DECLARACIÓN
Hoy el movimiento estudiantil ha vuelto a copar las calles, los y las estudiantes secundarios y de universidades privadas y estatales hemos pasado a la ofensiva por la conquista de nuestras demandas históricas. Con paros, tomas y marchas hemos demostrado que la lucha va en curso ascendente. Sin embargo, el gobierno ha lanzado una política represiva y criminalizadora del movimiento estudantil utilizando los medios de comunicación. Con armas, torturas física y psicológica , desalojos y agresiones sexuales durante las detenciones, el gobierno intenta aplacar la lucha que pone en cuestión al régimen y su educación.
Esta contraofensiva criminalizadora tiene un correlato al interior de liceos y universidades, a través de métodos de persecución que buscan amedrentar y poner en riesgo nuestra continuidad en ellos.
Denunciamos la persecución política desatada por las autoridades y decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en contra de los y las estudiantes que sostuvimos la toma de dicho establecimiento. Esta tuvo una duración de 23 días cuyo objetivo fue la reincoporación de nuestros compañeros y compañeras eliminadas de la carrera por no rendir conforme a los criterios de "excelencia" impuesta, consecuencia clara de un sistema educativo segregador y elitizado.
El decano ha entregado declaraciones públicas reproducidas por medios de prensa, proponiendo métodos de protesta en respuesta al estado actual de la educación. Ha impulsado la realización de encuentros triestamentales, que por primera vez cuentan con la participación efectiva de funcionarios y funcionarias de la Facultad. Sin embargo, no constituyen instancias de resolución en que efectivamente seamos estudiantes, profesores y funcionarios quienes decidamos las políticas de la facultad para terminar con el autoritarismo imperante.
En este contexto, avanzan las denuncias en Fiscalía interpuestas por decanato, dando paso a que la policía amedrente y persiga a quienes participaron de la toma, a fin de determinar responsabilidades individuales. Interrogatorios con métodos de chantaje y extorsión al interior de la facultad y múltiples citaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) a prestar declaración son consecuencia de esta política.
Por otro lado, a nivel interno, se siguen instruyendo investigaciones sumarias que podrían terminar en la expulsión de las compañeras/os injustamente acusados. Además se continúan desvinculado profesores opositores al actual decanato.
Exigimos a decanato el retiro de las denuncias en el Ministerio Público que entregan a los y las estudiantes a la persecución policial, el cese de la investigaciones sumarias abiertas y despido a profesores. Ambas acciones van completamente en contra de propiciar un clima de diálogo y construcción comunitaria al interior de la Universidad que queremos para todas y todos.
0 comentarios:
Publicar un comentario