Gobierno de Piñera mantiene a cuarenta mapuche condenados o imputados por luchar por la tierra

La Comisión Etica Contra la Tortura, en la sección Represión y violencia a los Movimiento Sociales de su Informe 2012 “La Tortura es el Miedo a las Ideas de los Otros”, denuncia que a comienzos de junio de 2012 se registra en Chile un total de cuarenta luchadores políticos mapuche condenados o imputados por la justicia, de los cuales 9 cumplen prisión política efectiva en cárceles. En el período analizado se registró 1 suicidio de un preso político mapuche, en la cárcel de Temuco. A estos hechos hay que agregar que el 27 de junio, la Corte de Apelaciones de Temuco determinó la prisión preventiva para otros dos comuneros mapuche, lo que elevó el número de detenidos en prisión efectiva a 11, con posterioridad a la publicación del informe (Editorial Quimantú) lanzado en un acto realizado el 29 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura).
La presión de los organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional, las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y la modificación a la ley antiterrorista posterior a la huelga de hambre realizada en 2010, han determinado un cambio en las formas de castigo que el Estado impone a los luchadores sociales mapuche. Es así como en el período analizado disminuye considerablemente el número de mapuche en prisión efectiva. Se conceden medidas cautelares de restricción de la libertad que evitan la prisión preventiva, aumentan las absoluciones pero continúa la represión masiva, expresada en allanamientos a las comunidades en lucha, realizados con Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las largas condenas a prisión a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco dictadas por la Corte Suprema en junio de 2011 sobre la base de pruebas aportadas por testigos sin rostro (permitidos sólo en caso de juicios por ley antiterrorista) encierran un elocuente mensaje al resto de las organizaciones y comunidades en lucha. A mayo de 2012, 40 luchadores sociales mapuche cumplían condena o esperaban juicio por acusaciones relacionadas con la recuperación de tierras ancestrales, siempre respaldadas por testigos secretos al margen de la legislación penal aplicada al resto de la población de Chile. El abogado Lautaro Loncón, quien comentó este informe en el Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado el 27 de junio pasado, no dudó en caracterizar al Estado chileno como racista, y en particular se refirió a los jueces y fiscales del ministerio público y la policía que en su práctica profesional hacen gala de ese comportamiento sin que la sociedad y los otros poderes del Estado reaccionen.