Se trata de un paso decisivo en las conversaciones de paz de La Habana
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Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARChan dado un gran paso al llegar a un acuerdo en el espinoso punto de la participación en política del grupo subversivo una vez deje las armas. Lo importante de este acuerdo, que es el segundo punto de una agenda de seis, es que las partes ponen sobre la mesa un eventual escenario de postconflicto, en el que el Estado colombiano garantizará que la guerrilla y la oposición puedan ejercer libremente la política. Un avance trascendental para un país que lleva 50 años de conflicto armado interno.
Después de acelerar el ritmo, que incluyó ampliar el actual ciclo de negociación, presionados por mostrar resultados y con una oposición respirándole en la nuca al Gobierno, ayer se presentó en La Habana un comunicado conjunto en el que revelaron algunos de los acuerdos convenidos. La participación se centra en las garantías políticas que tendrá la oposición y en especial el movimiento político que nazca tras la firma del fin del conflicto, así como el acceso a los medios de comunicación.
Estos anuncios ayudarán a mejorar el optimismo de los colombianos sobre un proceso que ha venido perdiendo apoyo y se ha convertido en el principal tema de campaña de la oposición, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza. Sin embargo, falta mucho por recorrer y definir cómo se harán realidad estos acuerdos, que se están concretando en momentos previos a las elecciones presidenciales de 2014, y cuando se espera que Santos anuncie si se lanza o no a la reelección.
Las partes fueron cautas al recordar una de las máximas del proceso de negociación: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
El jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, explicó que con este avance se logra “convenir un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese espacio se le dé vida al estatuto para la oposición”, un tema pendiente desde hace años. Para hacerlo realidad se convocará a portavoces de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que a su vez facilite la participación de movimientos sociales y académicos.
Después de las primeras elecciones en un escenario de paz se creará una misión de expertos que revisará el régimen electoral. Tras la firma del acuerdo final se formarán circunscripciones (regiones) electorales transitorias en “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” de las que se elegirán escaños para la Cámara baja y que contarían con un acompañamiento para garantizar la libertad de los electores. Acordaron además el fortalecimiento en la transparencia de procesos electorales en zonas que tradicionalmente son vulnerables al fraude, así como un sistema integral de seguridad para ejercer la política.
Lo que queda claro tras la aprobación de este punto en la agenda de negociación es que, si se llegara a firmar un acuerdo de paz, el primer escenario político al que aspira la guerrilla es a sentarse en la Cámara de Representantes.
Este punto también toma especial relevancia porque busca ofrecer seguridad a los desmovilizados que se integren en política. En los años ochenta, tras los acuerdos de paz ente las FARC y el entonces presidente, Belisario Betancur, surgió el movimiento político Unión Patriótica. El partido fue sometido a un exterminio con el asesinato de más de 3.000 de sus militantes.
Las FARC han pedido garantías de que no se repita algo como la aniquilación del partido Unión Patriótica
“Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia… promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales”, dice el comunicado. Según los negociadores, con la participación ciudadana se busca “empoderar a los ciudadanos”. “El acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas que incluyen la movilización, la protesta y la convivencia pacífica en un contexto de democracia ampliada”.
Llama la atención que las partes ya estén discutiendo sobre cómo será el postconflicto, en especial en zonas afectadas por la confrontación. Para eso acordaron crear consejos territoriales que promuevan la reconciliación y la convivencia de los desmovilizados o de los partidarios de las FARC. “Promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos”, señalaron en el comunicado.
Esos consejos territoriales acompañarían a las autoridades locales en la implementación del acuerdo para el fin del conflicto. Además, contemplan que se establezca un plan de apoyo para promover observatorios de transparencia. “Estamos buscando la reconciliación. Que la política esté libre de la intimidación y la violencia. Nunca más política y armas juntas. Pero también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz estable y duradera”, dijo De La Calle.
Un calendario de negociación plagado de difíciles desafíos
E. REYES
El acuerdo sobre las condiciones de participación en política de los guerrilleros de las FARC una vez desmovilizados es el segundo punto de una agenda de seis que componen la hoja de ruta de la negociación con el Gobierno de Colombia. Las conversaciones han tardado un año en llegar hasta aquí, con presiones para acelerarlas lo más posible por parte de un Gobierno que prometió una negociación rápida y que se ve cada vez más cerca de las elecciones de 2014. Lo que viene ahora en la agenda de negociación no es nada fácil: un acuerdo para frenar el narcotráfico; el reconocimiento y reparación de las víctimas; y la forma en que se articulará la desmovilización de la guerrilla para dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
Colombia y Perú son los mayores productores de drogas del mundo y las FARC han sido acusadas reiteradamente de estar involucradas en este negocio ilegal para financiar su guerra. En este punto de la agenda —cuya discusión se iniciará el próximo 18 de noviembre— los negociadores deben hablar sobre cómo implementar programas de sustitución de cultivos y recuperación ambiental de zonas afectadas, así como planes de prevención del consumo y salud pública, según el documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que sirve de hoja de ruta.
Quedaría pendiente entonces cómo resarcir a las víctimas de la violencia y un relato de la verdad sobre los crímenes que se han cometido en 50 años de conflicto armado, tanto por parte del Estado colombiano como por la guerrilla. A finales de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció su parte ante el Tribunal Constitucional: “En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, dijo. Las FARC, por su lado, han venido haciéndolo poco a poco, moderando su posición inicial de no reconocer sus crímenes.
El otro punto de la agenda de negociación, y quizás el que más polémica ha provocado en Colombia, es cómo la guerrilla se desmovilizará y dejará las armas para hacer el tránsito a la política. Las FARC han dicho que no están dispuestas a pagar un día de cárcel por sus crímenes, mientras que la oposición colombiana, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ha insistido en que la única forma en la que aceptarían una paz sería viendo a los jefes de esa agrupación subversiva en la cárcel. Según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, en caso de una desmovilización, serían cerca de 8.000 hombres en armas, más otros tantos civiles que forman parte de las llamadas milicias urbanas de esa agrupación.
El punto final de discusión es el mecanismo con el que se refrendarán los eventuales acuerdos que se firmen en Cuba. Por una parte, el Congreso de Colombia ya aprobó una modificación de la actual legislación que permitiría realizar un referéndum sobre un eventual acuerdo el mismo día de las elecciones, lo que garantizaría una mayor participación. Sin embargo, la guerrilla ha insistido en que para ellos el mejor mecanismo es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Esta posibilidad ha sido rotundamente rechazada por el Gobierno.
El principal temor que se cierne sobre la negociación es que el próximo año hay en Colombia las elecciones presidenciales y parlamentarias, y ya varios candidatos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, en campaña al Senado, y su protegido para la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, han pedido públicamente que se termine el proceso de paz de La Habana.
El próximo 18 de noviembre se cumple un año del inicio de las negociaciones, fecha que coincide con la decisión de Santos de lanzarse a un segundo período, y en el que la paz será un tema crucial de la campaña electoral.
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