La privatización del Agua: desde el Código del ´81 a las sanitarias de Frei
Si bien todos los dardos apuntan a que el Código de
Aguas es la principal herramienta que mercantiliza el agua, otros han
contribuido a profundizar el modelo. ¿Quiénes son los principales
usuarios de agua en Chile?
En Chile a lo largo de la historia se
han manifestado una gran cantidad de conflictos por el agua. Desde
confrontaciones por usos industriales, agrícolas y económicos, hasta las
más graves situaciones de escasez que viven muchos habitantes en
nuestro país. El conflicto está presente, pero ¿De dónde nace todo esto?
El principal responsable es el Código de Aguas de 1981, pero en el
camino ha habido muchos medidas que han contribuido a empeorar aún más
la situación de recurso hídrico.
Los cambios radicales que dieron lugar
al Código de Aguas de 1981, transformaron al cuerpo legal chileno en una
situación única en el mundo. Esto, referido a que en ningún
país existe un otorgamiento gratuito y a perpetuidad sobre el agua,
convirtiendo a los derechos otorgados en propiedad absoluta de quien los
solicita.
Una gran diferencia con el anterior marco normativo, el Código de 1969, el que por ejemplo jerarquizaba los usos ante situaciones en conflicto. Así, en su artículo 30 declaraba
que ante diversas solicitudes de aprovechamiento, la concesión se
realizaría priorizando la bebida y el servicio de agua potable, luego, el uso doméstico y saneamiento, y finalmente dando lugar a “otros usos”.
Parte de esta normativa fue incluida en
la indicación sustitutiva que realizó el gobierno a principios de mes,
donde se le da prioridad al consumo humano, pero no se incorpora un
listado claro, lo que ha sido criticado por organizaciones sociales.
“Hay algunos que pensaban que se debería
establecer una lista, pero los otros usos los puede resolver la DGA si
es que se produce un abuso, pero establecerlos en la ley respecto de los
otros usos, era rigidizar”, sostuvo al respecto el ministro de Obras
Públicas una vez ingresada en el Congreso la indicación del gobierno.
Dejando de lado las particularidades de
la propuesta del ejecutivo en esta materia, lo cierto es que la mayoría
de los gobiernos que han ejercido luego del ´90 han jugado un rol
importante en profundizar la comercialización de las aguas en nuestro
país.
La privatización de las sanitarias
Durante su segunda campaña electoral, en el año 2009, el ex Presidente Frei cargó
con
un peso que no pudo alivianar: la privatización de las empresas
sanitarias. El hecho fue motivo de polémica durante uno de los debates
televisivos que tuvieron los candidatos presidencial de aquel entonces,
entre los que estaban Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate, Eduardo Frei
y Sebastián Piñera – quien posteriormente se convertiría en el
presidente electo-.
Durante su gobierno –entre 1994 y 1999-, Frei inició la privatización de ESVAL, ESSBIO, ESSAL y Aguas Andinas, reservándose para el Estado sólo porcentajes minoritarios, siendo el mayor de ellos el de Aguas Andinas, con un 40 por ciento.
Esta decisión fue vista como la
mercantilización de una de las últimas empresas de servicios que eran
totalmente estatales, y según argumentaron las autoridades de la época,
se hizo para aumentar la cobertura del servicio.
La medida tomada siguió su curso, y fue
durante el gobierno del ex Presidente Piñera que el Estado se desprendió
casi por completo –dejándose sólo un 5 por ciento- de su participación
en las empresas sanitarias. En ese momento, el por ese entonces senador
Eduardo Frei, criticó públicamente la operación.
Tiempo después, el panorama tiene un oscuro lado humano. Chile
cuenta con uno de los servicios más caros de agua potable en toda
América Latina, y como si esto fuera poco, los precios promedio de la
energía superan 60 por ciento al de países de la OCDE
(Organización para Cooperación de Desarrollo Económico). En esto, la
generación termoeléctrica juega un papel fundamental, pero también está
el hecho de que todas las empresas generadoras son privadas.
El caso de Endesa
Endesa, empresa de capitales españoles e
italianos, es la principal en generación eléctrica en nuestro país con
un 39 por ciento, según las cifras de Central Energía, lo que
equivalentes a 5.403 megawatt de potencia instalada en el Sistema
Interconectado Central (SIC).
Pero, esta gigante eléctrica fue alguna vez una la única empresa estatal que proveía de energía a la población.
La Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (Endesa), inició
sus funciones a principios de 1944, con el objetivo de “explotar la
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica de Chile”,
constituyendo una de las más importantes empresas estatales del país.
Finalmente en 1987, en la dictadura militar, la empresa comenzó un
proceso de privatización que acabo dos años más tarde con su completa
desafiliación del Estado.
El caso de Endesa y las sanitarias son
meramente ilustrativos con respecto a la realidad chilena, donde todo
pareciera que para todo lo relacionado con el agua nosotros pagamos más.
Y uno de los factores que influye fuertemente en esto es el Código de
Aguas de 1981, que entregó miles de derechos a empresas y particulares.
“Hoy, el
90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no
devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y
agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de
aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se
encuentra en manos de transnacionales como ENDESA”, afirma Rodrigo Mundaca en una columna publicada en CIPER Chile.
Las palabras del secretario de MODATIMA
(Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto
al Medio Ambiente), no sólo dan cuenta del poder que poseen muchas
empresas, sino del gran mercado que hay detrás del recurso.
De acuerdo a un informe del año 2011 encargado por la Dirección General de Aguas (DGA) al Banco Mundial, entre
los años 2005 y 2008 se realizaron cerca de 25 mil transacciones de
compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua por un valor anual
de casi 1.200 millones de dólares.
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