Al Estado de Chile, al Gobierno, a la comunidad nacional e internacional
El
10 de diciembre de 2014 se conmemoran sesenta y seis años de la
proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde
la humanidad estableció que la VIDA no tiene precio y que no existen
razones que justifiquen violarla.
A
pesar del avance que ha existido desde entonces en las normativas de
protección de los derechos humanos, los Estados no las convierten en
principios rectores de sus gobiernos, y permiten que la vida de millones
de seres humanos sea pasada a llevar todos los días, mientras que los
conflictos armados, las mafias y los carteles de narcotráfico coludidos
con los Estados, los capitales del sistema financiero y las
corporaciones transnacionales arrasan con nuestra tierra y sus recursos,
poniendo en peligro la existencia de la humanidad. La violencia que
ejercen sobre los pueblos deja como secuela la muerte, la tortura, la
desaparición forzada de personas y los desastres naturales en demasiados
países y comunidades a nivel mundial.
No
obstante, la sociedad democrática se legitima sobre la base de los
principios de la justicia, y la justicia exige que sus miembros se
pongan de acuerdo en los criterios que sirven para decidir lo que es
justo y lo que es injusto. De ahí que la justicia sea la expresión de
los derechos humanos y los principios que la rigen deban ser
comprendidos y asumidos por todos.
II
En
Chile, los gobiernos de la pos dictadura han relativizado el valor
ético y moral de la lucha por la defensa de los derechos humanos. A las
consignas de verdad y justicia, a las acciones para que su violación no
se repita y a los llamados al «nunca más», les ha seguido una serie de
decisiones políticas que consagran la impunidad y el silencio respecto
de los crímenes y de sus autores, bajo el pretexto de la reconciliación.
Así, los chilenos hemos sido testigos de la connivencia y complicidad
entre los gestores civiles y los autores materiales e intelectuales de
los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Y también
hemos visto cómo sus herederos políticos y quienes han concentrado el
poder económico han utilizado y perfeccionado las herencias
institucionales de la dictadura, ocultando los orígenes de la injusticia
y la desigualdad.
El
Estado chileno ha promovido la amnesia y, junto con la concentración de
la riqueza, ha forjado un proceso sutil pero violento de apropiación de
lo que nos corresponde a todos. Por eso, propicia el olvido de las
violaciones a los derechos humanos y busca borrar las huellas del
genocidio, privándolas de significado. La memoria sirve para hacer la
genealogía de la injusticia.
III
Es
necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la
justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así
como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido
atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas
acciones. Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración
Universal que hoy conmemoramos.
Una
cultura basada en los derechos humanos debe desarrollar todas sus
dimensiones: la dimensión histórica, que relata y analiza los hechos que
constituyen la base del presente; la dimensión jurídica, que identifica
la acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión
política, que orienta el pasado en función de los intereses presentes y
futuros, y la dimensión y acción social, que es la fuerza que transforma
la sociedad y que desde su autonomía e independencia amplía los marcos
establecidos y hace evolucionar a los Estados. En consecuencia, recordar
resulta indispensable, porque solo la memoria puede hacer posible que
los pueblos construyan una identidad en relación con su historia y, por
ende, sean capaces de protagonizar su futuro.
No
se puede vivir en democracia si los criminales y sus cómplices
justifican los crímenes que cometieron y mantienen pactos de silencio
que obstruyen que se establezca la verdad y se realice la justicia.
IV
El
sistema neoliberal que impuso la dictadura a través de la Constitución y
las leyes de impunidad aún imperan, han sido asumidas por los gobiernos
civiles. Este sistema basado en la opresión es injusto porque excluye a
quienes no les son rentables. La injusticia mata. El sistema que la
provoca es criminal. Es irracional trasladar la lógica de la economía
mercantilista a las personas y repartir los derechos como se reparte un
bien que es escaso. Lo que es legal no necesariamente es justo. Por lo
tanto, la legalidad no se puede desvincular de la teoría de los
derechos humanos.
Somos
un pueblo que ha resistido y ha conservado su dignidad. Nada nos ha
sido regalado. Todo lo que hemos logrado en verdad, justicia, memoria y
reparación ha sido fruto de la organización y la lucha mancomunada que
se inició hace más de cuarenta años, mientras que los responsables
civiles y militares gozan de la impunidad que les otorga el Estado.
Muestra
de ello son los jóvenes chilenos que hoy, resueltos a enfrentar con
coraje el terror de la represión, la manipulación política e
informativa, la criminalización de sus organizaciones y luchas, y las
leyes represivas con las que quieren aplastarnos, han sabido transformar
la injusticia y la opresión en libertad para transitar por las «grandes
alamedas» y convertir el dolor en esperanza. Igualmente, los pueblos
originarios no se han doblegado ante la ocupación policial ni el
neocolonialismo con que los gobiernos pretenden, una vez más, robar sus
tierras y destruir su cultura y sus derechos.
Los
hombres y las mujeres pobladoras resisten en las paupérrimas
condiciones de habitación y trabajo a las que son sometidos. En los
campos, otros miles soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y
fungicidas que hacen posible la exportación y erosionan nuestros
suelos. Los pescadores artesanales, herederos de uno de los oficios más
antiguos de la humanidad, han sido despojados del alimento cotidiano
por los grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus
recursos. Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, debido a
que los grandes propietarios de las tierras y las empresas mineras se
la roban, apropiándose, contaminando y destruyendo la biodiversidad,
mientras que los trabajadores padecen el sistema de transporte, la
adulteración genética de los alimentos, la industria farmacéutica y la
contaminación ambiental. Y frente a esto, el Estado no actúa en defensa
de las personas, sino de las corporaciones y monopolios.
V
Por todo lo anterior:
§ Instamos
a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la
articulación amplia, para luchar y construir un camino en el cual sea el
propio pueblo quien haga realidad sus derechos.
§ Llamamos
al Gobierno, a los poderes del Estado y a los que concentran el
monopolio de las decisiones a detener esta máquina de muerte y atropello
permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
§ Llamamos
a la comunidad internacional a estar alerta y movilizarse contra las
masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que
atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.
En la defensa y promoción de los derechos humanos para que estén plenamente vigentes, queremos:
§ Derecho a la vida plena y digna, sin exclusión ni pobreza.
§ Derecho
a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile,
haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el
169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. La
soberanía que revindicamos es la soberanía sobre nuestro mar, nuestros
recursos naturales, nuestros glaciales, nuestra diversidad, nuestras
aguas y nuestras semillas.
§ Derecho
a una nueva Constitución Política que surja de un proceso constituyente
de participación popular del pueblo chileno, y que refunde el Estado
sobre la base del respeto a la diversidad, la multiculturalidad y los
derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio; una
Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades
elegidas y unas Fuerzas Armadas y policiales que se subordinen al poder
civil para que estén al servicio del pueblo.
§ Otorgar
fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales que ha
firmado el Estado de Chile y están relacionados con la defensa,
protección y promoción de los derechos humanos para que puedan ser
incorporados en el ordenamiento jurídico interno del país.
§ Garantizar
la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y medioambientales para todas las personas, incluida la
población de inmigrantes, afro descendientes, gitanos y sus familias.
§ Entregar
estatus de inmigrantes a las personas que hayan permanecido más de un
año en nuestro país y se encuentran en situación de «extranjeros
transeúntes».
§ Entregar inmediatamente el derecho a la nacionalidad a todas las niñas y niños declarados apátridas.
§ Derecho de la ciudadanía a tener un defensor del pueblo.
§ Derecho
a la igualdad de los géneros, que garantice los derechos sexuales y
reproductivos, como el derecho a un aborto seguro, en el caso de las
mujeres.
§ Derecho
a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la memoria, derecho a la
reparación integral; debe realizarse juicio y castigo a todos los
violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de
los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos
e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
§ Derecho
a que todos los sitios de memoria sean declarados patrimoniales, con
valor histórico y a un Estado que se responsabilice de su conservación y
le entregue su administración a la sociedad civil.
§ Derecho
de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión
de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los
que deben poseer carácter público y protección histórica.
§ Derecho
a la justicia para los sobrevivientes de la tortura, cuyos testimonios
han sido silenciados por cincuenta años, en lugar de ser investigados
por los tribunales de justicia.
§ Derecho a la paz y coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.
En cuanto al fin a la impunidad de que gozan los violadores de derechos humanos, solicitamos:
§ Derogación
de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que
impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a
los monopolios internacionales.
§ Anulación
de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias
que realizó la dictadura para legalizar la represión.
§ Anulación
inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media
prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia.
§ Derogación
de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio
de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la
obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional —obligación
que tienen todos los organismos públicos—, y los autoriza a eliminarlos
mediante la sola decisión de una jefatura superior.
§ Fin
a la jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a
civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
§ Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
§ Fin
a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley
antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de
excepción que criminalizan a los movimientos sociales.
§ Sanción para los agentes del Estado, incluidos sus mandos.
§ Fin
a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados
por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado, incluidos los
mandos implicados.
§ Fin al extrañamiento que aún está vigente para muchos chilenos.
§ Fin
del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras
instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos, y
cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile.
§ Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio de seres humanos.
§ Fin de la entrega a las Fuerzas Armadas del 10 % de las utilidades que resultan de la venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
§ Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Entre las medidas de «no repetición» y a favor del «nunca más en Chile», solicitamos:
§ Impartir
educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza e
instituciones de formación, incluidas las escuelas matrices de las
Fuerzas Armadas, instituciones policiales y Gendarmería de Chile.
§ Instalar el mecanismo nacional de prevención de la tortura con jurisdicción en todo el país.
§ Tipificar el delito de tortura en el Código Penal.
§ Tipificar
la violencia sexual como una violación grave a los derechos humanos y
por ende, sea declarada crimen de lesa humanidad.
§ Que
todas las violaciones graves a los derechos humanos tengan carácter de
imprescriptibles independientemente de si han sido prácticas
sistemáticas.
§ Conformación
de un tribunal que someta a juicios éticos a los violadores de derechos
humanos de la dictadura, los instigadores del golpe de Estado, los
cómplices y los que se enriquecieron con el sistema económico impuesto
por la fuerza.
§ Instauración
de una instancia permanente con capacidad vinculante de acopio de
denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y en
el presente.
§ Difusión
de información que establezca la implicancia entre derechos humanos
jurídicos, civiles y políticos, y derechos económicos, sociales,
culturales y medioambientales.
Finalmente,
expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres
luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por lajusticia y la libertad.
Firman:
Agrupación de Derechos Humanos Fernad Alvarez de Concepción, Región del BioBIo
|
Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos, Región de Valparaíso
|
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
|
Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y de la Corporación Lonquén
|
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
|
Agrupación de Hijos
|
Agrupación Usuarios PRAIS, Recoleta
|
Agrupación Valle Consciente, Región de Valparaíso
|
Amerindia
|
Amigos de Miguel Woodward, Región de Valparaíso
|
Asociación Americana de Juristas
|
Asociación de Comunidades Afro Rurales de Azapa Territorio Ancestral, Región Arica Parinacota
|
Asociación de Memoria Venda Sexy
|
Asociación Internacional de Poetas, Suecia
|
Asociación Latino Americana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia
|
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
|
Casa de Miguel
|
Centro Ecuménico Diego de Medellin
|
Centro Helmut Frenz
|
Cine Forum, Región de Valparaíso
|
Colectivo 119 Familiares y Compañeros
|
Colectivo de Familiares y Sobrevivientes 23 y 24 de Agosto
|
Colectivo La Chusma
Colectivo de Memoria Pontificia Universidad Católica
|
Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
|
Comisión Chilena de Derechos Humanos
|
Comisión Ética Contra la Tortura -CECT
|
Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui
|
Comité de Derechos Humanos de Población La Legua
|
Comité de Derechos Humanos Nido 20
|
Comité de Memoria de Maipú
|
Comité de Salud PRAIS de Talcahuano
|
Comité Oscar Romero de Coyhaique
|
Comité Oscar Romero de Santiago
|
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
|
Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
|
Coordinadora Jurídica 4 de Agosto
|
Coro Voces de la Rebeldía
|
Corporación 3 y 4 Álamos
|
Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Región de Valparaíso
|
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
|
Defensoría Popular
|
Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE
|
Editorial Quimantú
|
Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Región de Valparaíso
|
Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso.
|
Familiares y Amigos de Marcelo Barrios, Región de Valparaíso
|
Foro por la Asamblea Constituyente
|
Frente Bolivariano Internacional de Suecia
|
Fundación Cristo Vive
|
Fundación de apoyo a la niñez y sus derechos, ANIDE
|
Fundación por la Memoria de San Antonio
|
Londres 38, Espacio de Memorias
|
Marinería Antigolpista
|
Memorial Paine un lugar para la Memoria
|
Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
|
Movimiento Mundial "Declaramos Ilegal la Pobreza"
|
Movimiento Somos Iglesia
|
Observadores de Derechos Humanos de la Patagonia
|
Observatorio Ciudadano
|
Observatorio por el cierre de Escuela de Las Américas
|
Organización de Afro descendientes Chilenos Lumbanga, Región de Arica Parinacota
|
Radio Liberación
|
Red de Profesores de Filosofía de Chile -REPROFICH
|
Servicio Paz y Justicia -SERPAJ
|
Sindicato de Temporeros Aconcagua Unidos
|
Sindicato de Trabajadores de Edificios y Actividades Conexas, SITERMAC
|
Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia
|
Sobrevivientes de Tejas Verdes, Región de Valparaíso
|
Sociedad Mutualista Bautista Van Schowen Vasey, Región del Bio Bio
|
Unión Comunal de Organizaciones Sociales de Putaendo
|
Unión Hispanomundial de Escritores, Suecia
|
Unión Nacional Estudiantil, Región de Valparaíso
|
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