Congreso retoma discusión de la “Ley Hinzpeter”

Este miércoles se pondría en tabla la normativa que sanciona desórdenes públicos y saqueos, luego que el ministerio del Interior hiciera un llamado a aprobarla con suma urgencia. Aunque desde el oficialismo han respaldado la iniciativa, el proyecto no cuenta con mayoría en la Cámara, pues se le acusa de criminalizar la protesta social e incluso de ser inconstitucional.


Continúan las repercusiones por el llamado que hizo el ministerio del Interior a aprobar con urgencia la ley que sanciona los desórdenes públicos y saqueos, a raíz de la última marcha estudiantil realizada en Santiago, la que fue calificada por las autoridades como “la más violenta de los últimos tiempos”.
De hecho, la discusión por la denominada “Ley Hinzpeter”, que hace un año duerme en el Parlamento, se retomará este miércoles cuando será  puesta en tabla para ser discutida en la Cámara Baja.
Según el diputado del PPD, Jorge Tarud, la iniciativa no cuenta con mayoría en la Cámara, pues es altamente cuestionada por restringir la libertad de expresión e incluso de ser inconstitucional: “El ministro se equivoca cuando señala que, desde la oposición, nunca hemos condenado la violencia, lo hemos hecho en repetidas oportunidades en forma pública. Hay que redactar una nueva ley que guarde el equilibrio entre resguardar el orden público pero también resguardar el legítimo derecho a convocar a una protesta, que con esta ley estaría absolutamente reprimido”, recalcó.
El parlamentario indicó que se le ha propuesto al ministro Hinzpeter que conforme una comisión con diputados de oposición y de gobierno para que se levante una nueva propuesta que asegure la seguridad pública, pero también el libre derecho de manifestarse.
Por su parte, parlamentarios oficialistas han llamado a aprobar la legislación, sugiriendo algunas modificaciones, como aumentar las penas para quienes cometan delitos con la cara cubierta.
En este sentido el diputado de RN, Cristian Monckeberg, señaló que “esto creemos que hay que sancionarlo fuertemente y debe estar establecido en la legislación chilena. Hoy día no existe el saqueo, sólo respecto de actos de guerra o de calamidad pública producto de un terremoto, pero un saqueo como los que hemos visto en los últimos meses, no está sancionado. Si mi delito tiene una pena de 541 días a tres años, si estaba encapuchado cometiéndolo, bueno, la sanción va a ser un grado más, es decir, de tres años y un día a cinco años”.
Sin embargo, la normativa también es rechazada por movimientos sociales y sindicales, como la Confusam, quienes señalan que la legislación busca criminalizar la protesta social y que el gobierno se ha aprovechado de las circunstancias para apurar su tramitación, como lo señala el dirigente de la organización, Esteban Maturana: “Nos parece un tremendo oportunismo por parte del subsecretario del Interior y del Gobierno. No podemos menos que expresar nuestro rechazo al llamado a aprobar la Ley Hinzpeter. Esta ley a lo que apunta es a criminalizar el movimiento social y llevar a la categoría de delincuentes a las personas que por uno u otro liderazgo que ejerzan en el mundo social llamen a movilizarse, pudiendo ser objeto de penas presidio hasta tres años de cárcel, lo que claramente lo único que pretende es acallar la movilización social”, subrayó.
La “Ley Hinzpeter” establece figuras penales para la toma de establecimientos educacionales y otras acciones de protesta social, tipifica la práctica del saqueo como delito y responsabiliza a los convocantes por los desmanes en una protesta, es por ello que parlamentarios como Carlos Montes del PS han señalado que de aprobarse la normativa, Chile se arriesga a recibir una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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