Más de dos semanas han pasado desde la desaparición de cinco jóvenes en la entidad de Tierra Blanca, Veracruz. Una vez más la responsabilidad de la policía en la desaparición desnudó la asociación existente entre las instituciones Estatales y el narcotráfico.
A dieciséis meses de la desaparición de los 43 normalistas también a manos de las fuerzas represivas del Estado, la búsqueda de los cinco jóvenes veracruzanos desaparecidos el pasado 11 de enero, continúa.
Veracruz, estado donde la represión contra la juventud, los periodistas críticos y los luchadores sociales se han profundizado, alberga este nuevo crimen que ha desnudado una vez más la asociación existente entre las instituciones Estatales y el narcotráfico.
Cuatro policías estatales están siendo procesados por la desaparición de los jóvenes, a quienes detuvieron cuando estos iban a bordo de un carro para hacer una supuesta revisión.
Los policías declararon que el auto fue detenido porque iban a exceso de velocidad y las placas no eran de la entidad, y que posteriormente los dejaron ir. Sin embargo, los 5 jóvenes nunca llegaron a su destino.
José Benítez de la O (24 años), Alfredo González Díaz (25 años), Marco Arturo Sánchez (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), y Susana T. G. (16 años) regresaban, según las declaraciones de sus familiares, del puerto de Veracruz.
La represión y el ataque a los jóvenes: una constante del Estado mexicano
Este caso se suma a la evidencia de la culpabilidad del Estado en las desapariciones y asesinatos de jóvenes en todo el país. No solo han sido los normalistas de Ayotzinapa sino también los casos de Tanhuatos, Tlatlaya, Ostula, la víctima de la ley bala en Puebla, entre decenas de casos más que recorren de norte a sur los estados.
Desde el gobierno de Felipe Calderón, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco” los jóvenes en México se han vuelto la carne de cañón en el supuesto combate al “crimen organizado”.
La juventud es víctimas tanto del ataque directo del narcotráfico y la represión del Estado, como de la falta de oportunidades de trabajo y acceso a las universidades que los orillan a integrarse al negocio de las drogas ilegales. A diario se suman más nombres a los miles de desaparecidos y asesinados dentro del país, dejando claro que esta “guerra” ataca principalmente a las capas más desprotegidas y marginadas del país.
Cada vez es más claro que el aumento de “seguridad” y la militarización del país va de la mano del crecimiento de la cifra de desapariciones, feminicidios, y asesinatos.
Veracruz: foco rojo de desapariciones forzadas
Tan sólo en Veracruz se tiene el 40% de los reportes de desapariciones del total a nivel nacional, según cifras oficiales.
En el caso específico de las desapariciones forzadas es decir, aquellas realizadas por funcionarios del Estado, en los últimos cuatro años se tiene un registro de 51 denuncias atendidas por la PGR. A esta cifra se suman todos aquellos casos en que por presión, amenaza y coerción la denuncia no se lleva a cabo.
Esto aunado a la persecución clara y sistemática a periodistas independientes y activistas, una muestra clara de ello es el reciente asesinato de Rubén y Nadia, que se efectuó tiempo después de que Nadie hiciera responsable a Duarte por cualquier cosa que le pudiera pasar. Siendo Veracruz uno de los estados más peligrosos para ser periodista.
¡No confiamos en las autoridades!
Hace una semana José Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, pidió a las autoridades asumir el control del caso así como revisar la indagatoria de lo ocurrido dado la desconfianza que este tiene a las autoridades y el encubrimiento que el gobierno hace en los casos de desapariciones.
El una reciente declaración los padres pidieron que se profundice la búsqueda de sus hijos y afirmaron que en Veracruz en cuestión de seguridad “no hay #MisiónCumplida”.
Aunque el gobierno de Peña Nieto intenta lavarse la cara y delimitarse del también priista, Duarte, enviando a 100 miembros de la Gendarmería Nacional para la búsqueda de los cinco jóvenes veracruzanos, los hechos han comprobado que todos los niveles de seguridad de Estado y sus instituciones mantienen asociación con el narcotráfico y la política represiva. No se puede confiar en el régimen de Ayotzinapa, la democracia asesina del PRI, PAN y PRD.
Joss Font
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