De acuerdo al Informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia: Entre el sueño de la paz y la continuidad de la guerra, 2016, la situación de los líderes sociales y defensores de DDHH en el departamento es preocupante. Persecuciones, amenazas, desplazamiento forzado y asesinato son varias de las acciones que agentes estatales y grupos al margen de la ley han perpetrado en contra de quienes trabajan por los derechos individuales y colectivos de las comunidades.
“Son preocupantes y escandalosas las cifras del nivel nacional que muestran un incremento en las agresiones y asesinatos contra los defensores y defensoras, que por ejercer la labor de defensa de los derechos humanos siguen siendo las víctimas por la falta garantías”, dice el Informe. Según los datos recogidos hubo un aumento del 16,3% en las agresiones a defensores de DDHH con respecto al 2015.
La mayoría de las agresiones han ocurrido en un contexto de movilizaciones pacíficas “emprendidas por las organizaciones sociales en todo el territorio nacional, especialmente durante la denominada Minga Agraria Étnica y Popular que inició el 30 de mayo, en la cual las respuestas del Estado fueron acciones violentas y brutalmente represivas que dejaron un saldo de 12 manifestantes muertos, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país”.
En total van 207 agresiones, un aumento significativo respecto a las 178 agresiones de 2015. “Las agresiones ocurridas este año contra los defensores y defensoras de derechos humanos corresponden en un 23,67% a líderes campesinos, el 15,94% contra indígenas, el 12,56% contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 10% contra el sector campesino/minero/ambiental que hace defensa de sus territorios. El sector juvenil registra 12 casos y 11 casos de campesinos/reclamantes”, puntualiza el Informe.
Además de esto, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la violencia contra líderes sociales. Los principales responsables de las agresiones fueron el Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD– y grupos paramilitares. En lo que va corrido del año se han presentado 11 asesinatos: 6 en el Bajo Cauca, 2 en el Valle de Aburrá, 1 en el Occidente antioqueño, 1 en el Norte, 1 en Urabá.
Líderes y lideresas asesinados en el 2016
El día 29 de febrero en el municipio de Tarazá, vereda Cumbres del Tesorito, el Ejército simulando un combate disparó indiscriminadamente y lanzó morteros contra la casa del líder campesino Gilberto de Jesús Quintero, su muerte fue instantánea.
El 7 de marzo de 2016, el defensor de derechos humanos William Castillo Chima, fue asesinado en el municipio El Bagre. Este líder social fue fundador y tesorero de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó –AHERAMIGUA–, organización defensora de derechos humanos que trabaja por la defensa de los derechos territoriales, y en particular el derecho de las comunidades. AHERAMIGUA ha denunciado constantemente violaciones de derechos humanos.
El 28 de abril del 2016 fue asesinado en el municipio de El Bagre el líder y exconcejal del partido liberal Wilson Hoyos. Wilson lideró el pasado paro minero en su municipio.
El 22 de mayo asesinaron a Onalbi Manuel Chimá Pérez, joven indígena de 21 años y perteneciente a la Guardia Indígena Senú del resguardo Los Almendros del municipio de El Bagre.
Ramón Eduardo Acevedo Rojas fue asesinado el 6 de junio. Ramón, de 55 años de edad, pertenecía al Comité Municipal de Derechos de la comuna 10.
En Liborina, Occidente antioqueño, fue asesinado el día 12 de junio el líder y concejal del partido Conservador, Yolay Robinson Chica Jaramillo.
El Gobernador indígena de la comunidad Dojurá del municipio de Chigorodó, Amado Gómez, fue asesinado el día 22 de junio.
El día 29 de junio en la vereda La Coquera, municipio de El Bagre, fue asesinado Wilson Manuel Cabrera Mendoza, Presidente y líder del Comité de Motototaxistas. Recientemente había gestionado recursos para la ampliación de la carretera que conduce de El Bagre hacia La Coquera.
El 11 de septiembre fue asesinada la lideresa comunal y defensora de derechos humanos María Fabiola Jiménez de Cifuentes, tenía de 69 años de edad y residía en el municipio de Barbosa.
El 14 de septiembre es asesinado el líder Ovidio Arley Bustamante Chavarría, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca –Asocbac– y conciliador de la JAC de la vereda La América, municipio de Puerto Valdivia.
Espólita Casiana de 50 años de edad, líder fundadora de la Asociación de Desplazados de Cáceres (Asodesplazca) fue asesinada el 13 de octubre en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
Todos estos crímenes continúan impunes y no hay muchos avances respecto a la identificación de los responsables y el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, en el marco de la Minga Agraria Étnica y Popular se presentaron en todo el país enfrentamientos entre las comunidades y la Policía, lo que dejó un saldo de tres comuneros indígenas asesinados, Willington Quibarecama, Gersain Cerón y Marco Aurelio Díaz; 200 personas heridas, 170 personas detenidas, 104 judicializadas y 9 amenazas contra la movilización. Las principales modalidades de agresión contra la Minga Agraria Étnica y Popular en Antioquia fueron: el uso desmedido de la fuerza que dejaron personas heridas (27 casos), Amenazas individuales (10 casos), detenciones arbitrarias (10 casos), agresiones individuales (8 casos), señalamientos, hostigamiento, entre otras.
Exigencias
En un panorama social y político que contempla la paz como una salida al conflicto armado, no es coherente que las comunidades sigan siendo perseguidas y asesinadas por defender sus derechos. Colombia requiere de una paz con justicia social en la cual las voces de todos tengan cabida y acción.
Ante esta penosa situación, las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunidad LGTBI exigen al Gobierno Nacional garantías para el cumplimiento de derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que se tomen medidas efectivas para investigar violaciones e infracciones a los derechos humanos por parte de cualquier agresor, incluso si ésta proviene de miembros de la fuerza pública o de funcionarios del Estado. Además de la urgente y necesaria instalación de la Mesa de Garantías para la Labor de los Líderes, Lideresas, Sociales, Comunales Ambientales, Defensores, Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia como espacio de interlocución, monitoreo permanente, toma de decisiones ante el un contexto de riesgo inminente frente a los recientes asesinatos y agresiones.
CI DM/DM/19/12/16/14:47
Por Colombia Informa
FUENTE: KAOSENLARED
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