CAÑETE/ Este martes 13
de Octubre se ha iniciado un juicio contra dos peñis de la zona de
Arauko, quienes encabezan importantes procesos de recuperación
territorial en el territorio de Wentelolen, que se encuentra entre
Cañete y Tirúa. Uno de ellos es Mario Cayupi, Werkén de la
comunidad y el otro es José Wenuche, quién anteriormente sufrió un
montaje judicial en su contra por un supuesto atentado contra el fiscal
anti mapuche Mario Elgueta, el año 2009, persecución política
que se decreta contra este último y otros conocidos dirigentes, voceros y
weichafes debido a su activa participación en la Coordinadora de
Comunidades en Conflicto Arauco- Malleko (CAM).
Contexto: La comunidad
de Wentelolen lleva varios años de recuperación territorial en contra de
la Forestal Mininco y Forestal Arauco. Dentro de este proceso han sido
varios los peñis que han sufrido graves ataques perpetrados por GOPE en
violentos desalojos cuando se encontraban haciendo trabajos productivos
en la recuperación. Durante noviembre de 2013, realizan un Nguillatun
en la recuperación, limpiando y habilitando el lugar marcado por las
huellas de la explotación forestal para realizar bien la ceremonia. La
comunidad levanta un Rewe, espacio sagrado fundamental para la
actividad espiritual del pueblo mapuche, y del cual FF.EE lo destruyó
después de una desalojo, con esto hubo una violación grave a los DD.HH,
debido a la profanación de un espacio ceremonial y a la negación a la
libertad de culto, respaldado por el convenio 169 de la OIT. Las
consecuencias de este hecho, hicieron que la Machi Margarita a cargo de
la ceremonia, se enfermara debido a su conexión espiritual con este
espacio que fue profanado, llegando grave al hospital por múltiples
secuelas. A pesar de todo este contexto represivo, Wentelolen siguió su
camino de recuperación territorial.
El 21 de Enero del 2015, Mario Cayupi y
José Wenuche fueron detenidos dentro de este proceso de recuperación en
el predio Riwe Alto. La orden de detención fue decretada bajo la figura
penal de “hurto de madera”, por la suma aproximada de 8 millones 800 mil
pesos, este es el motivo que gatillo emanar esta persecución política
contra estos activos dirigentes mapuche.
Según la acusación del Fiscal
persecutor, estos hechos “no son parte de una reivindicación territorial
mapuche” y se enmarcan dentro de un delito común contra los bienes de
una propiedad privada de una empresa transnacional. Con esto quieren
manipular los hechos, pruebas, testimonios y orientación mediática, para
descontextualizar el carácter político que tiene este legitimo proceso
de recuperación territorial, ya que es un territorio ancestral
perteneciente a la comunidad y que en estos momentos se encuentra en
manos privadas. Por ende la estrategia de las empresas
privadas, quienes son los que decretan las persecuciones políticas
selectivas, es la de negar y ocultar hasta las ultimas consecuencias y
de cualquier manera, la deuda histórica que el Estado Chileno tiene con
el Pueblo Mapuche, del cual las comunidades al no ver una voluntad
política de ser devuelto su territorio, no les queda otra la opción
que tomarse el terreno, limpiarlo, controlarlo, defenderlo, sembrar,
hacer trabajos productivos allí y construir viviendas para que las
futuras generaciones puedan vivir y desarrollarse comunitariamente como
mapuche, en un territorio libre y recuperado.
Bajo las palabras del Werken Mario
Cayupi cuando dio su declaración en tribunales, “no nos queda otro
camino que recuperar nuestras tierras, para que nuestros hijos puedan
vivir allí…Nuestro proceso no es un delito, es una legitima
reivindicación territorial”.
Este emblemático juicio durará cerca de
15 sesiones, la Fiscalía presentará 15 testigos y 10 pruebas de peritaje
para tratar de lograr la condena política, piden un mínimo de 2 años de
cárcel para Cayupi y 3 años para Wenuche, que en este momento se
encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Lebu, por el motivo de
“peligro para sociedad”, demostrando una vez mas el actuar racista y
persecutorio de la Justicia Chilena funcional a los poderes económicos,
en este caso, la lucrativa y poderosa industria forestal.
Dentro de la defensa jurídica que
desarrollará la comunidad, se llevará a una Machi, a un Lonko, a
diversos intelectuales e historiadores relevantes en esta materia,
quienes enfocarán sus testimonios y argumentos con el objetivo de lograr
revertir la manipulación jurídica instalada por la Fiscalía que
omite el carácter reivindicativo de los hechos.
La estrategia de defensa
jurídica tiene como premisa la de comprobar la pertenencia histórica de
la comunidad en dicho territorio, la importancia de la cosmovisión en la
vida mapuche y la legitimidad de los procesos de recuperación
territorial como parte del derecho Internacional, que deberían
estar garantizados por el Estado Chileno debido a que éste firmo el
convenio 169 de la OIT quien establece que los pueblos originarios
tienen derecho a hacer uso efectivo de su territorio ancestral.
Con el fallo de este juicio se
va a marcar un nuevo precedente en la lucha mapuche, ya que si los
procesados salen condenados por los hechos que se les imputa, quedará de
manifiesto una vez mas como el poder Judicial está al servicio de los
poderes económicos y el movimiento mapuche autónomo tendrá que
continuar con las legitimas tomas de terreno pero sufriendo una
permanente y extensiva judicialización y criminalización de la
reivindicación territorial, con cargos como hurto, robo, usurpación u
otros cargos por estas prácticas. Las comunidades y sus caras visibles
podrían vivir similares procesos judiciales como los de Wenuche y Cayupi
en este juicio, el espiral de la prisión política mapuche continuará
acumulando persecuciones, causas, procesados y prisioneros, por ende las
comunidades tendrán que enfrentar este escenario represivo, haciendo
tomas de terreno, resistiendo la represión y evadiendo la prisión
política, capacitándose en contra inteligencia y autodefensa comunitaria
para conseguir sus objetivos inmediatos.
En cambio, si tribunales falla a favor
de los procesados, se marcará un precedente tanto en la opinión publica
nacional como Internacional, que la recuperación territorial es una
forma legitima de reivindicación social de los pueblos originarios,
garantizada y avalada hasta por las mismas leyes establecidas. Será una
clara señal política y el Estado tendrá que cambiar su estrategia para
frenar esta lucha irrenunciable por los Lof en Resistencia. En otras
palabras, las tomas de predios y fundos se podrán desarrollar y extender
por el Wallmapu sin tener que sufrir necesariamente la represión y
cárcel por llevar a cabo estos procesos de recuperación territorial.
Complejo escenario: se
tiene como evidencia científica variadas pruebas históricas que
los territorios del sur eran pertenecientes al pueblo mapuche, pero
actualmente siguen habiendo intereses económicos en estos territorios,
que formulan maniobras jurídicas y gestiones políticas para conspirar en
contra del movimiento mapuche, sus representantes, voceros, luchadores
y combatientes. Difícil confiar en la justicia chilena cuando esta
instancia, muchos de sus jueces y fiscales están al servicio de un
poder mayor que tiene claros intereses económicos y un notorio tráfico
de influencias. A pesar de eso, hay otros puntos de vistas, el mismo
Presidente de la Corte de Apelaciones ha declarado: “Los Mapuche están
pidiendo algo que se les despojó”. Con estas palabras está legitimando
las recuperaciones de tierra. Se espera que las palabras no se las lleve
el viento.
Dentro de todo, queda claro que la
solidaridad permanente con los presos políticos mapuches, la denuncia,
la movilización social y la unidad de las resistencias territoriales
tendrán que ser una constante, un paso importante para la reconstrucción
del Pueblo Mapuche y la Liberación del Wallmapu.
Nota y Fotografía: Kutral Weichan
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