El gobierno espera conseguir 15.000 millones de reales mediante privatizaciones en energía, saneamiento y aeropuertos. Tras el golpe institucional Temer pretende imponer un ajuste neoliberal.
El gobierno de Temer pretende recaudar unos 15.000 millones de reales mediante la privatización y la entrega de recursos de áreas energéticas, saneamiento y aeropuertos, que se llevaran adelante entre 2017 y 2018. La prensa golpista aplaude la medida, que le hace recordar a los momentos más duros de las privatizaciones de los años ’90. El portal G1 (de la red Globo) dijo “estos recursos van a ayudar a mejorar las cuentas del gobierno que este año registrará un déficit de 170 mil millones de reales”. Tras el golpe institucional Temer sabe que uno de los principales problemas, junto a su falta de legitimidad, es la catastrófica situación económica, de la que intentará salir por medio de ajustes, privatizaciones y ataques a los trabajadores y al sistema de pensiones.
El plan anunciado este martes incluye la concesión de carreteras, vías férreas, aeropuertos, terminales portuarias, minería, y empresas energéticas. Todas ellas habían sido incluidas en un programa de privatizaciones bajo el gobierno de Dilma Rousseff pero no habían llegado a ser licitados antes del golpe institucional.
La privatización de los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre es parte del paquete anunciado este martes. Hoy estas terminales son administradas por la estatal Infraero.
La venta de estos cuatro aeropuertos ya había sido estudiada por el gobierno de Dilma. Pero a diferencia de las concesiones anteriores, esta vez el gobierno no va a exigir a quienes ganen la licitación que tengan a Infraero como socia en la operación, como fue el caso de la privatización de los aeropuertos de Guarulhos, Galeão y Brasília.
También son parte del paquete de privatizaciones, activos de Electrobras en el sector eléctrico. Ya parte de la CPFL (Compañía Paulista de Luz y Fuerza) fue vendida a la china State Grid, durante el viaje de negocios de Temer al G20, apenas consumado el golpe. El ministro de Minas y Energía por su parte adelantó que se está considerando la venta de unas 179 sociedades que tienen participación de Electrobras por hasta 20 mil millones de reales. Aunque no está en los anuncios de este martes, el gobierno ya había declarado su intención de vender parte de loterías da Caixa.
Uno de los aspectos sensibles del plan es el de la concesión de empresas de saneamiento, en principio de Río de Janeiro, Pará y Rondonia. Actualmente solo el 5% del saneamiento en el país es administrado por concesionarias privadas afectando a 315 municipios, de un total de más de 5.000. Sin embargo las empresas públicas, como Sabesp en San Pablo, son abiertas a la inversión de capital privado. El gobierno de San Pablo tiene solo el 50,3% de las acciones de la empresa, mientras que el resto son negociadas en la bolsa de San Pablo o Nueva York. Esa forma camuflada de privatización afecta directamente a los intereses de la población, ya que como se demostró durante la crisis del agua en el verano de 2015, siempre se priorizó el pago de dividendos a los accionistas de la empresa antes que la inversión en las redes de agua y alcantarillado.
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La privatización de empresas públicas es uno delos objetivos más importantes del gobierno golpista, y no menos espinoso, ya que puede acarrear el descontento de los trabajadores y usuarios de esos servicios. Enfrentarse con el descontento popular puede ser un desafío bastante arduo y que le puede costar muy caro a Temer.
El proceso de privatizaciones queda ahora en manos de Moreira Franco, un arribista de carrera que nació a la vida política como opositor a la dictadura para luego ser electo diputado por el MDB, aún bajo la dictadura. Fue fervoroso asesor de Fernando Henrique Cardoso y también de Lula. Después de haber sido dos veces ministro de Dilma, pasó a ser uno de los articuladores del golpe institucional que la sacó de la presidencia. Así llegó a ser hoy el indicado por Temer para pasar el “shock” privatizador.
La venta de las operaciones de Electrobras en diversos estados del Norte y el Nordeste del país, así como la privatización de autopistas, rutas, puertos y aeropuertos afectará la vida de millones de trabajadores que ya sufrían la precariedad de los servicios y de los contratos de trabajo.
Un plan de esta magnitud no puede ser derrotado a menos que centrales sindicales como la CUT y la CTB, rompan la parálisis en la que se encuentran y organicen desde las bases a los trabajadores para enfrentar la resistencia a los planes de ajuste neoliberales del gobierno golpista de Temer.
FUENTE: LID
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