Lula fue denunciado formalmente por el Ministerio Público Federal de Paraná en la Operación Lava Jato, acusado de ser “el comandante máximo de todo el esquema de corrupción investigado por la Operación”.
Junto a Lula fue denunciada su esposa, Maria Letícia; el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto; el expresidente de la empresa OAS Jose Aldemário Pinheiro y dos funcionarios de la empresa, entre otros.
Se trata de una nueva medida de un poder arbitrario como el Poder judicial. Los esquemas de corrupción investigados afectan a todos los partidos del régimen y no solo al PT, también al PSDB, el PMDB y otros que siguen impunes. Con esta nueva ofensiva desde la Operación Lava Jato, se busca crear condiciones más favorables para implementar mayores ataques contra los trabajadores y avanzar en las privatizaciones que el gobierno de Temer está anunciando.
Manteniendo sus promesas de fundar un nuevo régimen político en el país, los fiscales de la Operación Lava Jato se posicionaron contra Lula. Proceden así dos días después de que el parlamento se librara de Cunha.
Manteniendo sus promesas de fundar un nuevo régimen político en el país, los fiscales de la Operación Lava Jato se posicionaron contra Lula. Proceden así dos días después de que el parlamento se librara de Cunha.
Esta es la primera denuncia contra Lula dirigida al juez federal Sérgio Moro. Según la investigación, Lula recibió “ventajas indebidas” de la empresa constructora OAS – una de las empresas líderes del sector que pagaba sobornos a Petrobras - en obras de reformas en su apartamento A-164 del Edificio Solaris. El edificio fue construido por Bancoop (Cooperativa habitacional de los trabajadores bancarios), que tenía como presidente al ex tesorero del PT João Vaccari Neto – en prisión desde abril de 2015. La propiedad fue adquirida luego por la empresa OAS.
El fiscal Deltan Dallagnol afirmó a la prensa que Lula es el “comandante máximo del esquema de corrupción” identificado en la investigación sobre el cartel y propinas en Petrobras. El dirigente del PT está acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del triplex en Guaruja y el fiscal afirma que la propina destinada al ex presidente supera el monto de R$3 millones. En la denuncia contra Lula, el Ministerio Público Federal solicita la confiscación de R$ 87 millones. La acusación apunta a “14 conjuntos de evidencias que se juntan y señalan a Lula como pieza fundamental del Lava Jato (...) Estas pruebas demuestran que Lula era el gran general que comandó la realización y la continuidad de la práctica de los delitos, con poderes para determinar el funcionamiento y si quisiera, para determinar su interrupción” afirmó Dallagnol.
Lula ya había sido denunciado por el Ministerio Público Federal del Distrito Federal, acusado de obstrucción a la Justicia en la Operación Lava Jato, cuando supuestamente intentó evitar la delación del ex director de Petrobras Nestor Cerveró.
Nuevas arbitrariedades del poder judicial
Esta denuncia contra Lula no llega en cualquier momento, sino justamente cuando el gobierno golpista y su poder Judicial, en absoluto neutral, hacen una “limpieza” en el poder legislativo para dar legitimidad al nuevo gobierno con la anulación del mandato de Eduardo Cunha (PMDB). Ahora, la acción de la fiscalía quiere mostrar que está a la “caza de los corruptos”, actuando con imparcialidad.
No hay dudas de que el PT, así como el PSDB, el PMDB y todos los partidos burgueses del orden, poseen íntimas relaciones corruptas con las grandes empresas y contratistas. Sobran indicios de corrupción y de las relaciones espurias que las empresas mantienen con todos los partidos capitalistas del país. Sin embargo, la arbitrariedad del poder judicial es clara cuando vemos que los políticos del PSDB y de la derecha no son procesados, no importa cuántas veces aparezcan mencionados en las delaciones premiadas.
No hay dudas de que el PT, así como el PSDB, el PMDB y todos los partidos burgueses del orden, poseen íntimas relaciones corruptas con las grandes empresas y contratistas. Sobran indicios de corrupción y de las relaciones espurias que las empresas mantienen con todos los partidos capitalistas del país. Sin embargo, la arbitrariedad del poder judicial es clara cuando vemos que los políticos del PSDB y de la derecha no son procesados, no importa cuántas veces aparezcan mencionados en las delaciones premiadas.
Esta acción es parte de profundizar el curso abierto con el golpe, fortaleciendo al Poder Judicial. Su accionar ahora es una forma de debilitar al PT para impedir que Lula sea un candidato potable en 2018, abriendo espacio a la posibilidad de que surjan variantes y nuevas mediaciones a la derecha. Este es el resultado de la política de conciliación que el PT implementó en sus gobiernos, y que asimiló el modus operandi corrupto de la derecha. El rol de la Operación Lava Jato no es castigar a los corruptos, sino actuar como parte de un juego de poder, en función de fortalecer los intereses de la derecha y el imperialismo.
Iaci Maria
FUENTE: LID
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