Los funcionarios manifiestan que los efectos negativos para los usuarios de los servicios públicos, generados a raíz del paro, son consecuencia de la intransigencia del gobierno en la negociación por el reajuste salarial del sector.
“Si hay un responsable de todas las penurias que está pasando la ciudadanía, es el gobierno, que no se allana a negociar”, dice Carolina Espinoza, secretaria general de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), a propósito de los efectos que el paro de trabajadores públicos está ocasionando, como la disminución en la recolección de basura en algunas comunas y el cese de algunas funciones en los consultorios del país.
El camino tomado por el gobierno está lejos de llegar a una solución, considerando que ha optado por aprobar el reajuste en el Congreso Nacional, aunque sin cerrar la negociación con la Mesa del Sector Público. “Es una conducta de ninguneo, de ignorar a los representantes de los trabajadores. No sé si el ministro Valdés [Hacienda] nos considera interdictos, si cree que no tenemos legitimidad, pero nos ha bypasseado permanente”, comenta la dirigenta en conversación con El Ciudadano.
Espinoza envía además un mensaje a la Presidenta Bachelet, “para decirle muy claramente que, más allá de los recursos, números, valores y montos, toda solución es posible solo en la medida en que esta sea acordada con los trabajadores y trabajadoras“.
EFECTOS: QUEJAS Y RESPALDO
El frustrado proceso de negociación ha repercutido en el acceso de la población a los servicios entregados bajo la administración del Estado. A modo de ejemplo, el miércoles pasado el Registro Civil comenzó a atender más tarde y el jueves siguiente pararon durante la jornada, aunque atendiendo casos urgentes, como defunciones, matrimonios y trámites programados previamente.
Nelly Díaz, presidenta de la Asociación de Funcionarios del registro Civil, coincidió con que el despliegue del gobierno ha sido errático en torno a la negociación, sin embargo, introdujo otra arista de análisis, vinculada al malgasto de recursos por la incorporación de operadores políticos a los distintos servicios públicos.
“El discurso del gobierno es totalmente distinto a la realidad que vivimos los trabajadores. Si hoy despidiéramos a todos los operadores políticos que ha puesto el gobierno en los servicios públicos, nos sobraría plata”, dijo a radio ADN.
Fuente: radio ADN
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