Los padres de los 43 han emprendido caravanas y se encontraron con diversos referentes de lucha como los obreros de Lexmark, en Ciudad Juárez. Mientras tanto, el gobierno federal intenta aparentar que da respuesta al caso, con la orden de captura de tres personas, supuestamente relacionadas con los crímenes de Iguala.
Han pasado ya 16 meses desde que en Iguala se perpetró la desaparición de 43 estudiantes normalistas. En ella participaron elementos de la policía estatal y del Ejército, en contubernio con el crimen organizado local. Movilizaciones masivas en todo el mundo respondieron al llamado de los padres, quienes han agotado ya las instancias nacionales e internacionales a las que podían recurrir para presionar al gobierno mexicano y exigir la presentación con vida de sus familiares.
Ninguna recomendación ha servido para contrarrestar el clima deviolencia y represión que se vive en México. Incontables son ya las veces en que el gobierno de Guerrero, con la venia del Gobierno Federal, reprimió a los padres y a los alumnos de normales rurales mientras realizaban protestas, al mismo tiempo que se les aseguraba que estaban velándose los intereses de las víctimas.
Los padres, inclusive, recurrieron al sumo pontífice de la Iglesia Católica, Francisco, quien se negó a otorgarles una audiencia, debido a que, según el arzbispo de Tuxtla, Fabio Martínez, eso “politizaría” la visita del líder religioso y “echaría más leña al fuego”. Esta respuesta del Papa no ha cambiado desde el año pasado, cuando una comisión de madres viajó a Estados Unidos para buscarlo. No obstante, según se publicó en la columna Templo Mayor del diario Reforma, se estaría organizando una entrevista privada entre el Papa Francisco y una comitiva de padres de Ayotzinapa, a realizarse tras la misa que tendrá lugar en Ciudad Juárez. ¿Será?
Recientemente, comenzaron la llamada “Caravana del Norte” con una visita a las y los trabajadores de Lexmark. Posteriormente, arribaron a Coahuila, Tlaxcala y Guadalajara. Han pasado ya también por Puebla y estarán en la Ciudad de México el 28 de enero en donde se encontrarán con la “Caravana del Sur” (que partió de Chiapas) con la intención de realizar un acto en el Zócalo. Está proyectado también que el 5 y 6 de febrero se lleve a cabo el Encuentro Nacional por la Indignación.
En una de sus paradas, en Guadalajara, los padres denunciaron una vez más las trabas que el gobierno pone a los trabajos de búsqueda y a las pesquisas para dar con los responsables. Acusaron a las autoridades de buscar el desgaste, pero los padres se mantienen firmes: “ni un paso atrás”, sostienen.
El pasado 13 de enero, se informó que los padres de los 43 habían tenido una reunión con diputados del Congreso local de Guerrero en la cual habían solicitado su intervención para agilizar la entrevista con militares del Batallón 27 de Iguala, involucrados en el crimen. Exigieron también que se retiraran las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraban apostados en las inmediaciones de Ayotzinapa, cuna de la normal rural “Isidro Burgos”.
A esto se suma que, según la nota “El video escondido de la noche de Iguala”, publicada en la revista Proceso núm. 2047, del 24 de enero pasado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) y por la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvieron oculto un video de las 23:19 horas del 26 de septiembre de 2014 en el cual “el convoy de 13 vehículos –en el cual iba uno similar a las patrullas de la Policía Municipal igualteca y que transportaba en la parte trasera al menos a seis civiles– pasó en sólo 59 segundos frente a la cámara del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Iguala”, y que este último centro era manejado por el ejército.
Asimismo, Araceli Damián, diputada de Morena, informó que como una iniciativa de su partido, padres de los 43 habían entregado una carta a Guadalupe Murguía, presidenta de la Comisión Especial que da seguimiento al caso y sus avances. En esta carta, los familiares manifestaron su intención de presentarse durante una sesión de la Cámara de Diputados para exigir justicia, encuentro que, de aceptarse, se realizaría en la primera quincena de febrero.
Pese a estas medidas, lo cierto es que siguen impunes los militares que participaron en esta masacre. Las declaraciones obtenidas de los detenidos no son confiables, pues fueron obtenidas por medio de latortura de los interrogados.
Hace unos días, Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad informó que la Policía Federal había capturado a tres personas supuestamente vinculadas con la desaparición de los normalistas; dos de ellos habrían recibido a los normalistas de manos de la Policía Municipal de Iguala aquél 26 de septiembre y el tercero estaría involucrado en la tortura y asesinato de Julio César Mondragón.
Sin embargo, la burla de las autoridades para con los padres parece no conocer límites, pues pese a haber sido detenidos como parte de los trabajos de investigación del caso Ayotzinapa, los tres hombres fueron acusados de portación ilegal de armas de fuego y trasladados dos de ellos al CeFeReSo número 14 en Durango, mientras que el tercero, supuestamente involucrado en el crimen de César Mondragón, fue puesto a disposición de un juez federal.
No creemos más sus mentiras. Con estas aprehensiones, suman 113 los detenidos y 132 personas las que han sido consignadas, pero los fueros militares y políticos de quienes fueron responsables directos e indirectos siguen intactos.
La impunidad –junto con la aplicación de las reformas estructurales- es uno de los principales signos del régimen del PRI-PAN-PRD, que gobierna al servicio del imperialismo estadounidense.
Nancy Cázares
@NancyCornejoCaz
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