Juan Pablo Jiménez tenía 34 años y era el presidente del sindicato número uno de la empresa de ingeniería eléctrica Azeta. Llevaba casi una década allí. El jueves cayó muerto en su lugar de trabajo. Las pericias de la policía chilena demostraron que había sido asesinado de un disparo en la cabeza. La versión oficial es que se trató de una bala perdida. La familia y sus compañeros dicen que no: que Jiménez había recibido amenazas, que alguien lo asesinó. Mañana marcharán pidiendo justicia.
Las fotografías de Facebook lo muestran en varias movilizaciones, siempre megáfono en mano. Sus compañeros lo recuerdan así como a “un combatiente de la clase obrera”. Las imágenes también lo retratan abrazado a dos amigos del liceo industrial donde estudió. Aparece con una sonrisa amplia, que casi termina en una carcajada. Los post que le siguen a la foto hablan de su “buena onda” y de “su esfuerzo por los otros” que lo necesitaban. “Mi primo era una gran persona que amaba lo que hacía”, dice otra frase. Una dedicación a las actividades sindicales que incluso lo alejaban mucho tiempo de dos hijos que adoraba.
Margarita Peña, abogada y asesora laboral del sindicato, lo conocía bien. Describe al sindicalista como un hombre muy trabajador e incorruptible. Para ella, una prueba de ello es que Juan Pablo ganaba muy poco dinero, una remuneración que algunos meses no rozaba ni el sueldo mínimo. “Yo vi sus liquidaciones, a veces sacaba 133 mil pesos líquido” dice a Cosecha Roja.
El jueves pasado, a las tres y media de la tarde, Juan Pablo fue encontrado muerto producto de un tiro en la cabeza. Por la forma en que la sangre brotaba, sus compañeros pensaron que se trataba de una caída, un desmayo, no lo que vino después: la camioneta a toda velocidad, las manos de sus colegas intentando reanimarlo y la certeza de que todo empeño era inútil. Juan Pablo ya estaba muerto.
Hacía tan sólo unas horas que había estado conversando con sus compañeros, sentado en la misma banca. Tenía unos papeles en la mano, documentos en los que repasaba, lo que ya había denunciado antes: abusos laborales hacia quienes trabajaban en escasas condiciones de seguridad para la empresa Azeta y subcontratados para Chilectra, la principal distribuidora eléctrica de Chile. La mayoría son hombres jóvenes encargados de reponer el servicio eléctrico, una actividad riesgosa y mal pagada.
Abusos laborales que la empresa cometía con los trabajadores y que Margarita Peña revela hoy. Dice que Azeta tiene multirut (distintos roles tributarios en su funcionamiento) que hay maltratos, condiciones inseguras de trabajo, despidos injustificados y negativa a conversar con el sindicato. “Uno de los casos emblemáticos fue el de Richard Trincado, un trabajador que murió electrocutado en junio del año pasado”, dice la abogada. En otra oportunidad un empleado de la empresa cayó desde cinco metros de altura mientras manipulaba unos carretes de alta tensión. En cada emergencia, se juegan la vida.
En el último tiempo, las diferencias entre el sindicato y la empresa habían llegado a su punto álgido. Antes de su muerte, Juan Pablo se encontraba preparando una reunión, al día siguiente tenía una audiencia en Tribunales y la Dirección del Trabajo para denunciar estos abusos.
La presidenta de la Central Única de Trabajadores CUT, Bárbara Figueroa explicó a Cosecha Roja que pidieron un Fiscal de exclusiva dedicación al caso, por los graves antecedentes que se reúnen en la muerte de Juan Pablo Jiménez. “La muerte de los dirigentes sindicales se ha convertido en una institución en América Latina, lo hemos visto en otros países como Colombia, Honduras y Guatemala, es por eso que pedimos una investigación más profunda, donde no quede nada por hacer”, comentó.
Figueroa dice que la muerte del dirigente también dejo al desnudo la falta de protección de los trabajadores subcontratados, la precariedad de las condiciones de trabajo, la inestabilidad laboral y la coerción sindical que existe en el mundo de los tercerizados. –Azeta tenía 52 demandas en los tribunales laborales-y explica: “Jiménez ni siquiera murió trabajando fuera de su empresa, murió en su lugar de trabajo, si bien sabemos que no hubo dobles intenciones por parte el funcionario de la PDI al entregar esa declaración, independiente del informe de balística o el rol que debe tener una empresa, debe haber una investigación sería, pensar que una bala perdida es algo normal, daña una democracia”
No fue una bala loca
La autopsia del Servicio Médico Legal arrojó que la muerte se produjo por un disparo en la cabeza, que vino desde el interior de la empresa, en el mismo lugar donde fue hallado.
No había pasado un día cuando la Policía de Investigaciones en Chile ya tenía una tesis sobre el homicidio. Una de las cámaras de seguridad de la empresa- en la que se ve a Juan Pablo desplomarse- habría demostrado que el sindicalista habría muerto producto de una bala perdida. A eso se suma que la empresa queda cercana a la La Legua, una de las poblaciones más estigmatizadas en Chile por el narcotráfico. Hipótesis apresurada que sus cercanos y familia tacharon de imprudencia y la rechazaron de manera tajante.
Margarita repite “no fue una bala perdida” con enojo y luego agrega. “Puede ser sólo una de las hipótesis de una investigación abierta que está recién comenzando, el Fiscal (Raúl Guzmán) ya nos dijo que no es verdad que exista una sola tesis, en esto queremos ser enfáticos, no se ha concluido lo de la bala pérdida”.
Ximena Acevedo, la joven viuda de Juan Pablo, ha dicho a los escasos medios que escribieron sobre el caso, que ella conocía el lugar de trabajo, y que era imposible que una bala perdida hubiera acabado con la vida de su marido. Aún más grave, reveló que Juan Pablo había recibido amenazas de muerte.
La abogada Margarita Peña está cansada, va a camino a declarar a la Fiscalía junto a Ximena Acevedo y confiesa que su escasa energía está puesta en la marcha que se realizará mañana para pedir justicia.
Dice que mientras se investiga la autoría de una o más personas, le preocupa la responsabilidad laboral que le cabe a la empresa Azeta. “Un gerente dijo que siempre caían balas en el lugar, eso implica que trabajaban con riesgo de vida, cuando el código 184 del trabajo habla de forma explícita de la obligación de proteger la vida y seguridad de los trabajadores”, sentencia.
La abogada explica que anoche tuvo una reunión hasta tarde donde recibió el apoyo de cientos de trabajadores que se adhirieron a esta cruzada. Juan Pablo era también el rostro de la realidad de miles de personas y el problema de la subcontratación en Chile. “Partiremos de la Plaza de Armas, a las siete de la tarde, pero queremos que las personas escriban en sus trabajos un papel o una pancartas que diga: todos somos Juan Pablo Jiménez, verdad y castigo”. Insiste otra vez en que cada trabajador cuelgue la foto o un lienzo en cualquier parte, que no lo olviden, y que el rostro del dirigente aparezca como en una de las pocas imágenes que la prensa tiene. Porque ahí se refleja como él era siempre, un hombre sonriente.
Tomado de: Cosecha Roja
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