Michel Jorratt no está ratificado como director titular del SII y desde La Moneda se lo han recordado. El mensaje es parte del lobby para que no facilite la investigación penal a SQM. La Fiscalía también ha recibido llamados a actuar con “responsabilidad” en un proceso que puede salpicar a todo el arco político. La empresa, asesorada por Enrique Correa, ha recurrido a todas las vías para bloquear la arista penal. El recurso ante el Tribunal Constitucional abrió una nueva controversia: uno de los ministros que firmó la resolución, Cristián Letelier, fue abogado defensor en la misma causa.
Transitorio y provisional (T y P, en la jerga burocrática) es el cargo que ocupa Michel Jorratt como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) desde marzo de 2014. Eso significa que mientras ejerce sus funciones, un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública busca al titular. Si bien es bastante habitual que en los cargos estratégicos el directivo T y P sea parte de la terna que recibe el Presidente y termine ratificado, en las últimas semanas el gobierno ha hecho sentir en el SII que Jorrat no tiene nada asegurado. La interpretación del mensaje es una sola: que su futuro depende de las decisiones que tome respecto a SQM.
Jorratt se encuentra con dos frentes abiertos. El primero, la presión del Ministerio Público al director del SII para que haga las denuncias judiciales referentes a irregularidades en boletas y facturas pagadas por SQM que habrían financiado ilegalmente campañas políticas, lo que permitiría a la Fiscalía abrir la contabilidad completa de la empresa de Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2014. Esa posibilidad ha causado inquietud en el mundo político, donde se multiplican los rumores acerca de que, aparte de los políticos ya mencionados hasta ahora, serían decenas los candidatos financiados irregularmente y todos los sectores quedarían expuestos. De allí surge el segundo frente: las presiones desde el Ejecutivo sobre Jorratt para que impida que la investigación de la Fiscalía a SQM salpique a todo el arco partidario.
Michel Jorratt
Según se comenta en el SII, importantes personeros del gobierno han impulsado una búsqueda particularmente exhaustiva de profesionales de alto perfil capaces de desafiar a Jorratt en el cargo, como una forma de intentar alinear al actual director con una política moderada respecto de investigar ilícitos tributarios de SQM. El nombre que más suena entre los funcionarios del SII es el del ex subdirector de Fiscalización de ese servicio Benjamín Schultz, que sería impulsado desde La Moneda. Eso sí, El Mercurio publicó en enero que Schultz habría rechazado postular, pero el proceso de selección es reservado y no fue posible confirmar la información. Sólo se sabe que el viernes 13 de marzo, el Consejo de Alta Dirección Pública decidió entrevistar a seis candidatos.
Una persona cercana a Michel Jorratt asegura que el director del SII siente cómo le respiran en la nuca y sabe que no tiene una salida segura: si se querella contra SQM, lo que daría luz verde a una indagatoria amplia de la Fiscalía, es probable que lo remuevan del cargo; si no lo hace, quedará para siempre marcado como el hombre que operó para evitar el juicio al controlador de la empresa, Julio Ponce Lerou, y a un número indeterminado de actores políticos.
La misma fuente asegura que pese a lo complejo de la situación, ya el lunes 16 Jorratt tenía el convencimiento de que iniciar acciones judiciales contra SQM era el camino que debía seguir, decisión que habría mantenido al menos hasta este miércoles 18. Las fechas son importantes en esta historia, pues es una guerra legal donde el escenario varía cada día y nada asegura que Jorratt no cambie de opinión o se vea bloqueado de alguna forma.
Las presiones, en todo caso, no sólo han ido dirigidas hacia Jorratt. Desde La Moneda, también han enviado mensajes al Ministerio Público. Partieron pidiendo “responsabilidad “en la investigación que lleva a cabo y luego, derechamente, invocando razones de Estado ante la magnitud de las revelaciones de financiamiento ilegal que podría generar la arista SQM.
Con Jorratt horquillado entre el gobierno y el Ministerio Público, SQM ha desplegado una estrategia que busca que el SII resuelva administrativamente cualquier irregularidad tributaria que le sea detectada, evitando así el camino penal. En primer término, el gerente general de SQM, Patricio Contesse, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para detener la investigación de la fiscalía, lo que congeló la incautación de la documentación por lo menos hasta el próximo 25 de marzo (ver recuadro). En segundo lugar, la empresa entregó al SII la documentación de su contabilidad que reclamaba la Fiscalía.
Todas estas jugadas buscaban dilatar el trabajo del Ministerio Público, que tiene el tiempo en contra, pues el 30 de abril prescriben los eventuales delitos cometidos durante el año tributario 2009. Los rumores que se acrecientan en el SII indican que es precisamente en el segundo semestre de ese año, cuando se desarrollaron elecciones presidenciales y parlamentarias, donde se encontrarían decenas de supuestos aportes irregulares de SQM a campañas, tanto de candidatos oficialistas como de la oposición.
Este miércoles 18 pareció abrirse una válvula que libera algo de presión sobre Jorratt y abre una vía alternativa para que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación a pesar del bloqueo del TC y las movidas de SQM. Temprano en la mañana, el fiscal nacional Sabas Chahuán envió un oficio pidiendo formalmente a Jorratt la documentación contable recibida por el SII de manos de SQM, la que debe ser entregada en un plazo de 48 horas.
El escrito de Chahuán especifica que no busca delitos tributarios, sino que podría haber apropiación indebida o cohecho, entre otros ilícitos. La solicitud buscaba poner a Jorratt entre la espada y la pared, obligándolo a tomar una decisión. Sin embargo, la respuesta no fue defensiva. De acuerdo aLa Segunda, la primera reacción del subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, fue mostrarse dispuesto a acceder a la solicitud y entregar los documentos requeridos: “No vamos a participar de ninguna maniobra que entorpezca la investigación de la Fiscalía respecto a SQM o de cualquier otra empresa”.
En este escenario, en el mundo político advierten que ya hay algunos personeros de gobierno que estarían dispuestos a dar un giro en la decisión de frenar a toda costa la investigación de la Fiscalía. Resulta evidente que para la opinión pública es impresentable que se bloquee la entrega de la información para intentar tapar una investigación que podría afectar a políticos de todos los sectores.
EL FACTOR LETELIER
La tarde el lunes 16, antes de que SQM enviara un pendrive con información contable al SII, Jorratt había dado luces ante sus cercanos de que se inclinaría por presentar una querella que le permitiera a la Fiscalía ampliar la investigación sobre SQM. Pero esa tarde, todo se precipitó. Ante la inacción del SII, el Ministerio Público había dado señales de que pediría a una autorización judicial para incautar la contabilidad de SQM, por lo que el gerente general de la compañía, Patricio Contesse, se adelantó y presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir cualquier acción de la fiscalía sin una querella previa del SII.
Cristián Letelier
Con una premura inusual para el TC y que encendió inmediatamente las alarmas en el Ministerio Público, el presidente de la segunda sala de ese tribunal, Carlos Carmona (funcionario clave de la Secretaria General de la Presidencia en los gobiernos de la Concertación), puso el asunto en tabla para el día siguiente. Y este martes 17, de manera unánime, la misma sala decidió admitir a trámite el recurso y prohibir al menos hasta el próximo 25 de marzo, cualquier medida intrusiva sobre SQM. Si bien el Ministerio Público pidió la orden de incautación el mismo lunes 16, el dictamen del TC llegó antes que la respuesta del juez.
El pronunciamiento del TC escondía otra arista controversial: uno de los ministros que participó de la resolución es el ex diputado UDI Cristián Letelier. Ya fue fuertemente criticado después de su nombramiento en enero pasado, entre otras cosas porque aparece en un email de la investigación del caso Penta, en que le pide a Carlos Alberto Délano –uno de los dueños del holding– financiamiento para la campaña de Pablo Longueira. Pero ese correo electrónico no es su única huella en la carpeta de la investigación a Penta: Letelier figura como abogado de la secretaria del ex diputado Alberto Cardemil, Paula Rojo, y como tal tuvo acceso a los documentos de la indagación.
Cualquiera de las partes que va a intervenir en la audiencia fijada por el TC podría pedir la inhabilidad de Letelier y, en caso de que no se allanara, recusar su participación en la sala. Se habla incluso de posible prevaricación y de anular la resolución que admitió a trámite el recurso. Quienes han estudiado esta controversia legal, indican que Letelier no puede argumentar que la investigación de Penta –en la que intervino como abogado– es distinta a la de SQM, pues ambas son parte de una misma causa, que en nomenclatura de la fiscalía se identifica con el RUC 1400637392-6.
EL PAPEL DE CORREA
En el diseño de sus jugadas para bloquear la investigación de los fiscales, Ponce Lerou ha contado con los consejos del lobista Enrique Correa, que como siempre ha actuado en las sombras. El dueño de la agencia Imaginacción asesora también al grupo Penta y sigue siendo una de las personas influyentes dentro de la ex Concertación. En el SII lo apuntan como uno de los ideólogos de trasladar el peso del futuro del caso hasta los hombros de Jorratt, cuando este lunes 16 de marzo SQM le entregó a Impuestos Internos los antecedentes contables que le había negado al Ministerio Público.
Es en el SII, explica un ex asesor legal del gobierno, donde Correa tiene posibilidades de influir, mientras que en el Ministerio Público pierde todo el control. “En una investigación administrativa (en el SII) se conversa, se negocia y se puede presionar”, acota la misma fuente.
Siempre cuidadoso de su bajo perfil, no está claro de qué forma ha influido Correa, pero se le menciona como uno de los que ha movido sus piezas en La Moneda, donde también habrían operado algunos parlamentarios –en especial del PPD, pero también de otros partidos oficialistas y de oposición–, temerosos de verse salpicados por un escándalo de financiamiento ilegal. La puerta de entrada del lobby sería el Ministerio del Interior, con una escala en Hacienda y desde ahí vía directa hasta la oficina de Michel Jorratt.
Enrique Correa
Durante el caso Cascadas, en el que Ponce Lerou recibió una millonaria multa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aún está siendo investigado penalmente, Correa intentó mantenerse al margen y desmintió haber hecho asesorías en ese proceso. En noviembre de 2013, el entonces gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, su hijo Carlos Correa Bau –quien actualmente es director (s) se la Secretaría de Comunicaciones del gobierno– “aclaró” a El Mercurio que la consultora llevaba la cuenta de SQM, pero que “SQM y Cascadas son empresas distintas”. Descartó además la participación de la consultora en la decisión de pedir a la SVS que investigara presuntas operaciones del entonces Presidente Sebastián Piñera. Y cuando Enrique Correa fue invitado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, declinó: “Como es de público conocimiento, nunca he sido asesor del señor Julio Ponce Lerou”.
Más allá de las formalidades con que Imaginacción buscaba desmarcarse del caso, CIPER pudo confirmar que Enrique Correa jugó un rol clave en el diseño de la estrategia para enfrentar la investigación sobre las Cascadas de SQM. Ha participado, por ejemplo, en reuniones de Ponce Lerou con los abogados que lo han asesorado. “Recomienda cómo enfrentar el tema mediático, dónde apretar o golpear, y tiene mucha ascendencia sobre Ponce”, comenta alguien que lo ha visto en acción y que asegura que junto al abogado Darío Calderón, Correa es una de las personas a las que Ponce Lerou presta más atención.
EL ASESOR TRIBUTARIO
Si Correa lleva las riendas políticas y comunicacionales, en el SII identifican al abogado Pablo González Suau como el cerebro detrás del diseño tributario de SQM y quien habría cargado el pendrive con información contable que esa empresa entregó el lunes 16 a Impuestos Internos. González confirmó a CIPER que es asesor tributario externo de SQM, pero respecto de su eventual participación en la recopilación de los documentos contables, señaló que no puede referirse a los términos en que se desarrolla su asesoría, pues, en su calidad de abogado, es una labor que estaría protegida por el secreto profesional.
A través de un comunicado, el SII ya informó que la información contable recibida es incompleta. Profesionales del servicio agregaron que además se considera una autodenuncia, la misma interpretación que da el Ministerio Público. González lo descartó de plano, pues asegura que sólo se entregó información de carácter general sin señalar si en ella hay alguna diferencia con Impuestos Internos. Si después de una revisión la hubiera, agregó González, la documentación se puede ampliar, para precisar o corregir las diferencias, por lo que el abogado no concuerda con que la información aportada sea incompleta.
Al representar a SQM ante el SII, el abogado González Suau pisa terreno conocido. Durante cuatro años, entre 2006 y 2010, se desempeñó como subdirector jurídico de ese servicio, cuando éste era dirigido por Ricardo Escobar, con quien formó una dupla afiatada.
Pablo Gonzalez Suau
Por estos días Escobar ha aparecidoentrevistado en los medios como ex directordel SII, opinando que en términos de recaudación tributaria es más eficiente cobrar las diferencias de impuestos no pagados que iniciar una serie de juicios penales, que por lo demás no terminarían con los políticos acusados en la cárcel. Su visión responde a la evaluación que tradicionalmente ha hecho servicio, donde se evita llegar a la vía judicial, pero no toma en cuenta que se está frente a una situación extraordinaria que involucra una arista política de alta connotación pública. Llama la atención, además, que al hablar de SQM Escobar no mencione que su actual socio en el estudio Bofill y Escobar Abogados, el penalista Jorge Bofill, ha sido defensor de Ponce Lerou en el caso Cascadas y representa a tres de los formalizados en el caso Penta.
González Suau concuerda con la mirada de Escobar sobre cómo debiera actuar el SII. Al igual que su ex jefe, tras dejar el servicio González se ha dedicado a las asesorías tributarias. Formó su propio estudio: Sapag & González. Los asuntos tributarios son el fuerte del bufete, que si bien no es muy conocido públicamente, ya aparece en la carpeta de la investigación que dirige el fiscal nacional Sabas Chahuán.
Sapag & González Abogados figura en la investigación principal del caso Penta, mencionado en un email que le envió en mayo de 2012 el gerente de Finanzas de Penta Las Américas, Jorge Leyton, al gerente general de esa misma empresa, Horacio Peña, socio histórico y hombre de confianza de los dueños de Penta: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Del correo electrónico se desprende que Sapag & González eran asesores tributarios del grupo y que hicieron recomendaciones que permitieron disfrazar los bonos que se pagaban a los altos ejecutivos, de modo de burlar el pago de impuestos:
“Revisé lo referente a la forma de pago de los bonos del rol privado con los tributarios (Sapag & González Abogados) y con Jorge Castro, pues conversé ya con todos los ejecutivos del rol privado y todos prefieren utilizar por última vez la forma de boletas de honorarios (que entiendo que es lo aprobado por Penta por este año por última vez según lo conversáramos). Dicho eso, los tributarios recomendaron generar contratos y documentación de sustento que deje trazas de los trabajos realizados en aquellos casos que los emisores tengan relación con el giro de los negocios (inmobiliario, hotelero, fondos). En el caso de personas cuya profesión no contribuyese al giro del negocio directamente se propone generar pagos como comisiones de venta de propiedades a través de Penta Propiedades”.
Los controladores de Penta contaban así con la asesoría de alguien que conocía por dentro el funcionamiento del SII y sabía que para que la operación no fuera detectada, había que buscar una forma de que los bonos parecieran servicios prestados a la empresa. La idea fue un éxito, hasta que explotó el llamado “fraude al FUT”, que derivó en la investigación a Penta, de la que luego se descolgó la arista SQM.
Todos los movimientos políticos, judiciales y administrativos en torno a bloquear la investigación sobre los posibles ilícitos que encierra la contabilidad de SQM, adquirieron un nuevo pulso dramático por la crisis que se ha desatado en el seno de la propia empresa. Su directorio se quebró con la renuncia de los representantes de la canadiense Potash Corp, propietaria de un tercio de la compañía, quienes argumentaron que la empresa bajo el control de Ponce Lerou no permitió una “investigación exhaustiva, transparente e independiente” y se ha negado a cooperar con el Ministerio Público. A ello se sumó el desplome en el precio de las acciones de SQM, cuyas transacciones fueron suspendidas este miércoles 18 tras experimentar una baja de 12,46%.
EL ROL INCIERTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuando la tensión entre el Ministerio Público y el SII llegaba al máximo, el escrito presentado por Patricio Contesse ante el Tribunal Constitucional vino a convulsionar aún más el ambiente. Primero, por la rapidez del TC al decidir revisar al día siguiente –martes 17– si se admitía a trámite el recurso. En segundo término, por la decisión de ese tribunal de prohibir la incautación del material contable de SQM, que ya había solicitado la Fiscalía, al menos hasta una audiencia fijada para el miércoles 25 de marzo, cuando el TC revisará la admisibilidad del requerimiento . Y todo con el tiempo en contra, pues a los eventuales delitos de 2009 podría aplicárseles la prescripción el próximo mes.
“No compartimos el requerimiento, la resolución es transitoria, suspende la medidas intrusivas de la investigación, vale decir aquellas que requieren de autorización judicial, de manera tal que continuaremos ejerciendo las facultades de la Fiscalía”, dijo el fiscal nacional Sabas Chahuán tras la resolución del TC.
Quienes conocen a los cinco ministros que integran la Segunda Sala del TC –Carlos Carmona, Iván Aróstica, Gonzalo García, Cristián Letelier y María Luisa Brahm– auguran desde ya una votación dividida. Además, advierten que la admisibilidad podría ser parcial, es decir, acoger sólo parte del requerimiento. En cualquier escenario, la incertidumbre es total.
Es que se trata de un recurso inusual, o en palabras de un constitucionalista, “inédito y de naturaleza controversial”. Por un lado, se pide la inaplicabilidad de ciertos artículos del Código Procesal Penal, específicamente aquellos que permiten al Ministerio Público realizar diligencias y que a juicio del abogado de Contesse, Samuel Donoso (antiguo dirigente del PPD cercano al senador Guido Girardi), deben contar con la “habilitación” del SII, lo que afectaría las garantías constitucionales del imputado.
Se pide además que se declare que el director del SII es el que tiene la facultad de hacer una denuncia o querella tributaria, de modo de impedir que el Ministerio Público pueda investigar a Contesse si el SII no lo habilita expresamente para eso. Según los expertos, la solicitud de inaplicabilidad de algunos artículos es materia de revisión habitual del TC, pero respecto al rol del SII se pisa un terreno desconocido.
Otro punto que llama la atención es el timing del requerimiento. Según se aprecia en el escrito, fue ingresado al TC a las 16:39 del lunes 16 de marzo. A las 18:18 del mismo día, la Superintendencia de Valores dio a conocer que el directorio de SQM había decidido poner fin al contrato de Patricio Contesse como gerente general de SQM (justamente por una controversia interna por su forma de enfrentar el caso). Quiere decir que si bien cuando recurrió al TC era el representante legal de SQM, ya no lo es, y como hace ver un abogado constitucionalista, el recurso se refiere a documentación de la empresa, no de Contesse.
Eso podría explicar, según el mismo experto, un escrito presentado por el abogado Donoso al día siguiente, para “aclarar” el requerimiento que había ingresado menos de 24 horas antes: en el nuevo documento se busca certificar que Contesse tiene calidad de imputado en la denominada “arista SQM” y que, como tal, declaró ante la fiscalía el 9 de febrero pasado. De esta forma, se buscaría acreditar que Contesse, aunque ya no forma parte de SQM, se vería afectado de manera personal por la investigación de la Fiscalía.
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