Este martes y tras la reunión del Comité Policial que se realizó en la Moneda, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, se refierió a la agenda de seguridad, donde sostiene que el gobierno apoyará la facultad que se le otorga a carabineros de realizar controles de identidad de manera “preventiva” establecidos en el proyecto “Ley Corta de Seguridad Ciudadana”.
Así Burgos señalaba que “mientras yo este en el cargo, no voy a dejar de luchar contra los delincuentes”. Este proyecto busca sanciones mas drásticas para reincidentes de delitos contra la propiedad, receptación, los reincidentes, establecer mas delitos que no deriven de libertad bajo fianza y endurecer las penas para quienes agreden a carabineros.
Burgos aclara que la iniciativa no es exactamente la misma que se vio en la comisión de Seguridad Pública pero agregó: “apoyaremos el Art.85 del Código Procesal Penal“, que establece que los funcionarios policiales pueden solicitar la identificación de cualquier persona, sin orden previa de fiscales, y donde deja a “criterio” del funcionario controlar si existen indicios de que la persona hubiese cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta. Entre otras cosas otorga facultades en el caso que la persona se encapuche o disimule su identidad y donde tienen libertad de revisar no tan solo tu identidad, si no que registrar vestimentas, el artículo otorga ademas de otras, facultades para que el funcionario de acuerdo a su “criterio” pueda trasladar a la unidad policial mas cercana a quienes se nieguen al control de identidad, pudiendo durar el proceso hasta 8 horas. Recordemos que la detención por sospecha fue derogada en el año 1988.
“Me quedaría contento que la percepción de inseguridad baje, mas allá de lo que digan las cifras” manifestó Burgos.
La nueva “agenda de seguridad” de La Moneda tras el cónclave y el resurgimiento de la Ley Hinzpeter
Fue el 4 de junio cuando el ex presidente, Sebastián Piñera, llamó al gobierno a “reflotar la polémica Ley Hinzpeter” y dar más facultades a carabineros, hecho que ocurrió tras la marcha nocturna realizada en Santiago en donde se exigía terminar con la represión y pidiendo justicia por el estudiante Rodrigo Avilés, en ese entonces quien se encontraba internado grave en el Hospital Van Buren de Valparaíso tras ser impactado fuertemente por el chorro del “Guanaco” de Fuerzas Especiales de carabineros durante la marcha del 21 de mayo. Por este caso solo fue dado de baja el “pitonero” del carro lanza-agua, cuestión que fue duramente criticada por la familia del estudiante y las organizaciones estudiantiles.
Sin embargo tras haberse desarrollado dos cacerolazos -a principios y fines de julio- efectuados principalmente en el sector alto de la capital (sectores acomodados) debido a la “cereciente sensación de inseguridad frente a la delincuencia” justificadas en cifras de “percepción”, el gobierno ha dado un giro, más allá de que las cifras oficiales de delitos ha bajado, para hacer frente a “la sensación de inseguridad”, como lo ha reconocido el propio Burgos. Así, en el pasado cónclave de la Nueva Mayorái, realizado en el estadio “El Llano” de la comuna de San Miguel, la propia presidenta Bachelet anunció medidas y una “agenda corta de seguridad ciudadana” que implica una priorización desde el gobierno en el denominado “segundo tiempo”.
Es así como el llamado hecho por Piñera y parlamentarios de la Alianza encontró sorpresivamente un respaldo desde la propia Moneda desde donde pidieron a los parlamentarios votar las iniciativas del gobierno en esta materia. Una de esta medidas es “el control de identidad preventivo”, una medida que se intentó instaurar en el pasado gobierno de Bachelet dentro de un paquete de medidas a las que se les denominó “Ley Hinzpeter”, nombre que llevó pues fueron impulsadas por el en ese entonces, Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
El control de identidad preventivo recuerda al instaurado en Dictadura denominado “Detención por sospecha”, misma que fue derogada en junio de 1998 cuando se promulgó la Ley 19.567. Entre las criticas a dicho mecanismo estaba que esta medida se ocupaba de manera arbitraria y discriminatoria, particularmente en sectores de la periferia, teniendo como criterios el aspecto y situación socio económica de las personas. Actualmente está vigente -desde el año 2002- “el control de identidad”. Las nuevas modificaciones, anunciadas por Burgos, plantean modificaciones y menos restricciones a carabineros para desarrollar los controles de identidad que hoy, por ejemplo, implican tener fundamentos para aplicarlos, sin embargo varias organizaciones de Derechos Humanos y Civiles, señalan que esto no es así pues, actualmente, el control de identidad ya se realiza y se hace, en la práctica, arbitrariamente, por lo mismo dar más atribuiciones a carabineros es volver, camufladamente, a la detención por sospecha. Así, el INDH ha sido critico de esta modificación que hoy ya se revisa en el Congreso y que ya fue aprobada en la comisión de seguridad ciudadana de la cámara de Diputados.
Por su parte el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, tras los anuncios del ministro Burgos y la posibilidad de retomar la detención por sospecha, señaló que: “Esta es contraria a un régimen democrático y nadie quiere volver a eso”. A lo que precisó que, actualmente existe el control de identidad y que se supone se pretende perfeccionarlo.
La Confech por su parte también ha manifestado criticas a esta medida y ha planteado que solo se pretende criminalizar y que esto puede entorpecer aún más el derecho a la libre manifestación en el país.
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