21 de diciembre de 1907, en Iquique, centenares de obreros chilenos, peruanos y bolivianos fueron exterminados por el Ejército y la Armada chilena en las puertas de la escuela Santa María. En Tarapacá se tiñeron las calles con sangre obrera.
Ocurrió en el norte chileno, en la ciudad puerto de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, durante la presidencia de Pedro Montt que ordenó al ejército la represión de una huelga de empleados del salitre, que generaba enormes ganancias a los empresarios ingleses que se encargaban de su explotación, pero que también “explotaban” a sus empleados, que realizaban sus labores en condiciones deplorables, a riesgo de su propia vida. Los mineros reclamaban por las condiciones inhumanas en que desarrollaban su labor, pidiendo que se derogara el uso de fichas, utilizadas como pago, que solo podían canjearse en los comercios de propiedad de sus patrones, de nacionalidad inglesa, un cambio fijo de 18 peñiques en el pago de los jornales, escuelas nocturnas para los obreros, y que se redujeran las horas de trabajo. Estos mineros, acompañados por sus familias, de origen no solo chileno, sino que también había peruanos y bolivianos, se habían dirigido desde Norte Grande, donde desarrollaban sus labores, a la ciudad, donde acamparon en la plaza Manuel Montt, tomando un grupo la Escuela Santa María, que se hallaba frente a la plaza. Las autoridades ante el desencadenamiento de los hechos, ordenaron el desplazamiento hacia Iquique de las fuerzas de los regimientos: Esmeralda (Antofagasta) Rancagua y Atacama (Tacna) que servirían de refuerzo a los de Carampangue y Granaderos, que actuaban en el lugar de los hechos. Eran algo más de 8.000 personas, que habían partido desde la salitrera de Alto San Antonio, habiéndoseles unido luego más trabajadores que apoyaron su reclamo, que al principio fue escuchado por las autoridades locales, que oficiaban de mediadores, pero luego, conminados desde el gobierno nacional, se impuso el estado de sitio, ordenándoles que se concentraran en el Club Hípico. Los obreros no aceptaron esa petición por temor a ser masacrados mientras se dirigían allí pues en el camino se apostaban barcos dotados de cañones. Ante la negativa, comenzó la matanza de hombres, mujeres y niños, que se hallaban en la escuela. Aproximadamente 3.000 de ellos murieron, aunque las cifras no fueron confirmadas, y el gobierno afirmó que fueron 195. La orden partió de Rafael Segundo Sotomayor Gaete, en ejercicio del ministerio del interior, y fue efectivizada por quien estaba al mando de las fuerzas militares, el general Roberto Silva Renard, que ya poseía experiencia en estas cuestiones. En efecto, actuó como fiscal militar en el año 1903, para juzgar el comportamiento de los militares en la matanza de los obreros que manifestaban en el puerto Valparaíso. Los represores no solo fueron absueltos sino que fueron victimizados. Fue también Roberto Silva el que actuó con saña contra los huelguistas de la oficina salitrera Chile en 1904, y un año después contra quienes protestaban a causa del impuesto a la carne de origen argentina (mitin de la carne).
Los sobrevivientes de la matanza de la escuela fueron castigados en forma brutal y los muertos fueron enterrados en una fosa común. La escuela desapareció incendiada. El intendente impuso la censura para evitar toda publicación de lo ocurrido.
En 1914, Roberto Silva Renard, fue herido seriamente por el hermano de una de sus víctimas, Antonio Ramón Ramón, conocido anarquista, y que debió solicitar su retiro.
Los sucesos que culminaron en la trágica masacre de la Escuela Santa María de Iquique, el 21 de diciembre de 1907, constituyeron unos de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. La mediación del gobierno durante la huelga, su masividad y su fatal desenlace, le dieron una especial connotación al conflicto, además de afectar profundamente la actividad salitrera y de provocar un fuerte impacto en la época, reflejado en la extraordinaria difusión de los acontecimientos en la prensa. Aunque el movimiento obrero ya se había visto afectado por otros conflictos que culminaron en sangrientos incidentes como la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne en 1905, la singularidad que revistieron los hechos de 1907 le otorgó una relevancia que no tiene equivalencia. Este suceso se convirtió en un símbolo de la lucha social y del "martirio" que caracterizó a la historia popular del siglo XX. Pese a que desde principios de 1907, Iquique se encontraba convulsionado por una serie de conflictos debido a la fuerte devaluación del peso y la consiguiente alza de precios, la huelga salitrera propiamente tal, estalló el 10 de diciembre en la oficina San Lorenzo, extendiéndose rápidamente a todo el cantón de San Antonio. Cinco días después, una columna de más de dos mil obreros caminó a Iquique en demanda de mejoras salariales y laborales, bajo la firme decisión de permanecer allí hasta que las compañías salitreras dieran respuesta a sus peticiones. Con el correr de los días la situación se agravó. Mientras que numerosos gremios de Iquique se sumaron al movimiento huelguístico, todos los cantones salitreros se plegaron al paro y, periódicamente, nuevos contingentes de mineros llegaban a la ciudad. Según estimaciones de la época, las cifras de huelguistas oscilaban entre 15 mil a 23 mil personas, lo que implicó que tanto las actividades del puerto, como la producción minera de toda la región, quedaran paralizadas por completo. El rechazo de las compañías a negociar mientras no se reanudaran las labores, hizo que intervención estatal fuera confrontacional. El ministro del Interior Rafael Sotomayor ordenó restringir las libertades de reunión e impedir por cualquier medio el arribo de nuevos huelguistas a Iquique y el intendente Carlos Eastman decretó restricciones a la libertad de tránsito y ordenó a los huelguistas a abandonar la ciudad el 21 de diciembre, amenanzando con aplicar la fuerza si era necesario. Para entonces, el puerto ya se hallaba resguardado por una numerosa tropa de línea y tres buques de guerra. Ante la negativa de los huelguistas a desalojar la Escuela Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana, el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud. Según testigos, más de 200 cadáveres quedaron tendidos en la Plaza Montt y entre 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales, de los cuales más de noventa murieron esa misma noche. Los sobrevivientes fueron enviados de regreso a las oficinas o embarcados a Valparaíso. Las consecuencias de la masacre no se hicieron esperar. La notoriedad pública que alcanzaron los hechos logró conmover a varios intelectuales y políticos, convenciéndolos de la necesidad de abrir el debate sobre la cuestión social, mientras los sectores populares organizados reformularon sus propias estrategias a la luz de las enseñanzas que extrajeron de la tragedia
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