La Justicia chilena detuvo a cuatro
militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos
políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del
ex presidente Eduardo Frei, en enero de 1982 en la Clínica Santa María.
Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.
“Están procesados y con detención
preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y
veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y
Jaime Fuenzalida”, dijo el abogado Francisco Ugas, del Ministerio del
Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de
homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos
como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.
La investigación del juez Madrid indicó que
el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la
dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de
Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos
comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una
intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha
toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública
y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a
cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la
investigación.
El mismo equipo que figura en esta acción
represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas
después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación.
Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables
por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma
clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras,
litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”,
inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.
Eduardo Arraigada
Los detenidos, que fueron trasladados a un
regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil
armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como
ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva,
que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran
básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según
declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios
de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de
Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.
El propio director del Instituto de Salud
Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la
policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas
químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada
Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a
Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía
toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a
las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.
Arriagada, quien estuvo acompañado en el
encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a
los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del
juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la
muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de
Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos
meses.
Si bien la detención de los cuatro
militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la
dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer
las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la
desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines
de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y
María Teresa Figueroa modificó la sentencia de primera instancia,
dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a
los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974
en la capital chilena.
Los nombres de los hermanos Peña Solari
fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió
en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en
su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según
documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del
Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.
En diversas indagaciones judiciales se ha
establecido que la dictadura militar utilizó también gas sarín y talio
en contra de opositores.
Sobreviviente Guillermo Rodríguez Morales
(*) Ex preso político.
Fuente: Pia Chile
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