SUDAMÉRICA / BRASIL Activistas de Brasil denuncian ante CIDH relajación de normas a favor de la minería

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En Brasil está en marcha un intento de flexibilizar la legislación ambiental que tendrá graves impactos en los derechos humanos ya afectados por la explotación minera, denunciaron una decena de organizaciones de ese país en una audiencia especial de la CIDH en Santiago de Chile.

"La reforma de las normas ambientales tendrá efectos devastadores en los derechos de las poblaciones afectadas", dijo Tatiana Ribeiro, profesora de la Universidad Federal de Ouro Preto y representante de la Orden de Abogados de Brasil en la sesión transmitida por streaming.

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Del informe escrito con 14 casos presentados a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) solo se expusieron en la sesión cuatro encaminados a demostrar que los impactos de la explotación de minerales no pueden ser "considerados meras externalidades o efectos colaterales de un modelo desarrollista", sostiene el texto al que tuvo acceso esta agencia.

Un denunciante que se presentó solo como Pablo, del Movimiento de Afectados por la Minería en Pará (norte), sostuvo que la corporación minera Vale "ha causado daños irreversibles en las aguas, las selvas y las vidas humanas" en la región, donde "todo está contaminado con residuos tóxicos y sufrimiento humano a escala industrial".

Así, encontramos "soda cáustica y arsénico en los ríos", mientras las "comunidades son expulsadas sin derecho a sus territorios", alegó.

Desastre de Mariana

La parte central de la audiencia estuvo dedicada al derrame, en noviembre de 2015, de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en la ciudad de Mariana, sureño estado de Minas Gerais, cuando se rompió un dique de la empresa Samarco, propiedad de las corporaciones Vale y BHP Billiton.

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El acuerdo alcanzado por el Gobierno y las empresas para reparar los daños excluye a la población afectada, que no ha sido consultada sobre las medidas necesarias, dijeron representantes de las víctimas.

Por el derrame murieron 17 personas y dos siguen desaparecidas. El barro tóxico llegó al río Doce, principal cauce de una de las cuencas hídricas más importantes de Brasil, y arrasó pequeñas ciudades en su recorrido de 500 kilómetros antes de llegar al océano Atlántico.

Las aguas se contaminaron con metales pesados, murieron animales y se liquidó la economía de comunidades que viven de la pesca y de la pequeña agricultura.

El acuerdo establece una fundación de derecho privado, "controlada por las empresas que decidirán qué hay que hacer y cómo, mientras los afectados solamente podrán expresarse en un comité consultivo", dijo una representante de las comunidades.

Estado defiende fundación privada

Un representante de la Procuraduría General de la Unión sostuvo en la audiencia que la fundación privada "acelerará de manera importante las obras para restaurar los daños sociales y ambientales".

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Mediante el acuerdo, las empresas asumieron la responsabilidad integral por el desastre y su restauración, mientras "la legislación brasileña es clara en cuanto a que la responsabilidad es subjetiva, depende del dolo de quien causa el daño", por lo cual se corría el riesgo de un litigio de años para establecer judicialmente la culpabilidad, alegó el Estado.

Además, mediante este mecanismo se evita el manejo de fondos públicos que obligaría al Estado a licitaciones que atrasarían por muchos años las obras, según el Gobierno.

La fundación, financiada íntegramente por Vale, BHP Billiton y Samarco, será fiscalizada por un comité interfederal compuesto por autoridades de todos los niveles.

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El acuerdo además no limita ninguna competencia de los órganos con atribución legal, añadió Brasil.

Mientras se desarrollaba la sesión en la sede del Poder Judicial chileno, activistas ingresaron al recinto con pancartas en las que se leían mensajes de repudio al Gobierno interino de Michel Temer, quien asumió la presidencia el 12 de mayo, al ser suspendida la presidenta Dilma Rousseff para someterla a juicio político.

Los representantes de Brasilia recordaron que el acuerdo sobre el derrame de Mariana fue firmado durante la administración de Rousseff.

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