A pocos días de que se cumpla un año y medio de la desaparición de los normalistas, las irregularidades en el seguimiento del caso y el ahogo de pruebas por parte de las instituciones estatales se mantienen.
Una quinta versión de los sucesos cometidos en Cocula, Guerrero, sobre los homicidios ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, fue rechazada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos.
Con información satelital otorgada por Human’s Rights Watch (HRW) y por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sumó a las declaraciones hechas por el GIEI,enfrentándose a la Procuraduría General de la República (PGR).
En Cocula no pudo presentarse un incendio con las características que sostiene la versión oficial –la “verdad histórica” – y que en su momento declaró Murillo Karam, ex procurador general de la república.
Además, el EAAF declaró que de los restos óseos correspondientes a 19 cuerpos encontrados en el basurero de Cocula, ninguno corresponde a los normalistas.
Además, el EAAF declaró que de los restos óseos correspondientes a 19 cuerpos encontrados en el basurero de Cocula, ninguno corresponde a los normalistas.
En el caso de los restos encontrados no por la Policía Federal, como se había declarado oficialmente, sino por la Marina, en el río San Juan, donde se localizó un resto óseo con una alteración calórica menor al de los demás –menor grado de calcinamiento– y que resultó pertenecer a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas asesinados el 26 de septiembre, se denunció la alteración de pruebas y evidencia por parte de los policías que inicialmente llegaron a la escena del crimen.
Al llegar los peritos, la bolsa se encontraba ya abierta y los restos acomodados para ser revisados por el EAAF, por lo que no descartan que la policía haya manipulado las pruebas.
Toda la protección para militares y policías involucrados
Además de estas irregularidades, resalta el escándalo de los amparos obtenidos por los 22 policías municipales de Iguala y Cocula acusados de los homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, entre ellas el de Julio César Mondragón Fontes.
O la negativa de las autoridades federales de garantizar el acceso de los integrantes del GIEI a las declaraciones e interrogatorios presenciales de los militares del 27 Batallón de Infantería que presenciaron esa noche los hechos, y que sólo han sido interrogados por agentes del Ministerio Público federal.
También han exigido acceso al material videográfico de los circuitos estatales de seguridad y vigilancia, así como al de las instalaciones de las oficinas de la policía a las que trasladaron a los normalistas. El gobierno, la policía federal y el ejército se han negado.
Por otro lado, es conocido gracias a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), Robespierre Robles Hurtado, que el TSJG entregó a la PGR una copia de las videograbaciones diez meses después de ocurrida la masacre y la desaparición de los estudiantes y que constituía el único respaldo en USB de las grabaciones del CCT.
Defensores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostienen que esas grabaciones contienen el momento en que por lo menos la mitad de los normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales. En su informe, la CIDH considera este caso como un “ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
A este reclamo se ha unido el EuroParlamento, adonde los integrantes del GIEI fueron a denunciar la impunidad que prevalece tras Ayotzinapa.
A este reclamo se ha unido el EuroParlamento, adonde los integrantes del GIEI fueron a denunciar la impunidad que prevalece tras Ayotzinapa.
Por si fuera poco, nuevos testimonios, como las declaraciones de los familiares y sobrevivientes del grupo juvenil de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, involucran a la policía federal en la masacre de Ayotzinapa, quienes estaban enterados de todos los sucesos, se coordinaban con el ejército y la policía municipal y colaboraron en la detención y asesinato de los normalistas.
La crisis de Ayotzinapa todavía no desaparece del horizonte de la inestabilidad del régimen.
De Ayotzinapa a Tierra Blanca los vínculos con el narcotráfico, el desprestigio de los cuerpos represivos del Estado y el descrédito del gobierno siguen horadando al régimen político.
De Ayotzinapa a Tierra Blanca los vínculos con el narcotráfico, el desprestigio de los cuerpos represivos del Estado y el descrédito del gobierno siguen horadando al régimen político.
Con información de Proceso, La Jornada y El País
Yara Almonte
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