Control Preventivo de identidad
La Red Nacional de ONGs. de
Infancia y Juventud de Chile (ROIJ-Chile), rechazamos el hecho de que se
legisle sobre el control preventivo de identidad, ya que es una amenaza grave a
los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes.
A 26 años de la Convención de los Derechos del Niño, redes
y organizaciones de la Sociedad Civil
que trabajamos desde y por la niñez y adolescencia, queremos recordar que el
Estado chileno firmó y ratificó dicho instrumento internacional en 1990 como
país, y aún nuestra normativa no está a la altura de lo que se requiere para
garantizar y proteger integralmente los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que viven en nuestro país.
La aprobación de esta
legislación por parte de la Cámara Alta, generó grandes molestias de los
ciudadanos y la sociedad civil y con ello una contradicción con los estándares
internacionales establecidos en los derechos Humanos.
El control preventivo de
identidad restringe la libertad de la ciudadanía. También sabemos y es claro, que muchos niños niñas y adolescentes no
portan su Cédula de Identidad, por lo cual deben ser llevados a centros
policiales y en dicho lugar deben permanecer por una hora.
Por ello nos cuestionamos ¿Quién resguardará esta situación?
Pero además, la Convención es
clara en decir que:
“La privación de
libertad es la última medida o recurso que se debe usar en personas menores de
18 años”.
Además esta privación atenta
contra el principio de no Discriminación.
Frente a esto, como ya sabemos,
la medida, estigmatizará y criminalizará
a sectores y grupos como, migrantes, pobres y pueblos originarios, donde los
niños, niñas y adolescentes quedan expuestos a ser considerados como
“sospechosos”, pronunciamiento que ya ha
realizado el mundo estudiantil. Por lo tanto, preocupa que esta medida sea una
forma de represión al movimiento social.
Es por esto que, instamos a
las autoridades políticas, ministras y
ministros y al Parlamento:
·
A
que la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez no quede supeditada “a la
disponibilidad presupuestaria”, sino que exista la voluntad política de
priorizar por el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes con el máximo
de las posibilidades.
·
Que
se cuente con una institucionalidad que promueva los derechos de la niñez y
adolescencia por sobre las propuestas punitivas.
·
Que
el Estado respete y garantice los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de todos sus habitantes. Sin distinción alguna.
·
Contar
con un Defensor del Niño y la Niña, que cumpla las veces de supervisor,
monitoree y fiscalice el accionar de las policías.
Red de ONGs de Infancia y
Juventud de Chile (ROIJ-Chile)
Red de Centros de Educación
Comunitarios (CEC)
Movimiento Movilizándonos por
una Cultura de Derechos
Santiago
de Chile, martes 12 de abril de 2016.
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