La asamblea nacional del viernes 6 de junio fue clave, ya que allí los docentes dieron un viraje, separaron aguas con el oficialismo y se acercaron al movimiento estudiantil. En la decisión pesó la respuesta negativa de Eyzaguirre a las demandas planteadas en la llamada “agenda corta” docente, lo que desde el Ministerio de Educación espera ser revertido con nuevas contrataciones para negociar con los actores sociales, las que se suman a la intervención política desde el Ministerio del Interior.
Hasta ahora, los profesores habían sido el único sector social que respaldaba sin chistar las propuestas del gobierno relacionadas con la reforma a la educación. Es más, su presidente, Jaime Gajardo, no había pisado la calle en las marchas que el movimiento educacional ha desarrollado este año, y había debido comerse críticas internas por entregar su apoyo público a las iniciativas presentadas por el ministro Nicolás Eyzaguirre. A fines de mayo, Gajardo señaló sobre el proyecto que busca poner fin al lucro, al copago y a la selección que “está en sintonía con la mirada y los requerimientos que el mundo social, vinculado a la educación, ha venido planteando en tres importantes materias”.
Sin embargo, luego de la asamblea nacional del Magisterio del 6 de junio, la conclusión fue otra. En la ocasión, los docentes acordaron “rechazar el Proyecto de Ley que pone fin al Lucro, a la Selección y al Copago, porque los cambios propuestos no cambian la esencia de la educación de mercado, al mantener la misma forma de financiamiento de subvención y obligar a las escuelas y liceos a competir por la captación de alumnos. Lo que necesita la educación son reales cambios estructurales”, dijeron los profesores, según consta en el documento que resume las conclusiones del encuentro.
¿Qué pasó entre una y otra declaración? Varias cosas. Además del creciente rechazo de los maestros al proyecto con que el gobierno dio el puntapié inicial a su reforma educativa, está el pantano en que se había estancado la negociación por la “agenda corta” que desarrollan los docentes con el Ministerio de Educación, y las declaraciones de Jaime Gajardo que habían encendido los ánimos de algunos dirigentes que lo acusaron de no respetar las instancias internas del Colegio. En todo caso, las repercusiones del rechazo del Magisterio a la reforma, y del paro nacional que hoy desarrollan en todo el país, llegaron más allá de las aulas.
Según comentan en el Ejecutivo, el viraje hacia la calle de los profesores fue la gota que rebasó el vaso, y que obligó al equipo del Ministerio del Interior a intervenir y poner a hombres de su confianza en la cartera comandada por Nicolás Eyzaguirre, ya que La Moneda observa con preocupación cómo el inicio de la reforma educacional hace demasiado ruido y abre flancos con prácticamente todos los sectores manifestando reparos. Desde los estudiantes hasta la UDI, pasando por la DC y sectores de la Nueva Mayoría.
En concreto, Harold Correa –íntimo del ministro Rodrigo Peñailillo y miembro de la corriente interna del PPD denominada G 90–, llegó a ocupar la jefatura del gabinete de Eyzaguirre, mientras un asesor de Interior, el secretario general del PC, Juan Andrés Lagos, se encargará de desactivar el conflicto con los profesores. Eso sí, él solo estará “en comisión de servicio”, según han aclarado desde La Moneda.
GAJARDO PIERDE EL CONTROL
La asamblea nacional docente debía finalizar el viernes 23 de mayo, para dar a conocer sus conclusiones y fijar la postura del Magisterio respecto de la reforma anunciada por el Ejecutivo. Pero eso no sucedió. A las 16:30 horas de ese día, el GOPE llegó hasta el Liceo de Aplicación –donde se desarrollaba la cita–, para advertir que existía una amenaza de bomba en el lugar, por lo que debía ser desalojado. Los profesores no pudieron seguir debatiendo.
Gajardo había aparecido en los medios respaldando los proyectos de ley del Ejecutivo –los que ingresaron al Congreso durante la última semana de mayo–, y las distintas filiales del Magisterio ya tenían posturas más claras al respecto. De hecho, varios dirigentes pidieron un voto de censura en contra de la directiva por sus palabras, incluida la asamblea regional de la Región de La Araucanía. Pero las críticas más duras fueron hacia el gobierno: “El proyecto encierra el peligro de que se privatice toda la educación. Todo va encaminado a mantener el Estado Subsidiario. En el programa de gobierno ya aparecen Agencias Locales de Educación”, aseguró en la ocasión la dirigenta Patricia García.
Según consta en el acta del encuentro, a la que El Mostradortuvo acceso, las críticas de los distintos dirigentes regionales a los proyectos del gobierno ya eran evidentes. Audito Saavedra, tesorero del directorio de la Región de La Araucanía, señaló en esa ocasión: “(…) es preocupante el cómo se financiará la educación y que 10 años para terminar con el copago son excesivos y que la nueva institucionalidad no conculque los derechos adquiridos de los docentes”.
Patricia García, secretaria general del directorio de la Región del Bío Bío, planteó en la misma línea: “Con relación al proyecto de ley, lamenta que siga el financiamiento por subvención y no podemos estar de acuerdo con eso, porque está quedando lo mínimo de educación pública”.
Luego vino el aviso de bomba y la suspensión de la discusión hasta el viernes 6 de junio. Ahí los ánimos estaban más caldeados. Gajardo había aparecido en los medios respaldando los proyectos de ley del Ejecutivo –los que ingresaron al Congreso durante la última semana de mayo–, y las distintas filiales del Magisterio ya tenían posturas más claras al respecto.
De hecho, varios dirigentes pidieron un voto de censura en contra de la directiva por sus palabras, incluida la asamblea regional de la Región de La Araucanía. Pero las críticas más duras fueron hacia el gobierno: “El proyecto encierra el peligro de que se privatice toda la educación. Todo va encaminado a mantener el Estado Subsidiario. En el programa de gobierno ya aparecen Agencias Locales de Educación”, aseguró en la ocasión la dirigenta Patricia García, refiriéndose también a las agencias que ha propuesto el Ejecutivo para reemplazar a las municipalidades, lo que es mirado con desconfianza por los docentes.
Aun más duro fue Roberto Rivera, secretario general del directorio de la Región de Coquimbo. El dirigente dijo que la iniciativa de Eyzaguirre era una ofensa: “Es una bofetada a las familias pobres el hacer un aporte estatal a las utilidades que tienen hoy los privados”.
No hubo mayores matices. Aunque los dirigentes allegados a la Nueva Mayoría intentaron una defensa del proyecto. Jorge Abedrapo, militante PC y presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, aseveró que la postura que se estaba asumiendo no era la mejor: “Monseñor Ezatti se ha pronunciado por defender las platas, entonces la Iglesia y los empresarios rechazan el proyecto y es preocupante que también nosotros rechacemos”.
A pesar de la extensa discusión, los profesores tenían una postura clara y golpearon fuerte la mesa para decir que el proyecto del Mineduc no entregaba soluciones estructurales al problema de la educación, y que lo que hacía era mantener al mercado en el sistema. Por votación mayoritaria convocaron a un paro nacional, el que se concreta hoy en las calles del país.
Mario Aguilar (PH), pro secretario del Colegio de Profesores y líder de la disidencia, cree que lo ocurrió fue una suerte de rebelión de las bases. “Algunos dirigentes manifestamos desde enero, cuando se nombró a Eyzaguirre, o cuando ocurrió lo de Claudia Peirano, que no eran buenas señales y que nosotros debíamos ubicarnos en una postura de total autonomía respecto del gobierno”.
LA PREMURA DE LA AGENDA CORTA
Pero la discusión de ese 6 de junio no se centró únicamente en la reforma educativa. La negociación por la llamada “agenda corta” con el gobierno genera especial interés en los profesores, y una respuesta que consideraron negativa por parte de los asesores de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, vino a encender los ánimos.
Ante sus compañeros, el presidente del gremio dio cuenta del portazo del gobierno. Según consta en el acta que recoge las discusiones de esa jornada, Gajardo señaló que el informe de los asesores era el siguiente: “Sobre deuda histórica, el tema no está en agenda del gobierno; bono por retiro, es posible acordar un nuevo bono similar al anterior de carácter transitorio, sobre titularidad a las contratas, proponer que se cumpla la legislación vigente y sobre IMD (ingreso mínimo docente), proponen concordar un bono cuando tratemos Carrera Docente”.
La agenda corta, que tanta premura tiene para los docentes, posee cinco puntos: bono de incentivo al retiro para quienes están por jubilar; titularidad para profesores a contrata (según el gremio, el 50% en el país aproximadamente está en esta situación); el tercer punto importante es la deuda histórica que se produjo con el traspaso de los colegios a los municipios y que ya lleva 30 años sobre la mesa; le sigue el descongelamiento del ingreso mínimo docente, que está en esa situación desde el año 2009; y el último punto es el agobio por tareas que sufren los profesores, debido a lo cual utilizan no sólo sus jornadas laborales para preparar material, hacer planificaciones diarias y responder a las evaluaciones docentes nacionales y comunales, sino que siempre hacen uso de feriados y fines de semana para ello.
Respecto a la asamblea del 6 de junio, Erick Zelada (PC), presidente provincial del colegio de profesores del Choapa, señala que “dentro del gremio existe un divisionismo político y ciertos grupos que atacan a todo lo que diga el presidente. Obviamente hay desacuerdos, pero esos se plantean en las mesas de trabajo”. Sin embargo, también es claro en señalar que la reforma del gobierno no les satisface.
En este sentido, Zelada dice que no ha habido de parte del gobierno ninguna respuesta coherente en relación con la agenda corta. “Por ejemplo, en el tema de la deuda histórica no hay ninguna solución definitiva, a pesar de que ya hay profesores que se han muerto esperando. Tampoco ha habido respuesta sobre el ingreso mínimo docente”, señala.
Luego de que en esa reunión el Magisterio resolviera el llamado a paro que se concreta hoy, el Mineduc los llamó e inició una segunda ronda de negociaciones, para lo que se sumó un asesor clave: Jaime Veas Sánchez (PS), quien tiene “buena llegada” con los profesores y además es respetado por su experiencia en el tema. También fue Jefe de la División de Educación General entre 2009 y 2010. Miembros de su tienda dicen que también colaboró en la propuesta educacional de la Presidenta Bachelet. Es la carta de la cartera de Eyzaguirre para enfrentar el conflicto con los profesores, en contraposición con Juan Andrés Lagos, nombre impuesto desde Interior para apagar incendios con el profesorado.
La directiva del Colegio de Profesores ya ha tenido tres reuniones –de un total de seis agendadas– con asesores del gobierno para tratar de solucionar los puntos. Las citas se han realizado en el Ministerio de Educación y la última fue el miércoles de la semana pasada. En ese encuentro –enfrentados a los asesores del Mineduc José Manuel Morales (PC), Rodrigo Roco y Veas Sánchez– los profesores pusieron con fuerza sobre la mesa el tema del agobio de los docentes. “Pedimos que exista 50% y 50% de horas lectivas y no lectivas para que los profesores tengan espacio para poder planificar. También queremos menos alumnos por curso; también que a los profesores se les reconozca el trabajo profesional y que se perfeccione y se capacite, pero con dineros del Estado”, señala Zelada.
El gobierno debe responder a esta agenda corta a fines de julio, si no, crecerán las movilizaciones. “Más allá de estar de acuerdo con este gobierno, tenemos claro que si no presionamos no vamos a obtener nuestras demandas. Guagua que no llora no mama”, dice Ligia Gallegos (PS), segunda vicepresidenta a nivel nacional del Colegio de Profesores.
También piden ser parte de las conversaciones y los proyectos. “No pueden hacer un proyecto de carrera docente y nueva institucionalidad sin la participación de los profesores”, sostiene Gallegos. “Los compañeros están en estado de alerta, con altas expectativas para que tengamos reales cambios y es algo normal que el profesorado en este momento no crea. Por lo mismo, el gobierno tiene que dar señales y una que se está pidiendo es que exista una efectiva participación”, cuenta.
Es por esta razón que Ligia Gallegos cree que poner interlocutores desde el Mineduc con celeridad responde a que el gobierno quiere tener mayor relación con los gremios y dar señales de que hay voluntad de cambio: “En nuestra asamblea el principal enojo es el excesivo plazo para los sostenedores de colegios particulares. Estamos por los cambios, no es que queramos mantener el statu quo, pero queremos que el cambio a la educación sea profundo y queremos contribuir en ello”.
Aguilar suma desafíos para el Magisterio: “El Colegio de ahora en adelante tiene que corregir toda esa errada estrategia que asumió al inicio de este gobierno, que fue alinearse con el gobierno, alinearse con la clase política y alejarse del movimiento social. Tenemos que reforzar nuestra pertenencia al movimiento social. Nuestros aliados son los estudiantes y las organizaciones sociales, no la clase política. No somos ni oficialistas ni opositores, sino que debemos defender a los profesores”.
La postura de Aguilar representa a cinco de los 11 dirigentes que componen la directiva nacional del Colegio de Profesores. Su sector está compuesto también por miembros de Fuerza Social (facción del PC que creó el ex presidente del Magisterio Jorge Pavez). Otros cinco –incluido el actual timonel Jaime Gajardo– adhieren a partidos de la Nueva Mayoría, mientras que la carta que hace la diferencia en las decisiones es la RN Verónica Monsalve.
FUENTE: EL MOSTRADOR.CL
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