A
inicios del mes de septiembre del presente año, 150 comunidades y
organizaciones sociales a lo largo del territorio, fueron notificadas de que sus
solicitudes de concesión radiofónica de mínima cobertura, presentadas entre
2005 y 2009, quedaban sin efecto, por arbitrio de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones SUBTEL, organismo sobre el cual recae en Chile, la
administración del espectro radioeléctrico.
En
los últimos días, el gobierno de Sebastián Piñera, cuya desaprobación es histórica,
ha enviado al Parlamento una ley con la cual pretende poner freno a la legítima
movilización social, que tiene a los estudiantes y a la sociedad en su
conjunto, demandando el fin de un sistema que solo favorece a quienes, con el
auspicio del Estado, amasan sus riquezas lucrando con lo que debiera constituir
el derecho de los pueblos y de l@s ciudadan@s, la salud, el agua, la educación,
etc.
En el primer caso, la SUBTEL, no solo da
muestras de la ineficiencia para resolver concursos abiertos por el mismo ente
que los clausura, sino que vuelve a relevar las enormes inequidades, que como
en otras esferas de la sociedad chilena, se produce en la distribución del
espectro radioeléctrico en el país, agravado por la retardada aplicación de la
ley de radiodifusión comunitaria que mantiene la discriminación y la
penalización del ejercicio del derecho a la comunicación y a la libre
expresión.
En
el punto segundo, el proyecto de ley incorpora un acápite que otorga a las
Fuerzas de Orden y Seguridad la facultad de “solicitar la entrega voluntaria de
grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para
acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden
previa del fiscal”, lo cual constituye una seria intromisión en el ejercicio
comunicacional, forzando por un lado el “soplonaje” de los medios de prensa y
por otro una incitación a la autocensura de los comunicadores, quienes se
podrían ver inhibidos de ejercer registro de las acciones reivindicativas de
los pueblos para su posterior difusión y potenciación, ya sea por no verse
forzado a entregar imágenes, ya por el riesgo de ser motejado de infiltrado por
quienes participan de la protesta social, con el consiguiente peligro para su
integridad.
En
ambos casos como Red de Medios de los Pueblos, no podemos sino persistir en el
ejercicio de la desobediencia civil y la
acción permanente para develar los afanes antidemocráticos del poder.
Contra la represión, la exclusión y la censura, promovemos la libertad de
antena y la emergencia de más y mejores plataformas y medios para los pueblos.
Condenamos
la persistencia del Articulo 36 B que penaliza la emisión sin licencia y toda
maniobra que ponga en riesgo el ejercicio de las y los comunicadores en la
cobertura de las movilizaciones sociales. Finalmente insistimos en el desafío
ético de poner en circulación los relatos populares omitidos o tergiversados
desde los medios del poder.
Por
el protagonismo de los Pueblos, Red de Medios de los Pueblos.
Red de Medios de los Pueblos
6 de Octubre 2011.
