La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado en sus últimos informes que el gobierno mexicano muestra una incapacidad para combatir este problema, ya que los desplazamientos se dan en un contexto en el que los carteles del narcotráfico luchan por algunas rutas de transporte y campos de producción.
A unos cuantos días de la visita de Donald Trump a México, el candidato republicano conocido por su discurso xenófobo hacia la comunidad latina, se ha dado a conocer por medio de la publicación de diario El País, un informe realizado por la Coalición Pro Defensa del Migrante y otras asociaciones civiles, en la que se detecta que el 73,2% de las personas entrevistadas que llegan a los albergues fronterizos provienen de estados como Guerrero y Michoacán. La razón; la ola de violencia e inseguridad desatada por el llamado crimen organizado.
“El 18% de los desplazados manifestaron que ellos o sus familiares cercanos fueron víctimas de algún delito o acto de violencia. De este porcentaje el 34% señaló haber sufrido el secuestro de un familiar, el 10,5% fue secuestrado, el 26,7% sufrió extorsiones y el 26,3% padeció violencia doméstica", informa la mencionada publicación.
También se ha revelado que nueve de cada cada diez desplazados habían llegado a las principales ciudades del norte para solicitar asilo en EE UU. Sin embargo la abogada de la Casa del Migrante Scalabrini en Tijiana, Alejandra Viruete Méndez ha señalado que el 98,9% de las personas que solicitan el asilo no califican en los requerimientos.
La causa: la violencia del estado y del narco
En este marco es que algunas organizaciones sociales y de derechos humanos continúan reuniendo los argumentos para solicitar al gobierno mexicano un plan normativo de protección a la población afectada, donde el problema se ve profundizado con la desaparición o el trabajo forzado que también encabezan los principales carteles de la droga, en complicidad con el ejército y fuerzas paramilitares.
Las organizaciones también han solicitado el apoyo para casas de refugio, alimentos, servicios médicos, así como crear las condiciones para su inserción laboral; pero lo que persiste en la mayoría de los centros o casas de refugio es el hostigamiento de las propias autoridades locales.
Para frenar esta situación es necesario retomar el camino de la movilización contra la militarización y la violencia proveniente del estado y los carteles del narcotráfico, que azota a miles de mujeres, jóvenes, campesinos, trabajadores, tanto mexicanos como centroamericanos, y sectores en lucha que han resistido esta situación durante años.
El pasado 1 de septiembre, el tema referente a los sucesos de Ayotzinapa quedaron evidentemente por fuera del cuarto informe de gobierno de Peña Nieto, y con ello las grandes problemáticas que se siguen presentando en estados como Guerrero, al que se suman otros estados a lo largo y ancho del país, y que dejan como secuela más de 35,433 personas desplazadas desde 2007.
Por ello los sindicatos, junto a organizaciones populares, campesinas e indígenas tienen que poner toda su voluntad y fuerza política para impulsar de manera coordinada un gran movimiento contra la militarización, el despojo y la entrega de recursos.
Sólo con la unidad de todos estos sectores, junto a la fuerza de las mujeres y la juventud combativa, podremos poner un alto a esta situación.
Sólo con la unidad de todos estos sectores, junto a la fuerza de las mujeres y la juventud combativa, podremos poner un alto a esta situación.
FUENTE: LID
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