Un completo informe sobre el espionaje del que serían víctimas autoridades del Poder Judicial y funcionarios diplomáticos con fines comerciales, fue lo que exigió a inicios de este mes la Corte de Apelaciones de Santiago al director de la Policía de Investigaciones de Chile.
Así revelan documentos obtenidos en forma exclusiva por Verdad Ahora, que detallan el contenido de sendos reportes elaborados por personal de inteligencia de la PDI donde se plasman “investigaciones desconocidas para los interesados… respecto de sus relaciones extramatrimoniales, tendencias sexuales, deudas bancarias e ingresos informales, visitas a sus hogares y oficinas”, viajes al extranjero, y “su participación en organizaciones como la masonería, con indicación de grados, logias y tenidas”.
Las operaciones de inteligencia afectarían, incluso, al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo.
Todo comenzó el pasado 9 de mayo de 2014, cuando el periodista Patricio Mery Bell presentó un recurso de amparo (Nº 852-2014) en favor del subcomisario de la PDI Alejandro Bañados Espinoza, quien ha sufrido “seguimientos, amedrentamientos y amenazas de detención desde hace un mes… para evitar que denuncie casos de corrupción” al interior de la policía civil, según el documento presentado ante la Corte de Apelaciones, y enviado con copia a la presidenta Michelle Bachelet.
Como se detalla en el escrito, el subcomisario Bañados aportó pruebas sobre la existencia de patrimonios abultados de altos mandos de la PDI que no tienen justificación en sus ingresos mensuales. En el documento no se detalla si estas irregularidades tienen relación con lo detectado por la Contraloría General de la República en su Informe Final – Policía de Investigaciones de Chile – Nº 23/2009, cuando se descubrió que el director Marcos Vásquez Meza había ocultado su declaración de patrimonio e intereses.
El recurso luego describe el contenido de minuciosos informes elaborados por personal de inteligencia de la PDI, cifrados “con las claves de acceso Nivel 6 – actualmente Nivel 10”.
En uno de ellos, dice el documento, “figura Sergio Manuel Muñoz Gajardo, actual presidente de la Corte Suprema, nacido el 10 de febrero de 1995, con pasaporte diplomático Nº D – 036602, por viaje a Argentina a través de Aerolíneas Argentinas – vuelo Nº 1281 – de las 8:40, del 21 de agosto de 2013. Este informe de inteligencia es el Nº 6942 y está firmado por Néstor Escobar Ramos, subprefecto”.
A continuación se detallan seguimientos en contra de Awawdeh Ibrahim Mohammad, embajador de Jordania en Chile; Lin Jiao Yun, cónsul de China en la ciudad de Iquique, y Kappeyne VD Copello, embajadora de Holanda, agregando que se tiene especial atención a los viajes que realiza a Iberia el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Luis Blanco Herrera, y a sus “amistades masculinas”.
Los antecedentes serían traspasados, previo pago de coimas, a las embajadas de Estados Unidos e Israel, con el objeto de ser considerados al momento de que las autoridades vigiladas, en particular las chilenas, puedan incidir sobre las inversiones e intereses de esos países en el campo energético y minero.
Por el momento la Corte de Apelaciones de Santiago está a la espera de un informe del director de la policía civil donde deberá acompañar los antecedentes que disponga sobre la materia del recurso. Esto luego que una respuesta firmada por el prefecto inspector Luis Sandoval Monteiro, en que la institución omitió referirse al espionaje denunciado, no cumpliera con los requerimientos del Poder Judicial.
Verdad Ahora
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