A pedido del gobernador Roninson Faria, Temer envía tropas del Ejército al estado de Rio Grande do Norte, para garantizar la “seguridad” de la ciudad.
Un problema social enorme que afecta a las cárceles brasileras superpobladas y que condenan a miles de personas a un trato infrahumano, se expresa en forma brutal en Rio Grande do Norte (RN). Los presidios se han transformado en verdaderos campos de concentración, en los cuales se encuentran aglomerados casi exclusivamente personas de bajo poder adquisitivo y negros. No es difícil observar el contraste entre la mayoría de la población carcelaria brasilera y los detenidos por la Operación Lava Jato en el país que, muchas veces a través de negociaciones con la justicia, logran cumplir sus condenas en residencias de lujo, como ocurre en la actualidad con el ex director de Transpetro, Sérgio Machado.
Mientras tanto, los “representantes del pueblo”, del poder Ejecutivo y Legislativo del país, no tienen otra medida que ofrecer además del aumento de las condenas, que la militarización de la vida social con el fin utópico de resolver cuestiones de “seguridad”.
Desde el viernes (29), diferentes ciudades de Rio Grande do Norte (RN), incluyendo Natal, están en una situación altamente conflictiva. Una medida represiva, presentada como administrativa, así como sanciones disciplinarias presentadas como pautas de evaluación de los presos en la Parnamirim (RN), detonaron la crisis. La medida administrativa consistía en colocar bloqueadores de celulares en la prisión de Parnamirim. El gobernador de Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), afirmó que “no hay crisis, se trata de un problema nacional.” A pesar de estas declaraciones, declaró el estado de emergencia en la noche del mismo viernes, en su Gabinete de Gestión integrada, y decidió acudir al Ministerio de Justicia para controlar la situación.
Los ataques de los detenidos consistirían en incendios de ómnibus, que dejaron de circular el domingo en varias ciudades del Estado y en la capital Natal (RN), así como ataques contra objetivos de la Policía militar y edificios públicos. Frente a esta situación, el hecho político más importante es que el gobernador Robinson Faria solicitó ayuda al golpista Michel Temer, quien autorizó el envío de tropas al Estado, respaldando el pedido del gobernador. Una salida represiva para los problemas sociales profundos, producto de la barbarie capitalista, que fortalece tanto los aparatos represivos del Estado como a las propias fracciones criminales que se busca combatir.
Se necesita una salida de fondo
Se necesita una salida de fondo
La militarización del Estado de Rio Grande do Norte no es la solución, no enfrentará al narcotráfico sino que será utilizada para aplicar "correctivos" a los jóvenes que se atrevan a desobedecer las órdenes de las fuerzas represivas. La militarización sólo refuerza la acción ilegal del llamado "Estado de Derecho", a través de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones en los cuarteles y comisarías. Será en los barrios más pobres donde se profundizará la sangrienta política represiva del Estado y la juventud negra sufrirá aún más con esta situación.
No hay condiciones para organizar en cada barrio milicias obreras y del pueblo pobre que disuelvan simultáneamente la policía, el ejército como instituciones represivas del Estado burgués y pongan fin al crimen organizado, justamente porque los mismos trabajadores aun esperan a que este Estado garantice su seguridad. Pero tampoco podemos, por grande que sea la presión social que empuje a esto, aceptar salidas represivas que serán utilizadas contra los trabajadores y el pueblo pobre.
El gobierno de Temer intenta transformar Rio Grande do Norte en un gran “laboratorio” represivo, inaugurando en ese estado los métodos que intentará generalizar al país y, específicamente, durante las Olimpíadas en Río de Janeiro. El gobernador de Rio Grande do Norte, por su parte, no pierde tiempo en convocar al Ejército para militarizar el Estado pero se toma todo el tiempo para convocar a los profesores que aprobaron los concursos públicos del Estado.
El tráfico de drogas y los carteles seguirán alistando jóvenes y la policía continuará reprimiendo sistemáticamente a los trabajadores y a la juventud de las favelas y la periferia, mientras los problemas de fondo como el racismo, la concentración de tierras y el desempleo sigan sin encontrar respuesta.
Es necesario luchar contra la militarización del Estado, por el retiro del Ejército de Rio Grande do Norte. La política de “seguridad” del gobierno solo fortalece las instituciones represivas del Estado y las bandas criminales. Para nosotros una salida de fondo para terminar con el tráfico de drogas y la violencia social está vinculada a una salida obrera y socialista para la violencia social. Es necesario ofrecer una vida digna para los hijos de los trabajadores y la juventud de las favelas y evitar que sean utilizados por el tráfico. Tenemos que exigir el no pago de la deuda externa e interna, y destinar esos recursos en salud, educación, el ocio y la cultura para la juventud.
FUENTE: LID
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