En noviembre de 1980, en plena Dictadura Cívico-Militar y entrando a la década de las grandes privatizaciones en Chile, José Piñera atacó nuevamente a la clase trabajadora, creando las Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP, instituciones que se convirtieron en un negocio redondo para la clase empresarial y que hoy en día están totalmente ilegitimadas.
En la década del 80’, en plena Dictadura Cívico-Militar y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, y con esto, el terreno propicio para que la clase empresarial y sus políticos convirtieran todo derecho fundamental en un negocio redondo. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad al momento de jubilar, pasaron a transformarse en millonarias ganancias que definitivamente no benefician a las familias trabajadoras: las AFP.
Corría el mes de noviembre de 1980 cuando José Piñera, creador también del anti-obrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.
Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, lo cual no rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los que tienen sistemas de pensiones y cotizaciones en base a la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, lo cual no rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los que tienen sistemas de pensiones y cotizaciones en base a la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
¿Cómo es el funcionamiento de las AFP? Cada vez que los trabajadores llegan a su décimo día del mes, el 10% de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente, es decir, alrededor de $22.500 mil (tomando como base el salario mínimo establecido) pasan a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo. Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, que reciben la suma de US$41.500 millones.
Pero, eso no es todo. Las AFP no sólo ‘administran’ el dinero de miles, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. En palabras del economista Gonzalo Durán “las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos, prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25% (…) Un negocio redondo. El 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del sueldo mínimo” (Publimetro, 13 de marzo de 2015).
Según el investigador Marcos Kremerman “el 90% de los pensionados con pensión programada recibe pensiones inferiores a $144.000”, mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de $1 millón. En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% recibe menos de $147 mil, mientras que el 87% de los hombres gana dicho monto.
Esta brutal realidad afecta a la mayoría de la población trabajadora, la que gana un mísero salario mínimo de $225 mil, en un contexto de profundo cuestionamiento hacia las instituciones del régimen político y la clase empresarial. Al mismo tiempo que por los medios de comunicación se ve cómo políticos de derecha y empresarios son encontrados culpables de fraudes, corrupción y robos, personeros de la Nueva Mayoría tampoco se pueden librar de estos cuestionamientos.
Esta brutal realidad afecta a la mayoría de la población trabajadora, la que gana un mísero salario mínimo de $225 mil, en un contexto de profundo cuestionamiento hacia las instituciones del régimen político y la clase empresarial. Al mismo tiempo que por los medios de comunicación se ve cómo políticos de derecha y empresarios son encontrados culpables de fraudes, corrupción y robos, personeros de la Nueva Mayoría tampoco se pueden librar de estos cuestionamientos.
Por su parte, el gobierno de Michelle Bachelet en junio del año pasado, presentó un proyecto de AFP estatal, la cual se formaría como una sociedad anónima compuesta por el 1% de aporte del Fisco y un 99% de parte de la Corfo, y se regiría por las mismas condiciones que el resto de las AFP, exceptuando la prohibición de invertir con personas relacionadas.
Pese al anuncio del Gobierno, se han realizado diversas movilizaciones que buscan eliminar el actual sistema de pensiones heredado de la Dictadura. Las manifestaciones han sido convocadas principalmente por el movimiento No + AFP, que pretende “instalar en el debate la propuesta de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones, o en su defecto, permitir que existan más alternativas y crear un sistema mixto que contemple el mecanismo de reparto”.
Hace cuatro días en Concepción, el movimiento mencionado, realizó una actividad de difusión e información en la Plaza de Tribunales de la ciudad, donde se dio énfasis en la necesidad de conquistar “un sistema de reparto solidario y tripartito”.
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