Hasta ahora la
administración del borde costero había recaído en el ministerio de Defensa, no
pudiéndose vender a privados que siempre han mirado con codicia los terrenos
fiscales de la costa, para fines industriales (sean portuarios, minería, ductos
de descarga, etc) y turísticos.
Sin embargo, este
gobierno ha gestionado un inédito cambio que predeciblemente favorece a los
empresarios: La administración de los terrenos fiscales está pasando a manos del
ministerio de Bienes Nacionales , con lo cual, estas tierras “de todos”, donde
abundan las reservas y parques nacionales podrán ser privatizadas. Ahora sí.
Para empezar están
licitándose, de norte a sur, 48.869 hectáreas al mejor postor.
Un anticipo dramático
es el caso de Isla Traiguén (Aysén) y la comunidad Nahuelquín Delgado.
Es para preocuparse
pues los elementos de esta historia pueden repetirse en cualquier punto de este
país.
Texto:
José Luis Vargas (revista Marejada de Queule)
Fotografías
facilitadas por comunidad Nahuelquín Delgado.
(publicado
en la edición impresa de revista Marejada 11)
...
La isla Traiguén
dista 8 horas por mar desde Puerto Aysén. Se ubica entre los canales Costa y Errázuriz. Allí
habita la comunidad Nahuelquín Delgado, compuesta por 40 familias. El trabajo
de los pescadores está centrado en la extracción de jaibas, centollas, congrio,
merluza y robalos. La comunidad también recolecta lapas, erizos y luche.
“Es para la
subsistencia y también un apoyo en la parte económica. Todavía realizamos el
trueque de recursos. El luche, mariscos, centollas y jaibas lo vamos cambiando
por víveres que están haciendo falta dentro de la comunidad”, cuenta Marcia
Nahuelquín, presidenta de la organización territorial.
La dirigenta nos cuenta
que, hace más de 50 años, llegó por primera vez su abuelo con su padre, para
trabajar en las faenas madereras de isla Traiguén.
La habitual vida
isleña se interrumpió, hace 2 años, cuando la comunidad se enteró que un
coronel de ejército, llamado Diego Jiménez, había adquirido la isla en el año
2008 y luego la vendió en su totalidad a la empresa turística CIFCO, es decir,
sus 44.600 hectáreas.
Al poco tiempo,
CIFCO, ya propietaria de isla Traiguén,
descubrió la existencia de las numerosas familias instaladas allí, quienes
habían presentado un proyecto al Fondo de Protección Ambiental (FPA) para la
construcción e instalación de una
turbina para la generación de energía eléctrica.
La comunidad
Nahuelquín no se explica cómo un militar pudo haber adquirido tanta cantidad de
tierras y luego no tuvo ningún inconveniente para vendérselas a una empresa
particular.
“Todo fue muy
fraudulento. La isla Traiguén pertenece a la
región de Aysén y la venta la hizo un señor del ejército en Santiago,
inscribiéndola en Puerto Cisnes. Hemos pedido a senadores que nos colaboren en
el tema. No creo que el ejército chileno tenga competencia como para vender un
terreno fiscal”, señala Mónica Nahuelquín, secretaria de la comunidad.
A quién recurrir
El panorama es adverso.
La comunidad señala que no harán abandono de los terrenos a pesar que, en la
actualidad, la empresa CIFCO tiene demandada a las familias para que hagan
abandono de la isla. Lo que los habitantes están pidiendo al Estado es la
entrega de 3000 hectáreas del tamaño total de la isla.
Marcia Nahuelquín
nos cuenta que, en la búsqueda de soluciones, han conversado con todo tipo de
autoridades que no han cumplido con los compromisos que han contraído con la
comunidad:
“La ex ministra de
Bienes Nacionales, Catalina Parot, se comprometió a entregar la totalidad del
borde costero de la isla Traiguén a la comunidad. Se suponía que eso iba a
realizarse el año que pasó pero, hasta el día de hoy, no hemos tenido respuesta
y no hay nada concreto. Para desarrollarnos necesitamos un documento que
acredite la propiedad que tenemos sobre
el borde costero”.
También realizaron
una solicitud de Espacio Costero Marino (ECMPO), bajo la ley 20.249. Fue
presentada en 2008; fue timbrado y recibido pero jamás se hizo el trámite
dentro del servicio. La misma solicitud se efectuó en el mes de abril del año
pasado, “En esta región no se consideran las normativas de las leyes indígenas
y tampoco se ve voluntad por avanzar en estas temáticas”, señala la dirigente.
“Hemos pedido cita
con el presidente cuando vino a la región y no nos recibió; nos siguen
postergando. Hasta el momento estamos decepcionados de las instituciones
gubernamentales encargadas de revisar este tema”, enjuicia Marcia Nahuelquín.
Hallazgos
arqueológicos
No es lo único. En
el lugar también existen hallazgos arqueológicos pues se han encontrado
osamentas y lanzas que dan cuenta de la presencia antigua de pueblos chono y
huilliche.
“En la isla, de la
cual nosotros tenemos posesión, hay un hallazgo arqueológico del año 1800,
que la comunidad está trabajando con
Monumentos Nacionales para relevar el valor arqueológico y cultural del lugar.
Se trata de osamentas de larga data que prueban la presencia antigua de pueblos
originarios, antes que llegara nuestra comunidad”, explica Marcia Nahuelquín.
Lo ocurrido con
CIFCO es, para las familias de la comunidad, una clara vulneración de derechos.
Por eso han apelado a convenios internacionales que ha suscrito Chile, como el
convenio 169 de la OIT:
“(Este) respalda
nuestro modo de vida en cuanto al uso consuetudinario que le hemos dado el
borde costero pues creemos que existe una clara discriminación y negación de
nuestra existencia”.
Parásitos
Otro de los temas
que preocupa a la comunidad Nehuelquín es la aprobación de la Ley de Pesca y el
avance de la salmonicultura, cuya agudización consideran la muerte segura para
mucha gente que vive en el litoral, fundamentalmente a causa de la
contaminación que generan los centros de cultivo:
“Antes no existían
los centros de cultivo. Cuando llegaron las salmoneras, el robalo desapareció.
Cada vez nos vemos más perjudicados con este sistema nefasto que privilegia los
intereses económicos por sobre las necesidades de las comunidades costeras”,
manifiesta Marcia Nahuelquín.
Según la dirigenta
de la comunidad, las empresas salmoneras presentes en Isla Traiguén y los
canales australes, “no hacen ningún aporte a la región pues todo lo traen de
Puerto Montt; es un parásito que se está alimentando del territorio y nuestros
recursos”, remata.
Peligro en el borde
costero
En el mensaje
presidencial, realizado en el mes de julio del año pasado, para dar inicio al
Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas,
Sebastián Piñera manifestó la clara intención del ejecutivo por otorgar al
ministerio de Bienes Nacionales mayores facultades en cuanto al manejo y
gestión de estos espacios:
“Desde un punto de
vista jurídico, el concepto de Borde
Costero no ha sido desarrollado por la legislación chilena sino que sólo existen
disposiciones dispersas en diferentes textos normativos que hacen alusión al
tratamiento de esta unidad geográfica, otorgando facultades y atribuciones a
diferentes organismos, lo cual ha impedido una administración ordenada,
coherente territorialmente y razonable”, sostuvo Piñera, en su discurso, de
acuerdo al documento correspondiente existente en la biblioteca del sitio web
de la cámara de diputados.
En esa oportunidad,
el presidente puntualizó que, hasta la fecha, ha sido el Ministerio de Defensa
Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el encargado
de la tramitación y otorgamiento de las concesiones marítimas sobre bienes
nacionales de uso público y bienes fiscales existentes en el Borde Costero y,
también, en los lagos y ríos navegables por buques de más de cien toneladas.
Sin embargo, añadió, “esta competencia ha obedecido más a razones históricas
que a los objetivos y competencia propios de dicho Ministerio”.
Todo legal
Para Héctor Kol,
biólogo e investigador acuícola la situación es grave. El traspaso de la
jurisdicción del borde costero desde el Ministerio de Defensa a Bienes
Nacionales permite el despojo de comunidades costeras en favor de empresas
salmoneras y todo tipo de industrias:
“Bienes Nacionales
está llamando a licitar el 25% del territorio nacional; en cualquier otro país
del mundo esto sería una situación escandalosa”, explica.
Otro dato no menor
es que CIFCO, empresa de inversiones turísticas, que compró la isla Traiguén,
posee vínculos estrechos con la industria salmonera. “CIFCO es el brazo del
grupo Ergas que se dedica a proyectos de turismo e intereses especiales. Ahora
CIFCO tiene una vinculación directa con la industria salmonera”, revela Kol,
“ya que su ex gerente Cristian Moreno, pasó a ser el nuevo gerente de
SalmónChile”.
Según el
especialista, con el nuevo reglamento, “se pueden pasar por alto concesiones
acuícolas , entonces te puedes hacer dueño de una bahía, fiordo o un canal
completo. Tenemos un estado neoliberal deformado por el afán de lucro,
cualquier tipo de derecho es un bien de mercado, como el acceso al mar. Todo es
legal y el parlamento hace que todo este tipo de abusos sean legales”, concluye
Kol.
Enviado al correo de la radio.
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