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Luego de que el Ministerio del
Interior y el Ministerio Público cuestionaran y demandaran por “presunta
parcialidad” a los tres jueces orales que trataban el llamado “caso
Bombas”, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones decidió que estos
seguirán en sus cargos. Eso indica que las declaraciones del ex fiscal
Alejandro Peña, y del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, deberán
recalendarizarse.
El 11 de mayo pasado, la primera sala de la Corte de Apelaciones votó por mayoría (Lamberto Cisterna y el abogado integrante Ángel Cruchaga por un lado, y el voto en contra de Javier Moya), acogiendo así la recusación y paralizando inmediatamente el juicio.
Los jueces que llevaban el proceso, hasta entonces, Marcela Sandoval Durán, Carlos Carrillo y Blanca Rojas,
del Tercer Tribunal Oral, debían “abstenerse de seguir interviniendo”
hasta resolver la recusación. Esto, en otras palabras, significaba la
paralización completa y absoluta del juicio, que ya se extendía por más
de 107 días de audiencia, llegando a los 6 meses del proceso
inquisitorio.
Esta resolución surgió en medio de los recesos cuando estaba próximo a declarar el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y el ex fiscal Alejandro Peña, como parte de la prueba de esa Defensa.
El panorama cambió hoy martes 15 de mayo, cuando la Corte no acogió la recusación presentada por ambos ministerios.
Además,
la tercera sala, ordenó que el Ministerio Público y el Estado, paguen
los costos de este proceso, debido a la consideración de que no existían
motivos para presentar el recurso anteriormente mencionado, el cual
paralizaría un juicio de seis meses.
“Se
impone al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una multa de un
monto igual al de su consignación”, establece la resolución.
En
tanto, la defensa de los jueces valoró el fallo, debido a que, según
manifiestan, “lo que quería el Ministerio del Interior era anular el
juicio en la mitad de este”.
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