El pasado 29 de marzo, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Joven Combatiente, los estudiantes Angiel -de 15 años- y Francisco -de 17- fueron detenidos en la intersección de las calles El Agua con Mercedes, en el sector de Viña del Mar alto, siendo trasladados a la comisaría de Recreo. Al día siguiente, en el control de detención, se le imputaron los delitos de infracción a Ley sobre Control de Armas, desordenes públicos y maltrato de obra a Carabineros, quedando ambos con la medida cautelar de reclusión provisoria en el centro cerrado del SENAME en Limache. Ante esto se presentó un recurso en la Corte de Apelaciones para lograr su libertad, siendo aceptado sólo para Francisco, quien alcanzó a pasar 6 días de prisión. Para Angiel, sin embargo, este fue rechazado por ser considerada un peligro para la sociedad, por lo que hasta hoy está privada de libertad.
Francisco Vásquez, dirigente estudiantil, quien participó de la protesta, declaró a ucvradio.cl que los efectivos policiales actuaron con extrema violencia contra los menores y también en contra suya, reclamando que fueron seis uniformados los que lo retuvieron, a lo que se agregan una serie de maltratos en la unidad policial. Por su parte, Edgardo Astudillo, papá de Angiel, suma que como padres “nunca fuimos informados” de la detención.
Ante esta situación, se formó la Coordinadora de Familiares y Amigos de Angiel y Francisco, quienes a través de un comunicado público han rechazado su detención. “Nos parece inaceptable que a dos menores de edad, sin antecedentes previos, se les deje privados de libertad, dejándolos sin la posibilidad de continuar con sus estudios, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos a situaciones de vulnerabilidad a las cuales no debiesen estar sometidos”, expresaron.
Además de esto, los cercanos a los menores calificaron la situación de ambos como “presos políticos, pues la medida de mantenerlos en prisión durante la investigación no responde a un proceso legal justo sino a una estrategia política de judicializar y privar de libertad a todo aquel que se manifieste en contra de los poderosos buscando así intimidar y coartar nuestra lucha”.
Por su parte, la Red de ONG’s de Infancia y Juventud, constituida por instituciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas, ha manifestado su preocupación por el caso, principalmente “cuando los jóvenes son sometidos a escenarios judiciales con pocas garantías, deteniéndolos hasta que se compruebe o no su culpabilidad, pasando por alto el principio de inocencia, con la única intención de hacer callar el sentir sincero de jóvenes comprometidos con la justicia social”. Según la agrupación, este escenario “transgrede el derecho político y ciudadano para manifestarse”, además de “vulnerar los derechos de Angiel contenidos en la Convención de derechos del niño, particularmente los artículos 12 y 13 sobre opinión y libertad de expresión, art. 28 sobre educación y asistencia regular a clases y art. 37 sobre privación de libertad”.
Al mismo tiempo, tanto esta agrupación como los familiares y amigos de Angiel y Francisco, han destacado las diversas actividades sociales que realizaban ambos, relevando que Angiel ha participado activamente como vocera de niños y niñas de la región de Valparaíso, en el marco de la campaña Movilizándonos por una ley de protección integral de los niños y las niñas que viven en Chile, y en la organizaciónCOTRA, dedicada a la eliminación de los espacios como los centros del SENAME, en donde -paradójicamente- se encuentra recluida hoy la joven.
De ahí que en una carta enviada el pasado 15 de abril, Angiel destaque precisamente lo que ahora ha podido ver y vivir como una más de los que allí están privados de libertad. “Durante éstas semanas he vivido en carne propia lo que es la vulneración, la desigualdad, la violencia, he sido testigo de ello como también he escuchado historias que ponen en evidencia que éste sistema está mal. Se hace eterno el tiempo que he pasado en ésta ratonería de marginados sociales, porque somos el estorbo de la cotidianidad de la gente normal, pero más para los que tienen el poder porque prefieren encerrarnos y castigarnos, antes que educarnos, porque tenemos el discernimiento para hacernos cargo de nuestros actos delictuales, pero no para tomar nuestras decisiones, no para participar en las decisiones que nos corresponden y nos afectan”, escribió.
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