La primera sentencia a un militar mexicano por una desaparición forzada, ocurrida en 2012, fue anunciada el martes por el Consejo de la Judicatura del país azteca.
El subteniente Danny Hernández Sánchez ha sido condenado a 31 años de prisión por su responsabilidad “en la comisión del delito de desaparición forzada, cometido en agravio de una persona, la cual continúa en calidad de desaparecida”, precisa el Consejo.
Adicionalmente, “se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo públicos por 15 años y tres meses”, añade el comunicado del órgano regulador de los juzgados mexicanos.
El Consejo no ha revelado la identidad de la víctima ni tampoco el móvil del delito, cometido el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras (estado de Nuevo León, noreste), meses después de la tipificación del delito en la ley mexicana, en 2011.
La sentencia del juez Eustacio Esteban Salinas Wolberg contempla “el sufrimiento que atraviesan (los familiares de la víctima) en su afán de lograr informaciónsobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad”, explica el Consejo de la Judicatura.
También, se “ponderó el perjuicio causado al propio Ejército mexicano”, destaca el organismo, que recuerda la responsabilidad de los uniformados en la tarea de “hacer frente a los actos de la delincuencia organizada” desde finales de 2006.
Desde ese año, se calcula que han desaparecido unas 23 000 personas en el país norteamericano, sumadas a 80.000 muertes producidas por el enfrentamiento militar con el narcotráfico, según cifras oficiales.
Además de Hernández Sánchez, otros cuatro militares se enfrentan a un proceso judicial por su probable implicación en la desaparición de siete jóvenes el día 7 de julio en el estado de Zacatecas (norte), jóvenes cuyos cadáveres fueron hallados días más tarde en un municipio cercano.
En cambio, en el caso que más protestas ha suscitado, el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala (sur), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha acusado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de ocultar pruebas.
Padres de los normalistas han acusado también al Ejecutivo mexicano de intentar sobornarlos para que abandonen su lucha por conocer toda la verdad de lo ocurrido con sus hijos.
mla/ctl/hnb
FUENTE: HISPANTV
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