El rey bareiní, Hamad bin Isa Al Jalifa (dcha.), reunido con el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry.
El régimen de Baréin gastó más de $ 855.000 en mantener el silencio del Gobierno de EE.UU. ante la masiva represión popular en el reino árabe.
La página Web estadounidense Al-Monitor, citando a lobbies estadounidenses, afirmó que la pequeña monarquía del Golfo Pérsico desembolsó más de $ 855.000 en 2015 para evitar las leves criticas de Washington por la masiva represión contra la oposición bareiní.
Según el informe publicado el lunes, la mayor parte de ese dinero, es decir, $ 757.000, fue pagada a la firma internacional de abogados DLA Piper por "asesoramiento y asistencia” en cuanto a la compaña de represión que llevaba a cabo el reino desde el año 2011 contra la oposición.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas, junto con grupos pro derechos humanos, han exigido en reiteradas ocasiones al régimen bareiní que ponga fin a los arrestos de musulmanes chiíes así como a la persecución declérigos y activistas políticos.
En EE.UU., el principal aliado occidental de Baréin, grupos de derechos humanos y un puñado de legisladores están presionando —sin ningún resultado— para una respuesta más dura de Washington a la flagrante violación de los derechos humanos en el reino árabe.
No obstante, la importancia estratégica de la isla para EE.UU., donde el país norteamericano mantiene una base naval desde 1971, ha hecho que evite hasta el momento lanzar serias críticas contra Manama por las políticas que socavan la democracia.
A pesar del esfuerzo de pequeños grupos en el Congreso de EE.UU. para que Washington restrinja la venta de armas a Baréin, la Casa Blanca sigue decidida a reanudar la cooperación militar con su aliado árabe. Por ejemplo, Washington prevé brindar a Manamá ayuda militar equivalente a $ 6,6 millones para el comienzo del año fiscal que se inicia el primero de octubre.
A mediados del año pasado, el Departamento de Estado de EE.UU. anuló su control sobre las exportaciones de armas a Baréin, y autorizó la venta de municiones que podrían ser utilizadas contra los manifestantes. Las restricciones habían sido impuestas después de la revolución popular bareiní de 2011.
ftm/ncl/mrk
FUENTE: HISPANTV
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