Después de una larga y compleja operación política, los grandes
empresarios del sector pesquero, aliados al poder político del gobierno de
turno y algunos dirigentes gremiales de pesca artesanal;
lograron aprobar
en el congreso de Chile la modificación a la Ley General
de Pesca y
Acuicultura, conocida como la Ley Longueira; cuyo objetivo principal es
dar derechos y
certezas jurídicas de largo plazo a los empresarios dueños
de las cuotas de captura de peces; adornada con el
discurso no legitimado
en la sociedad, de generar sostenibilidad en las
actividades pesqueras y
acuícolas, es decir generar actividades económicas
pesqueras y de
acuicultura por muchos años.
Esta cuestión es contradictoria con el grave estado de
sobre explotación de
la mayoría de los recursos pesqueros, explotación
realizada por los
industriales pesqueros
y también por pescadores artesanales de mayor
capacidad de captura.
Esta explotación no sostenible, viene ocurriendo
durante décadas; fuertemente acelerada desde la dictadura de Pinochet,
continuada en los gobiernos de la concertación y de la actual
administración de Sebastian Piñera.
Pero, ¿que pasó con la institución encargada de dar
solución a los
problemas pesqueros, la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura?,…poco y nada;
porque su gestión pesquera fue capturada por los
intereses económicos y
políticos de los grupos económicos, además de desajenarse
de la generación
de reglas de manejo pesquero. La gestión pesquera del Estado de Chile, a
través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, busca ahora su
purificación, a través de la separación ficticia de lo
científico (lo puro)
y lo político (lo impuro); es decir se busca generar un
nuevo modelo de
gestión pesquera, con comités científicos hechos a la
medida, que
acompañarán el mismo modelo económico rapiña.
¿Y que ha estado sucediendo con el Instituto de Fomento
Pesquero?, …sigue
sometiendo su
discurso técnico, su experticia al proyecto político de
turno en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; es
decir también continua
replicando las malas prácticas políticas y este año 2013
con incrementos de
presión política, para su captura por las corporaciones
pesqueras privadas.
En otra arista, en este Instituto de Fomento Pesquero se
continúan
replicando las malas prácticas políticas, con la
designación arbitraria de
directivos y directores ejecutivos, sin concurso público, bastando sólo el
apoyo político de los gobernantes de turno. En cuanto a los trabajadores,
estos no tienen evaluaciones objetivas de desempeño
laboral, ni carrera
funcionaria; lo común son las malas practicas anti
sindicales, el
caudillismo dirigencial
y directivo, que también potencia la replicación
de malas prácticas laborales.
Los trabajadores del Instituto de Fomento Pesquero exigen
la aplicación de
buenas prácticas laborales y sociales, entre ellos y los
directivos; sin
despidos arbitrarios como los ocurridos en el mes de
Febrero pasado y la
actual negociación de nuevos despidos, liderada por el
nuevo Director
Ejecutivo del IFOP, recientemente designado.
Sin lugar a dudas,
la deuda mayor la tiene el Estado de Chile, al no
reconocer políticamente
a este como el Instituto de Investigación Pesquera
y Acuícola de
Chile, con financiamiento explícito en la ley de
presupuestos de la nación, y con independencia política para realizar sus
labores de investigación científica.
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