por Rosa Ester Marín Miranda.
Un hecho inédito que involucra directamente a la institucionalidad responsable de la enseñanza acaba de registrarse y, dado el precedente que sienta, lo informamos a la comunidad nacional. Mientras la opinión pública observa consternada las cifras del SIMCE, que revelan que en apenas 4 años el modelo vigente genera una brecha de rendimiento académico de hasta 36% entre los estudiantes de mayores y menores recursos, el Consejo Nacional de Educación hizo llegar a Universidad Abierta una carta que, lejos de dar respuesta a la grave situación que enfrenta Chile en esta materia, emplaza a dicha organización a cambiar su nombre, so pena de cárcel, señalando como fundamento de ello una norma de la Junta Militar que encabezó Augusto Pinochet. Con fecha 4 de junio, el Consejo notificó de ello, invocando el Decreto Ley 3.631, de 1981, a Universidad Abierta, organización que, contraria al lucro en la educación, divulga de manera gratuita el conocimiento, impartiendo clases en diversas áreas, a través de cursos no conducentes a título ni grado, dirigidos a pobladores, trabajadores y todo aquel que desee profundizar en las esferas del saber, marcando evidente diferencia con el sistema de enseñanza, que, como indican todos los estudios, priva de una educación de calidad a los más desposeídos. Como hemos expresado en diversas oportunidades, entendemos la palabra universidad en su acepción original, es decir, del latín universitas, que significa comunidad, universalidad, y no el triste espectáculo actual, en que, utilizando dicho vocablo, corporaciones compiten entre sí para captar clientes a los cuales ofrecerles una enseñanza convertida en bien transable en el mercado. Chile ha caído en los estándares internacionales de calidad de la educación en todos sus niveles y la perversidad de la situación es tal, que un municipio ha llegado a la vergonzosa práctica de pagar por asistir a clases, modalidad que, además de haber fracasado en Estados Unidos, invisibiliza las verdaderas causas de la deserción. Creemos, en cambio, que la crisis que vive la educación no es de raíz etimológica ni se resuelve con el expediente policial de citar, como hace con nosotros el Consejo, una norma emanada de una autoridad militar no electa y en la que, en vez de debate, los poderes ejecutivo y legislativo recaían en cuatro cabecillas de una dictadura responsable de crímenes y no del progreso científico. El Consejo nos exige un pronunciamiento “dentro del plazo de 10 días” y el decreto de la Junta Militar establece una “pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio”. ¿Seremos un peligro para la sociedad? Ahora que los patéticos resultados del SIMCE son objeto de análisis en la Cámara de Diputados y considerando el nombre del Consejo Nacional de Educación, nos preguntamos si la ley prohíbe el uso indiscriminado de la palabra educación. ¿Considera educación el Consejo aquello que está ocurriendo en los colegios, donde el 74% de los estudiantes está atrasado en conocimientos de lectura? ¿Es válido el uso de la palabra educación en aquellas universidades cuyos egresados de Pedagogía contestan bien 15 de 45 preguntas de Matemática? ¿Se han ido presos los directores y rectores que, por décadas, han empleado la palabra educación con tales resultados? ¿No hay tras esas cifras una farsa de educación y un daño a la fe pública? Creemos que, en lugar de resucitar las peores prácticas de la Inquisición, el país merece una explicación convincente de parte de las instituciones y la apertura de un debate serio y participativo que se haga cargo, más allá de la retórica, de garantizar el acceso a la mejor educación a todos los sectores, y no seguir amparando la impresentable desigualdad visible en ella.
UNIVERSIDAD ABIERTA
uabierta2010@gmail.com
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