Con un abstracto documento presentado, el gobierno de la Nueva Mayoría pretende aprobar el cuestionado proyecto de reforma educacional que no representa a nadie más que a los poderosos. Becas y créditos son la vía para la falsa “transición hacia la gratuidad”.
A través de un documento de 22 páginas, abstracto y bastante general, el gobierno de la Nueva Mayoría presentó el proyecto final de reforma educacional, el cual fue enviado a los rectores pertenecientes al Consorcio de Universidades del Estado (Cuech). En el documento queda clara la intención de las autoridades de no entregar la gratuidad universal y sí mantener intacto el negocio educativo.
El proyecto señala una serie de cuestiones generales como que busca “Consolidar un Sistema de Educación Superior que aporte al desarrollo social, cultural y económico del país, sus regiones y las personas”, enfocado en el “Fomento de investigación, innovación, pertinencia y vinculación con el medio; Desarrollo de un marco de cualificaciones; y Marco regulatorio”. Nada dice del rol del Estado en la educación pública, tampoco de las principales demandas del movimiento estudiantil, como es la gratuidad universal. Solo es papel mojado y abstracciones que no cambian estructuralmente el negocio educativo.
Cínicamente, el proyecto asegura que habría una “transición hacia la gratuidad”: “1) Se avanzará en 2017 incluyendo CFT (Centro de Formación Técnica) e IP (Instituto Profesional) con 4 años de acreditación y sin fines de lucro hasta el 5º decil; 2) La ley señalará que el año 2018 se avanzará al 6º decil; y 3) Ruta con indicadores fiscales para cubrir deciles 7º, 8º, 9º y 10º. Se establecerá respecto de los puntos adicionales de la recaudación fiscal estructural respecto del PIB tendencial”. Estas no son más que palabras al viento, repetitivas, un punteo estéril del Gobierno para mantener todo tal cual.
El documento establece cuáles son los “Principios de la educación superior” para las autoridades: Autonomía; Calidad, Diversidad de Proyectos Educativos; Inclusión; Libertad Académica; Participación; Pertinencia; Respeto y promoción de los Derechos Humanos; Transparencia; Trayectorias formativas y articulación. Solo los menciona, no ahonda en ninguno, ni tampoco responden a las demandas principales de estudiantes y profesores.
Sumado a lo anterior, el proyecto de reforma educacional establece que los establecimientos de educación superior que estén adscritos a gratuidad tendrán sus aranceles controlados y se fijará el precio para los de alumnos con becas y créditos. Esta regulación también se aplicaría a planteles que no están en gratuidad, pero que reciben fondos públicos. ¿Por qué habría que “regularizar” o “controlar” los aranceles si la demanda es de educación gratuita para todos, por lo tanto, no se deberían cobrar estas millonarias cifras?
En cuanto a algunas reacciones, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó que iniciativa no contempla ningún cambio respecto del mercado universitario: “Por último dijera que hay una atención preferente del Estado para las universidades públicas, nada de eso (…) tampoco defiende los postulados iniciales impulsados por el propio gobierno y respaldados por la ciudadanía. Muy por el contrario, este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de Educación Superior”, enfatizó.
Gabriel Iturra, vocero de la Confech, cuestiona las abismales diferencias entre un arancel de una carrera impartida por una universidad estatal y otra en una institución privada, pero no se refiere a que el Gobierno niega la demanda central del movimiento estudiantil, que es la gratuidad universal. Luego, hace una crítica a la demora del MINEDUC: “La ministra dijo que se iba a ingresar esta semana y hoy menciona que sería la próxima. No entendemos cuáles son las intenciones del Ministerio”. Lo que deben hacer los dirigentes estudiantiles es exigir que el proyecto no se apruebe, es decir, que se retire, pues no contiene las demandas del movimiento. ¿Por qué exigir que el gobierno lo apure, si no representa los intereses de miles de estudiantes? ¿Si no hay cabida para la educación gratuita?
“Me parece una vergüenza la propuesta que quiere aprobar el gobierno, viene a decir que claramente no va a conceder nuestra principal demanda que es la educación gratuita para todos. Por otra parte, los dirigentes estudiantiles dan respuestas tibias y critican al gobierno porque se ha demorado en entregar el proyecto, cuando en verdad deberían cuestionar lo de fondo, y es que la propuesta es un golpe para los estudiantes, es decirnos que no concederán absolutamente nada, es una burla. La Confech y organismos estudiantiles con mayor razón deben hacer un llamado a frenar este proyecto, mediante movilizaciones, paros, tomas, asambleas en universidades y colegios”, enfatiza Bárbara Brito, dirigenta de la Agrupación Combativa y Revolucionaria, y concejera FECH.
“Con la última propuesta del Gobierno, quedan absolutamente claras las intenciones de las autoridades: no entregar la educación gratuita y seguir manteniendo un mercado educativo que se basa en las becas, créditos, endeudamiento, segregación, y en todos los aspectos que mantienen así de precaria la educación en el país. Bueno, ¿qué debemos hacer como estudiantes? No bajar los brazos, potenciar más que nunca nuestra movilización, los paros, tomas, asambleas y todo tipo de instancia de organización y unión entre nosotros, como lo hacemos en los cordones territoriales estudiantiles. No dejemos que aprueben esta reforma, debemos echarla abajo, no nos representa”, asegura Dauno Tótoro, militante de agrupación Vencer.
Se espera una nueva marcha estudiantil para el próximo martes 5 de julio.
FUENTE: LID
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