A partir de unas supuestas fotos halladas en un computador que sobrevivió milagrosamente al bombardeo de Sucumbios, Ecuador, realizado por las Fuerzas Armadas de Colombia en marzo del 2008, el Gobierno deJuan Manuel Santos exige hoy someter a la justicia colombiana al chileno Manuel OlateCéspedes, dirigente de la Coordinadora Continental Bolivariana, bajo la acusación de tener vínculos con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).Los primeros que pusieron el tema, fueron el entonces candidato y hoy Presidente chileno, Sebastian Piñera y el derechista Senador Alberto Espina luego de una visita a Colombia (2009). Ellos, en vez de horrorizarse por los crímenes del paramilitarismo, llegaron agitando el dossier que les obsequió el Departamento de Seguridad Administrativa (DAS) con las fotos de personas de nacionalidad chilena supuestamente vinculadas a las Farc, objetivo de destrucción de las fuerzas armadas colombianas y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica desde hace varios años.
Nos preguntamos ¿Dijeron algo Piñera, Espina, Chadwick, Matthei, Larraín u otros próceres derechistas, al destaparse la Fosa Común de La Macarena, donde la Fuerza Omega (grupo estrella del Plan Colombia que funciona con asesoría y financiamiento norteamericano), venía sepultando desde el 2005 a los campesinos e indígenas que tenían la desgracia de caer en sus manos?
Y, la justicia colombiana, que haciéndose eco del alarde de la derecha chilena y actuando en concomitancia con ellos solicita la extradición de Manuel Olate, ¿Ha judicializado a Álvaro Uribe Vélez, principal responsable de alevosos asesinatos de civiles y personas asesinadas bajo torturas, 2 mil de las cuales fueron encontrados en esta dantesca Fosa común? ¿Cuántos de los 2.704 asesinatos de dirigentes sindicales durante los Gobiernos de Álvaro Uribe ha logrado esclarecer la justicia colombiana?
En los últimos tres años, más de 38.255 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia. Bajo la lógica de “disuadir la movilización por el terror”, se estima que el total de personas desaparecidas (secuestradas y torturadas) por las herramientas del Terrorismo de Estado (paramilitares, Ejército, Organismos de de Seguridad) llega a las 250 mil en una estrategia que falta a toda ética humanitaria y al derecho internacional. El Estado Colombiano sustentado financiera y logísticamente por Estados Unidos, busca que perdure el terror desapareciendo los cuerpos de los asesinados, pues así se prolonga la angustia en los sobrevivientes, como bien sabemos los chilenos.
Colombia es una tierra que suma al desgarrador desangramiento de sus ciudadanos y ciudadanas, más de 4,5 millones de personas desplazadas so pena de masacres realizadas por militares y paramilitares, funcionales a la Estrategia Estatal de “tierra arrasada”, cuyo objetivo es “vaciar los campos” para ofertar a las multinacionales terrenos agrícolas de alto interés económico. En ese sentido, más de 10 millones de hectáreas de tierra han sido así robadas a las víctimas y desplazados, y ofertadas a multinacionales, gran latifundio, y a los nuevos jefes paramilitares; el escándalo del “agro ingreso seguro”, propuesto por Santos viene a consolidar este proceso de robo iniciado por Uribe al que se suman violaciones masivas a los derechos humanos, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, descuartizamientos con moto-sierra, empalamientos, y otros métodos escalofriantes.
PARAMILITARISMO, EL VERDADERO ROSTRO DEL TERRORISMO
Los datos duros. Un Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indicaba que los paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en unos 15 años. Comandantes paramilitares como Fredy Rendón Herrera alias “el Alemán”, Ever Veloz García alias “HH”, Diego Fernando Murillo Bejerano alias “Don Berna”, Salvatore Mancuso entre otros, han testificado acerca de la naturaleza estratégica de la estructura paramilitar para el Estado colombiano, entregando datos concretos sobre los apoyos recibidos y la coordinación con altos mandos militares, políticos y funcionarios estatales.
Los paramilitares han entregado las coordenadas de las fosas con el fin de acogerse a la “Ley de Justicia y Paz”. Una Ley que les garantiza impunidad si muestran “arrepentimiento”. Ya en abril 2007, cuando se cumplía el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía había recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se habían podido explorar, según el los funcionarios por “falta de recursos”.
El Poder Ejecutivo tiene muy claro lo que pasa. En los recientes reportes entregados por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Vicepresidencia de la República de Colombia, se puede leer lo siguiente:
Entre enero y julio de 2009 se presentaron 16 casos de masacres, mientras que en el mismo período de 2010, se presentaron 22 casos, con un saldo en 2009 de 77 víctimas y de 109 víctimas el 2010. Durante el mismo período, en 2009 fueron secuestradas 119 personas y en 2010, 149. Así mismo, 312 actos de terrorismo se presentaron en el período descrito de 2009 y 288 durante este período de 2010.
La violencia sexual no esta ausente. Como testimonia un campesino de la Macarena cuya esposa fue violada, asesinada y desaparecida por el ejército:
“…tropas de la móvil 53, y la móvil12 del ejército, no me permitieron la entrada a mi casa cuando regresé a la tarde (…) y me dijeron que viniera dentro de 3 días a buscar a mi esposa(…) al día siguiente volví con unos vecinos y encontramos la casa semidestruida, impactos de bala(…) encontramos una gran huella de sangre al pie del fogón… mi esposa fue violada, abusada sexualmente”.
O una madre cuyas 2 hijas fueron desaparecidas por la Herramienta. Paramilitar del Estado: “Yo vi que la echaron en un carrito verde, amarrada (…) y se la llevaron en una moto(…) ella cuando me vio me hacía así con sus manitas (señales), hasta el día de hoy no ha aparecido… hace 7 años… me dicen que en la fosa está el cuerpo de una de ellas, de la más joven… pero no he podido (…)”.
Bajo estricta confidencialidad, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brindó, en 2009, asistencia médica y psicosocial a 82 víctimas de abusos sexuales (45 niñas, niños y adolescentes, 31 mujeres y 6 hombres). De éstas, 53 víctimas fueron orientadas al Sistema Nacional de Salud.
LAS “VICTORIAS” DEL EJÉRCITO COLOMBIANO
En los últimos meses del 2008 estalló el escándalo por los “Falsos Positivos”. La justicia colombiana ha acreditado que oficiales del Ejército partían a zonas alejadas de sus respectivos cuarteles, para reclutar jóvenes con el gancho de la oferta de trabajo. Estos confiados jóvenes, al bajarse de los buses que lo transportaban, eran subidos a camiones que los llevaban a zonas alejadas, los vestían con uniformes militares, les ponían brazaletes de las Farc y los asesinaban para acreditar triunfos en la lucha anti guerrillera y de paso cobrar el “bono por guerrillero muerto”, recompensa establecida por don Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa de Alvaro Uribe.
Extracto Wikipedia:
“El Escándalo de los falsos positivos”: revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate. A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.
Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército[3] y el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Para octubre del 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles “falsos positivos” y la Procuraduría 1043. Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
(Fin del extracto)
Nótese que el segundo responsable, el General Montoya, fue nombrado Embajador por el primer responsable: Alvaro Uribe Vélez; y los asesinos de cientos de jóvenes inocentes e indefensos están siendo liberados por la Justicia del Estado colombiano por “vencimiento de términos”.
Al menos 22 activistas, un periodista y un juez han sido asesinados durante los primeros 75 días del Gobierno de Juan Manuel Santos, según un informe presentado en Washington el pasado 29 de octubre. El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento, que se basa en los datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 organizaciones pro derechos humanos, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEEU).
Este Estado, este Gobierno, esta Justicia… es la que pide extraditar a Manuel Olate Céspedes, un luchador social, cuyo gran delito es ser solidario con las luchas que libran los pueblos de América por resistir el despojo, la violencia criminal y la degradación de las condiciones de vida. Permitir su extradición es entregarlo en bandeja a los verdugos, y esto lo sabe muy bien la magistrado Margarita Herreros.
Esta ignominia es apoyada por los “noveles defensores de los derechos humanos”: Piñera, Espina, Chadwick, los Monckeberg y también los Walker. No nos cabe duda, que de ser contemporáneos, estos personajes tratarían de judicializar a Gabriela Mistral, por las campañas a favor del general Sandino y su Pequeño Ejercito Loco.
Por Nelson Agustín Aramburu
Fuente: El Ciudadano
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