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jueves, 5 de diciembre de 2013

Comunicado público red de apoyo por justicia para los 81

Tres años se cumplen desde que se produjo  la masacre de la cárcel de San Miguel, donde murieron calcinados 81 hombres presos.  Este hecho terrorífico expuso  abiertamente el crítico estado del sistema penitenciario, la dramática realidad que viven l@s pres@s en las cárceles chilenas, que por años se han mantenido sobrepobladas hasta el punto de superar el 300%  de desborde de su capacidad; es el caso de la cárcel  de Lebu (con un 306% de déficit el año 2010)  y la cárcel de Buin (con un 600% de déficit el año 2010)[1]

Unos meses antes de la masacre, en  marzo de 2010, el Consejo para la Reforma Penitenciaria  emite un informe donde destaca la necesidad de contrarrestar el aumento vertiginoso de la población penal, y la privación de libertad como principal medio de castigo. La investigación pone énfasis en demostrar cómo la prisión no reinvierte los índices de “delincuencia” ni mucho menos logra la “reinserción social” para l@s privad@s de libertad.  Sin embargo, la clase política estando en conocimiento de los resultados de este informe y muchos otros tanto nacional e internacional, sabiendo en detalle sobre las condiciones críticas del sistema penitenciario, invierte esfuerzos para mantenerlo y reforzarlo hasta el punto de propiciar la construcción de diez nuevas cárceles en el país, a través de una significativa inversión de más de 400 millones de dólares de inversión en el año 2011, lo que significó a la vez, el crecimiento de la población penal por el aumento  del 30 % de la capacidad de las cárceles.

La política pública carcelaria de los gobiernos democráticos reforzada por el  de Piñera, tiene como objetivo consolidar el control social a partir de la posibilidad de que la población esté presa, y con esto se reafirma al sistema carcelario como uno de sus principales dispositivos. Lo anterior queda demostrado por el aumento explosivo de la cantidad de población penitenciaria en Chile. A partir de la reforma procesal penal, entre 1998 y 2009,  de 60.990 a 106.877 personas pasan por el sistema penitenciario, representando un crecimiento de 75%. Chile se posiciona como el país con mayor cantidad de presos en toda Latinoamérica.

Los gobiernos democráticos  sientan las bases para que la población por miedo y desconfianza valide su propia jaula y de esta manera justifican la mantención de estos depósitos humanos. Para ello es determinante el rol que cumplen “los medios de comunicación”, cuando le dan cabida cotidiana a las imágenes de delito menor, señalando a los robos y hurtos menores en la vía pública, o al microtráfico en las poblaciones  como las causas principales por la que se origina la “inseguridad social o el peligro público o el enemig@ intern@”, aun siendo eventos inferiores a la comisión de la violencia sistémica. Los medios masivos de información logran  propagar por un lado, el consumo a través de una publicidad atractiva, pero también se encargan de alarmar a la población ante la posibilidad de perderlo todo. Es así como uno de los principales miedos de la ciudadanía es  perder lo que consume, que le roben  lo que  consigue a través del esfuerzo, a través de la carga de explotación que le significa el trabajo. Los gobernantes lo saben, y tanto la derecha como la concertación han ganado votos gracias al discurso común de “poner mano dura contra la delincuencia”, mas  los delitos que en realidad juzgan a través del poder judicial y de  la moral dominante burguesa y cristiana, son aquellos que provocan significativamente menos daños.

Las leyes se confeccionan para NO castigar los delitos que justamente tienen  mayor impacto social, porque más gente resulta afectada. Fraude, tortura, contaminación medio ambiental, corrupción, explotación laboral, trata de blancas, evasión de impuestos, son acciones que realizan los hombres y  mujeres de joyas y cuello blanco, que sin embargo quedan impunes porque sencillamente las leyes fueron confeccionadas para que no se castigue ni menos haya un rechazo social. Además l@s empresari@s, l@s polític@s, l@s militares y religios@s que han cometido daños de lesa humanidad no son depositados en cárceles; sobre ell@s no hay un sistema de rehabilitación de monitoreo continuo; y aunque atenten continua y sistemáticamente en contra de la vida y de la libertad de las personas y de la comunidad, ellos no habitan las cárceles, y en los pocos casos que sí lo hacen, el gobierno invierte un presupuesto cinco veces mayor a lo que gasta para cada pres@ común, para asegurarles un buen pasar. Ha sido el caso de l@s pocos uniformados genocid@s de la dictadura que en este minuto se encuentran en Punta Peuco. Las condiciones de esta prisión es radicalmente opuesta, no viven hacinad@s, tienen derecho a visita todos los días, los baños se encuentran higienizados, comen bien, gendarmería se comportan como sus pérquines, cuentan con una defensa, y  etcétera al infinito.

Hoy, a casi tres años de la masacre de la cárcel de San Miguel, estando en conocimiento de que el sistema penitenciario es un rubro lucrativo para empresas privadas como Sodexo; sabiendo de la vulneración sistemática de los derechos mínimos que puede tener una persona privada de libertad para su sobrevivencia; sensibilizad@s por el paupérrimo estado de las celdas, de los pasillos, de los baños, del hacinamiento de las cárceles públicas y concesionadas, sabiendo que en la calle cuatro de la ex penitenciaria viven 450 personas y sólo hay 36 pequeñas piezas, lo que implica que deban dormir hasta 15 ó 20 personas en cada una, muchas veces sentados, y a la intemperie. Hoy recordando el macabro asesinato de  los 81 presos de la cárcel de San Miguel:

-          Denunciamos al estado chileno por mantener el sistema penitenciario.

-       Denunciamos al estado chileno por mantener un régimen de tortura y de vulneración sistemática de derechos.

-          Denunciamos al estado chileno como el máximo responsable de la muerte de los 81 hombres en la cárcel de San Miguel.

El sistema carcelario debe finalizar  por corresponder a una política de exterminio propia de los regímenes dictatoriales. Tomemos consciencia de cómo la cárcel es una plataforma de control transversal, que no discriminará frente a quienes cuestionen y transgredan los sistemas hegemónicos de poder: pres@s mapuche, presas por abortar, pres@s estudiantiles, pres@s por autocultivo, pres@s por no pagar deudas, pres@s por piratear, pres@s por indocumentad@s, pres@s por protestar, pres@s por venta ambulante. La sociedad carcelaria nos apresa, y por lo tanto es necesario de manera conjunta desarrollar como parte de nuestra lucha una consciencia anticarcelaria.

Hacemos un llamado a la población a integrar dentro de las demandas sociales, la finalización del sistema carcelario y también a problematizar sobre los mecanismos de justicia frente a los delitos políticos, frente a los verdader@s terroristas que han  atentado contra la vida y que siguen impunes, gobernando y generando las condiciones para que estemos pres@s.

Hacemos un llamado fraterno en este tercer aniversario a solidarizar con la agrupación 81 Razones para luchar, a solidarizar con l@s privad@s de libertad del estado chileno, a solidarizar con l@s privados de libertad  que sufren en celdas de aislamiento, quienes han resistido conscientemente a la dictadura, por nuestros hijos e hijas, por los 81 también. ¡Freddy, Marcelo y Juan a la calle!

Hacemos un llamado en este 08 de diciembre a articular acciones de solidaridad con quienes están enjaulad@s, tantos en las cárceles de menores y de adult@s como en los psiquiátricos,  a solidarizar a través de las visitas, de la correspondencia y de la protesta. Hacemos un llamado a derribar cuanto muro mental y físico nos separe.

¡81 PRESOS MASACRADOS EN LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL PRESENTES!

Red de apoyo por justicia para los 81


[1] De acuerdo a datos del informe para la Comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento del Senado de la República realizado por la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.


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