioneros Políticos; el orden capitalista requiere ser cada vez más represivo y su “tolerancia cero” es sostenida por un “Estado Policial” que tiende a la militarización de las fuerzas policiales, agudizando la confrontación entre el País de los Negocios y el País Popular; la respuesta de este gobierno a los distintos problemas sociales es la cárcel, desde Hinzpeter a Lavín todo se resuelve con el máximo rigor de ley, es decir, la prisión.
¡¡¡ AL CARAJO EL CAPITALISMO Y SU ESTADO POLICIAL:
AQUÍ NO SE RINDE NADIE !!!
¡¡¡ LIBERTAD INMEDIATA A LOS POPULARES Y MAPUCHE !!!
Patricio Gallardo
Prisionero Político Lautarino
Cárcel Santiago Uno
20 de Abril del 2011
Carta #2
Carta desde la cárcel
Hace algún tiempo nos escribió Patricio Gallardo Trujillo desde la Cárcel de Santiago Uno. Gallardo -lautarista que salió de la Cárcel de Alta Seguridad el 2004- se encuentra allí desde hace algunos meses, imputado como autor del asalto a un camión de valores en el Mall Alto Las Condes. Desde el 31 de diciembre de 2010 se encuentra en Huelga de Hambre Líquida. Aquí extractos de su carta.Pertenezco a la generación de subversivos y revolucionarios de los 80; una generación que se vió eclipsada por el proceso de transición, ya que una buena parte de esos dirigentes y militantes populares, una vez recuperada la democracia, se refugiaron al alero del Estado, pretendiendo hacer política desde las migajas y desde el control social, con lo que necesariamente debían renegar de la identidad revolucionaria; también levantaron nuevos mitos como la renovación, la acumulación estratégica o el contrapoder, dotando a la lucha social de un velo castrante y carente de su sentido revolucionario. Así, a principio de la década de los 90 los subversivos y revolucionarios nos fuimos quedando solos, en la medida que se fue diluyendo la generación en la que incentivamos la apuesta y la aventura de hacer y vivir la revolución chilena al finalizar el siglo XX.
En el Lautaro de hoy no somos clandestinos ni estamos usando las armas, hoy somos una fuerza subversiva, pequeña por lo demás. Es en el mes de agosto de este año que comienza un seguimiento demostrativo a mi persona por parte de la PDI, el que linda con el acoso.
El día 30 de este mes soy detenido a una cuadra de mi casa, cuando me dirigía a una entrevista de trabajo, fui conducido al cuartel de la zona oriente de la PDI, donde se me informó que estaba detenido por el asalto de un camión de valores de Prosegur, en el mall Alto Las Condes el día domingo 14 de septiembre del año 2009, en ese hecho no se pudieron llevar el dinero pero se robaron el armamento y quedó uno de los guardias herido en una pierna. El fiscal a cargo procedió de inmediato a realizar una rueda de reconocimiento con tres de las víctimas.
Luego me enteré que había otra persona detenida, Alejandro Rodríguez, quién también había sido prisionero en la CAS. La rueda de reconocimiento se realiza sin la presencia de un abogado, ya que no se pudieron comunicar con la Defensoria Pública y el fiscal no respetó cinco de los siete puntos del protocolo que para tal efecto tiene la propia Fiscalía Oriente.
En estos reconocimientos, las declaraciones primeras de las víctimas dan una descripción que no corresponde a mi fisonomía; luego, me reconocen en una fotografía en que tengo 25 años, con otras características muy diferentes, sin ninguna cana. Finalmente, me reconocen en rueda de presos cuando tengo 46 años y estoy con mi pelo blanco.
En los tres momentos tengo características muy diferentes. Sin duda, el reconocimiento ha sido inducido en todo momento. Lo más torpe de todo, es que la PDI tiene personal altamente especializado en este tipo de peritajes y se supone que el fiscal debiera tener un mínimo de criterio para discernir ante una prueba tan burda. Con Alejandro Rodríguez no me veía desde el año 2007 y después de la prisión nunca participé en actividad alguna con él, la PDI en todo momento ha tenido mis antecedentes personales y laborales, en un año de seguimiento no pudieron aportar ningún elemento que me pudiera involucrar.
El 31 de agosto fui trasladado al 4to juzgado de garantía, donde el tribunal me deja en libertad, por considerar que los elementos presentes en el proceso no ameritaban mi prisión, también invalida el argumento de mis antecedentes penales, en cuanto a que los juicios fueron llevados por tribunales militares y sin ajustarse al estado de derecho.
Sin las garantías de un debido proceso, el fiscal apeló a la Corte de Apelaciones, que determinó que debo permanecer en prisión. Con posterioridad y presentando todos mis antecedentes laborales, de estudios y de Gendarmería, además, refutando con mayor conocimiento de causa los argumentos de la fiscalía, el 4to juzgado me vuelva a otorgar la libertad, pero la Corte de Apelaciones me la vuelve a a negar, argumentando que falta poco tiempo para el término de la investigación y que debo esperar (¿es este argumento jurídico?).
Es importante ver cómo se construye la llegada mi El caso lo toma primeramente la SIP de Carabineros, quienes emiten un informe en el que afirman que por el modo operativo el asalto solo pudo ser realizado por “descolgados de grupos terroristas”, entonces se “construye” un set fotográfico con alrededor de 30 fotografías de las cuales 21 pertenecen a prisioneros que estuvieron en la CAS. De este set, fuimos reconocidos Alejandro Rodríguez y yo.
La cárcel.El eslogan que mayor dividendos en votos aportó a la campaña de Piñera fue el de combate a la delincuencia, incluso dentro de los mismos sectores populares ¿por qué? Los estudios a los que dedica tanto tiempo y dinero el señor Espina, son esencialmente positivistas y sus conclusiones meramente prágmaticas.
Sucede que en el capitalismo de países subdesarrollados, la delincuencia es un producto de los modelos de desarrollo y no tiene solución, al menos en sus aspectos más generales.
La delincuencia en Chile es un problema de tipo “cultural”, es decir, en la medida que existan los patrones de consumo impuestos por el mercado y los bolsones de extrema pobreza, en la medida que el éxito y la felicidad son expresados a través de un consumo ostentoso y el 40% más pobre de la población debe buscar sus posibilidades de desarrollo en un mercado que le es en extremo marginador y excluyente, entonces para muchos jóvenes de estos sectores resultará atractivo y válido el recurrir al delito para satisfacer sus necesidades impuestas por la oferta, los puntos rojos en el mapa de Espina son estos bolsones de reproducción de delincuentes.
Es muy menor casi marginal el porcentaje de delincuentes que sigue el camino por opción propia, pudiendo desempeñar un oficio que le brinde posibilidades de desarrollo y ascenso social a su familia; un porcentaje igual de pequeño responde a patologías psiquiátricas, pero estas no son tratadas debidamente por el sistema de salud.
Recuerdo el caso de Zenón Soto Tapia en Concepción, un muchacho muy joven, violó una niñita de tres años, fue condenado a cinco años, su conducta en la cárcel fue intachable, comenzó a salir con beneficios a los tres años y en una de esas salidas violó y dio muerte a una sobrina de cinco años; este muchacho pasó por todos los controles y exámenes psiquiátricos para ser condenado, pero nadie advirtió de su patología, incluso para el sentido común un adulto que viola una guagua de tres años es un tipo enfermo, en esa oportunidad la actual intendenta de concepción Jacqueline van Rysselberghe, de profesión psiquiatra, orquestó toda una campaña pública y formó una agrupación de abogados para que el muchacho fuera condenado a pena de muerte, ella estaba pidiendo que se asesinara a uno de sus posibles pacientes; el tema adquirió ribetes políticos, ya que Frei intervino para que no se condenara a muerte a ese joven y no tener que indultarlo.
La muerte de esa niña de cinco años fue responsabilidad del sistema que no supo detectar ese caso patológico y la mentalidad de esta insigne dirigente de la Derecha fue el puro castigo. Las cárceles chilenas están llenas de populares que son marginados del desarrollo capitalista, la delincuencia no es un problema genético.
El sistema penitenciario es un engranaje más de los mecanismos de control y contención de este producto no deseado del capitalismo y la lógica de su funcionamiento es el puro castigo.
En las cárceles está prohibido que los internos tengan acceso al reglamento interno e incluso el código de procedimiento penal, los allanamientos son vejatorios incluso para los familiares que vienen a visita, los errores o las faltas se castigan con golpes, es habitual ver en los distintos rincones de la cárcel cómo se golpea a los internos.
A modo de ejemplo, acá en la cárcel de Santiago Uno, está el teniente Molina, rubio y ojos celeste, pero pequeño como Hittler, quien permanentemente tiene una actitud de provocación hacia la generalidad de los internos, nos trata de animales y de basura a propósito de nada, se dirige a los internos con insultos groseros que buscan la reacción del interno para provocar castigo, este abuso de poder o de autoridad del oficial es reflejado en los subalternos más proclives al trato abusivo.
A mí se me respeta, tal vez por mi edad o mi prontuario, también es justo decir que no todos los oficiales y gendarmes tienen esta actitud provocativa y más bien se mantienen dentro de márgenes tolerables, pero el funcionamiento en general opera bajo comentarios de violencia.
Me ha llamado mucho la atención el efecto de la concesión o privatización de los servicios intrapenitenciarios. En mi prisión anterior, los profesionales civiles siempre tuvieron un trato muy humano y se sentía, estaban dotados de una ética muy humanista y conocían muy bien las problemáticas de los internos, aunque contaban con los mínimos recursos siempre brindaban una atención condescendiente.
Hoy, las psicólogos y asistentes sociales son empleados de la concesionaria y se limitan a llenar una que otra planilla, frente a cualquier requerimiento de los internos aducen que ellos no tienen ingerencias en Gendarmería y que su trabajo se limita al simple informe, que no pueden hacer nada más, este es el discurso de todos, es decir, su trabajo se limita a lo meramente burocrático.
Lo mismo sucede con la atención en salud, hace un par de semanas doce de los cincuenta internos del módulo nos encontrábamos agripados, la paramédico argumentó no tener anti gripales y que la semana siguiente llegarían las inyecciones.
La gripe en primavera dura tres o cuatro días y es un error inyectar benzatina. Al lunes siguiente sólo dos internos se inyectaron, cuando concurrí a un chequeó de rigor, el enfermero me pidió que dejara mi ropa en el suelo, pues no había una silla y menos una camilla; el dentista, con insignia de la Universidad Católica, me argumentó que no habían calmantes y que sólo me podía extraer la pieza dental si me seguía molestando.
Del servicio de rancho, mejor no voy a hablar, sólo decir que para el día del Bicentenario nos dieron lentejas y media marraqueta con un trozo de longaniza, lo peor es que los alimentos no entran por visita, nuevamente la lógica de castigo, ningún interno comió asado para el Bicentenario de la Patria. La privatización ha generado un problema muy severo en el ejercicio ético de los profesionales que atienden a la población penal y al parecer no existe un control externo o este es demasiado permisivo.
El hacinamiento no es casual, este penal fue diseñado para dos mil internos, ya tiene tres mil ochocientos, todos los penales del país tienen el doble o el triple de sobrepoblación, la ex- penitenciaría es para mil ochocientos y tiene más de cinco mil internos.
Las negligencias que costaron tantas vidas en el incendio de la cárcel de San Miguel no son una casualidad, en Iquique murieron cuarenta internos calcinados, en la cárcel de menores en Temuco murieron ocho adolescentes bajo las misma condiciones.
Patricio Gallardo Trujillo
Carta #1
Mi nombre es Patricio Gallardo Trujillo, prisionero en la cárcel de Santiago Uno, desde el mes de Agosto de 2010.
Me encuentro procesado por el 4º Juzgado de Garantía, inculpado en el asalto a un camión de valores en el mes de Septiembre del año 2009.
Cabe señalar que en la fecha en que ocurrió dicho asalto me desempeñaba como director de proyectos en una Fundación religiosa y cumplía con el régimen de libertad condicional en dependencias de Gendarmería; también me encontraba terminando mi Licenciatura en la Universidad ARCIS, es decir, realizaba rutinas en las que era perfectamente ubicable.
Lo que me vincula con dicho asalto es un informe de la SIP de carabineros, en el que se afirma que el hecho fue cometido por “descolgados de grupos terroristas”, por lo cual se construye un set fotográfico con alrededor de 30 fotografías con ex Prisioneros Políticos. Luego la investigación pasó a la PDI, donde fui reconocido por dos de las víctimas, junto a otro ex prisionero político.
Lo único concreto para la Fiscalía Oriente son los reconocimientos, puesto que el informe de carabineros no es más que una especulación (¿o una intención?). En dichos reconocimientos las víctimas dan una primera descripción cuyas características en nada correspondían a mi fisonomía, luego me reconocen en una fotografía de hace unos 20 años atrás, donde tengo 25 años y otras características totalmente diferentes; y, finalmente, se me reconoce en rueda de preso, cuando tengo 46 años y estoy completamente canoso. Es decir, en las tres oportunidades tengo características muy distintas, por lo que se puede deducir que en todo momento el reconocimiento ha sido inducido.
Ante lo inconsistente de las pruebas el 4º Juzgado me ha concedido la libertad en dos oportunidades, pero la Corte de Apelaciones me la ha negado, primero por mis antecedentes penales, por los cuales fui indultado; luego, habiendo presentado todos mis antecedentes personales, de trabajo, de estudio y de gendarmería, los Ministros de Corte de Apelaciones me vuelven a negar la libertad, argumentando que falta poco tiempo para el cierre de la investigación, es decir, un mes más en prisión; es este un argumento jurídico, cuando la PDI tuvo un año para investigar y no encontró absolutamente nada que me pudiera involucrar, incluso con el otro imputado no nos veíamos hace más de tres años y después de la prisión nunca realizamos actividades de ningún tipo.
No tengo motivo alguno para rehuir de las manos de la justicia, pero distinto me resulta cuando me encuentro en las garras de la justicia. Resulta muy delicado para una sociedad cuando la justicia opera a partir de prejuicios en contra de determinados grupos de ciudadanos, como sucedió en la historia reciente de nuestro país y que implicó un mea culpa de parte de vuestra ilustrísima. Cuando el Poder Ejecutivo o Legislativo se equivocan, es posible enmendar ese equívoco, pero cuando este proviene del Poder Judicial, se lesiona la integridad y la dignidad humana del individuo; no es posible devolver la libertad que ayer fue privada, así como no es posible devolver la vida que ya se vivió.
Objetivamente no existe ningún elemento de proceso sólido y el obrar de la Fiscalía Oriente ha redundado en un descriterio. Hoy me encuentro prisionero por mi pasado y por mis convicciones revolucionarias.
Me dirijo a ustedes para presentarles mi queja formal frente a lo que considero una “aberración jurídica” de parte de la Corte de Apelaciones y una arbitrariedad frente al accionar de la Fiscalía Oriente.
Esperando vuestra buena acogida.
Atentamente a ustedes.
Patricio Gallardo Trujillo
C.I. 9.344.118-4
Módulo Nº2
C.D.P. Santiago Uno
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