El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, indicó en un comunicado que cerca de 1800 personas han sido detenidas en el marco de la lucha contra la reforma laboral.
Mientras se preparan nuevas manifestaciones para el jueves 23 de junio, el gobierno ya no se contenta con la amenaza de la prohibición, sino que las prohíbe directamente. Frente a la represión será necesaria una respuesta unitaria de la juventud y los trabajadores.
Con el balance confeccionado por el ministro del interior hecho público el viernes pasado, nos enteramos de que alrededor de 1800 individuos han sido detenidos en poco más de tres meses de movimiento contra las reformas propatronales del gobierno. Una centena ya ha sido juzgada en comparecencia inmediata. Muchos de ellos han sido condenados a penas de varios meses de prisión (firme o condicional).
El ministro también ha querido defender las consignas dadas a las fuerzas represivas para las manifestaciones y las concentraciones. Según él, estas consisten en “un uso proporcionado de la fuerza pública para asegurar la seguridad de los manifestantes y de los vecinos y hacer respetar el derecho a la manifestación, y una firmeza absoluta con los alborotadores”.
El ministro también ha querido defender las consignas dadas a las fuerzas represivas para las manifestaciones y las concentraciones. Según él, estas consisten en “un uso proporcionado de la fuerza pública para asegurar la seguridad de los manifestantes y de los vecinos y hacer respetar el derecho a la manifestación, y una firmeza absoluta con los alborotadores”.
¿El uso de la fuerza fue tan razonable como Cazeneuve pretende cuando un estudiante de 15 años recibió una paliza de la policía frente a su instituto en París? ¿O cuándo un manifestante perdió un ojo en Rennes por una bala de goma disparada por la policía? Por mencionar solo algunos de los casos. Además, ¿hacer respetar el derecho a la manifestación consiste en prohibir las manifestaciones como parece sugerir el gobierno? Como viene siendo costumbre, el gobierno se esfuerza en difundir su discurso orwelliano deformando la realidad y tratando de cambiar la opinión pública que sigue siendo favorable a la movilización.
El gobierno continúa tratando de dividir a los manifestantes entre “buenos” (es decir, “pacifistas”) y “malos”, alborotadores. Con sus declaraciones, el número uno de la CGT, Philippe Martínez, no solo entra en el juego de la división entre “buenos” y “malos” manifestantes del gobierno, sino que legitima la represión contra los “alborotadores” a los que habría que neutralizar.
Pero el gobierno, a pesar de sus bellas palabras que tratan de “tranquilizar” a la opinión pública, en realidad no hace ninguna distinción. El estudiante movilizado, el trabajador en huelga, el supuesto “alborotador” como los sindicalistas de Air France que arrancaron la camisa a su DRH, son todos delincuentes a los ojos del gobierno, ya que ponen en cuestión sus leyes y su mundo.
En las semanas y meses próximos, el movimiento contra la reforma laboral se verá confrontado con el sistema judicial y con cada vez más procesos a manifestantes. Los equipos militantes que han surgido en universidades y empresas deberán hacer frente a la cuestión de la represión en su vertiente judicial. Y para organizarse efectivamente, por encima de los desacuerdos políticos existentes o los medios de acción empleados, aquellos que luchan contra la reforma laboral y lo que significa deberán trabajar mano a mano sin distinción para hacer frente a la represión que vendrá. Para estar a la altura de las circunstancias, es necesaria una gran campaña unitaria contra la represión y la condena de los manifestantes, junto a los trabajadores de Air France cuyo proceso ha sido pospuesto hasta el 27 y 28 de septiembre. Se trata de una tarea central para evitar la desmoralización y la desintegración de los sectores emergentes de la vanguardia en el seno de la juventud y del mundo del trabajo.
Por Jean Roquelande/ Traducción: Lucía Nistal.
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