La impunidad y la desaparición forzada son problemas de grandes dimensiones en México. Ante la crisis política abierta por Ayotzinapa y el descrédito de las instituciones y la impartición de justicia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 Constitucional, que permitiría al Poder Legislativo crear nuevas leyes en tema de desaparición forzada y tortura.
Con esta reforma, aparentemente el Congreso abre la posibilidad para establecer nuevos tipos penales sobre desaparición forzada y tortura, pudiendo responder a algunas recomendaciones internacionales.
Pero a pesar de los llamados de diversas instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que piden al gobierno de Enrique Peña Nieto reconocer la crisis de derechos humanos de nuestro país y que implemente medidas para revertirla, es difícil pensar que el Estado resolverá los casos donde prevalece la impunidad y el silencio, del cual es cómplice y responsable.
La realidad es que la desaparición forzada en México está enraizada en la historia del país. Enfrentar el tema pasa por resolver los crímenes y desapariciones de la guerra sucia durante los años 70s, los más de 40 mil desaparecidos de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, más los que acumuló el gobierno de Vicente Fox.
Las cifras cercanas estimadas durante la gestión de Peña Nieto, según el Centro Pro de Derechos Humanos, son de 17 desapariciones al día, lo cual indica que al término de su gobierno la cifra extraoficial podría llegar a 40 mil.
Las persecuciones, desapariciones y asesinatos políticos marcaron durante casi todo el siglo XX, en primer lugar a la izquierda y los activistas obreros y populares, pero también a la prensa y a la población. Durante 70 años de régimen priista, ser luchador social era causa probable de cárcel, desaparición o asesinato.
Esto incluye la crisis de derechos humanos abierta en Chiapas con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Estos elementos aportaron a la crisis de legitimidad del sistema político mexicano, que decidió abrir el juego a la participación de más partidos en el poder, en el año 2000 con la entrada de la alternancia.
Pero esta forma de desvío a través de las elecciones no resolvió el problema. Lejos de ello, se acrecentó el carácter reaccionario de las instituciones, como muestra la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, donde la responsabilidad de la policía y el ejército ha sido ampliamente denunciada.
La impunidad es parte del Estado mexicano
Algunos intelectuales, periodistas y analistas se explican las constantes violaciones a los derechos humanos, como parte del abuso del poder y el ataque a la democracia de un “estado fallido”. Pero los fracasos políticos en esta materia, han demostrado no ser producto de las debilidades, ineficacias o contradicciones de una democracia degradada.
Algunos intelectuales, periodistas y analistas se explican las constantes violaciones a los derechos humanos, como parte del abuso del poder y el ataque a la democracia de un “estado fallido”. Pero los fracasos políticos en esta materia, han demostrado no ser producto de las debilidades, ineficacias o contradicciones de una democracia degradada.
El fracaso de una autorreforma del régimen en cuanto a derechos humanos, fue claro bajo el gobierno de Fox, con una gran atención mediática, en el año 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, que en cinco años derivó sólo en una sentencia por desaparición forzada del joven de 19 años Miguel Ángel Hernández Valerio, contra Guzmán Salgado ex jefe de Servicios Federales de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), subordinado del excapitán Fernando Gutiérrez Barrios, conocido torturador durante la guerra sucia.
Guzmán Salgado fue declarado culpable en la desaparición forzada de Miguel Ángel, con una ridícula condena de cinco años de cárcel, que fueron eliminados por su “estado avanzado senil” a sus 74 años, purgó condena en su casa sólo dos años, por los 923 días que ya había estado detenido.
En 2009, el quinto tribunal colegiado en material penal del primer circuito, determinó que el ex presidente Luis Echeverría era inocente del delito de genocidio por la matanza del 2 de octubre de 1968 y quedó absuelto de todos los cargos imputados por la extinta Fiscalía. Será hasta 2016 que se desclasificarán los expedientes consignados contra el ex mandatario y otras personas involucradas en los genocidios de 1968 y de 1971.
Así es como la reciente reforma al Artículo 73 Constitucional es una limitada medida política, donde difícilmente el Estado se responsabilizara por su participación en los delitos de lesa humanidad que forman parte de su propio génesis. Y que no resuelve el profundo desprestigio con las instituciones de esta democracia asesina.
El gobierno de Peña ahora no sólo enfrenta Ayotzinapa, están las masacres de Tlatlaya y Apatzingán, el feminicidio del cual es responsable en su gestión como gobernador del Estado de México y que hoy prevalece en todo el país.
Sandra Romero
México | @tklibera
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