Foto: DyN
Ayer el Ministerio de Seguridad publicó un tweet que después borró. El proyecto de involucrar a las fuerzas genocidas en la “seguridad interior” (prohibido por ley) aún no se hace público.
Podría ser gracioso si no se tratara de algo peligroso para el pueblo trabajador. Ayer, en cuestión de horas, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich cometió el patético ridículo de publicar una información por Twitter para después borrarla y bajarle la línea a todos sus funcionarios para que no hablen del tema.
¿Y cuál es el tema? Nada menos que el avance en el proyecto de involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas (aún pobladas de secuestradores, torturadores, desaparecedores y asesinos de la dictadura) en asuntos de “seguridad interior”. Más precisamente en el supuesto combate del crimen organizado (narcotráfico, terrorismo, trata de personas, contrabando). Como si no fuesen las mismas instituciones del aparato represivo del Estado las que cuidan, controlan y hasta participan activamente en ese entramado criminal a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Nos reunimos con las Fuerzas, @MindefArg y miembros del Estado Mayor Conjunto. Trabajo coordinado para más seguridad”. Así decía el tweet publicado en la cuenta oficial del ministerio de Bullrich. Pero horas después ese mensaje con la foto serían borrados. El bochorno no tardaría en recorrer las redes sociales dejando en off side a la oficina de Prensa del Ministerio.
Poco después el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en el que cuestiona los intentos del gobierno de Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas en la “seguridad interior”. Y fundamenta ese cuestionamiento en dos hechos concretos: que está prohibido por las leyes argentinas y que “en los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la ‘lucha contra el narcotráfico’, las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado”.
Son tres las leyes nacionales que prohíben taxativamente el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. La 23.554, de Defensa Nacional, sancionada en 1988; la 24.059, de Seguridad Interior, de 1991 y la 25.520 de Inteligencia Nacional promulgada en 2001. Tres normas, vale decirlo, que lejos de ser “regalos” de gobiernos radicales y peronistas fueron producto de duras luchas populares contra la represión y la impunidad de esas fuerzas genocidas.
El regreso de los muertos vivos
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri pretende avanzar en su proyecto de relegitimación y reinserción de las Fuerzas Armadas en la vida política y social argentina. Algo que no es exclusivo de la gestión Cambiemos, pero sí ha cobrado nuevo impulso desde el 10 de diciembre de 2015.
Durante el período kirchnerista se intentó mostrar desde el Estado que las Fuerzas Armadas “ya no eran” aquellas de la dictadura. Incluso se buscó hacer pasar por buenos a genocidas como Milani, quien se fotografió ayudando a Hebe de Bonafini a desmalezar terrenos baldíos en el conurbano bonaerense. Pero ahora, además de mandar al Ejército a repartir alimentos en zonas empobrecidas de la mano del Ministerio de Desarrollo Social, el macrismo se propone desparramar todo el aparato militar fronteras adentro, como una forma de alinearse de lleno con los preceptos y recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para quien desde hace tiempo las Fuerzas Armadas latinoamericanas deberían cobrar mayor protagonismo en la vida interna de los países.
Si bien ayer el tweet en cuestión fue borrado, una gacetilla con membrete del Ministerio de Seguridad enviada a la prensa no dejaba lugar a dudas. En la reunión con altos mandos militares y funcionarios del Ministerio de Defensa, decía el texto, “se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico”.
El retroceso en hacer pública la reunión de ayer se debería a ciertas internas en la propia coalición Cambiemos, más precisamente entre el PRO y el radicalismo. El sábado pasado el periodista Adrián Murano publicó en Tiempo Argentino algunos pormenores del plan macrista. Según su información, la Casa Rosada está redactando “un proyecto de ley que le permitirá a las Fuerzas Armadas operar en seguridad interior”. Pero la nota aclara que de ese proyecto no estaría siendo parte el mismísimo ministro de Defensa, el radical Julio Martínez.
El proyecto “es manipulado en secreto por funcionarios de la cartera que responden al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras”, afirma Murano.
El relato del periodista de Tiempo Argentino es coherente con lo que viene promoviendo el macrismo desde que asumió. Sin ir más lejos, la reaparición en escena hace diez días de Aldo Rico y los criminales del Opertivo Independencia, con la venia oficial, muestra que el personal del genocidio perpetrado hace cuatro décadas cuenta con una muy buena consideración por parte del nuevo gobierno.
De allí, ni más ni menos, que verdaderas usinas del pensamiento conservador, reaccionario y militarista argentino como el Diario La Nación se envalentonen con editoriales que reivindican el genocidio y a sus ejecutores.
Plumas y fusiles
Quien estaría metido de lleno en la redacción del proyecto de ley para permitirle el regreso al territorio nacional a las Fuerzas Armadas es el mismo Gómez Centurión. Alguien que sabe tanto de escritura como de balas.
El coronel retirado fue carapintada y participó, junto a Aldo Rico, de los levantamientos de Semana Santa de abril de 1987 y de Monte Caseros de enero de 1988.
Con el uniforme ya colgado, Gómez Centurión se sumó en la década pasada a las tropas macristas. Fue director del área de Defensa de la Fundación Pensar y en 2012 Macri lo puso al frente de la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad. Su paso por el organismo, al frente de los inspectores porteños, es recordado por “habilitar” (haciendo la vista gorda o cobrando “comisiones”) la existencia de decenas de talleres textiles clandestinos, de boliches que nada tienen que envidiarle a Cromañón y de depósitos como el de Iron Mountain de Barracas. Con semejante prontuario en diciembre de 2015 se ganó el puesto de Director General de la Dirección nacional de Aduanas.
Cuenta Adrián Murano en Tiempo Argentino que Gómez Centurión era el candidato de Macri para conducir el Ministerio de Defensa, pero que producto de las negociaciones con el radicalismo finalmente lo mandó a la Aduana. Sin embargo logró ubicar a su mano derecha en Pensar, el también coronel retirado Hugo Patricio Pierri, como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa.
Las internas en Cambiemos explicarían, en parte, bochornos como el de ayer. Pero en lo que todos coinciden dentro del gobierno es en la necesidad estratégica de fortalecer y dotar de mayor poder a las Fuerzas Armadas frente a un problemático escenario económico y un descontento social que crece al calor de la inflación, los tarifazos y el ajuste sobre los bolsillos del pueblo trabajador.
En las oficinas del gobierno saben que si la criminalización de la protesta social y el control sobre la población trabajadora nunca fueron abandonadas por el Estado, más allá de quien ocupara el gobierno, de cara al futuro esas políticas quizás deban ser fortalecidas.
Balas de plata
Pese a los intentos de mantener en secreto algunas cuestiones, el proyecto oficial es claro. Con el decreto 228/16, firmado a mediados de enero, Macri declaró la Emergencia en Seguridad y autorizó, entre otras cosas, el derribo en las fronteras de aviones que puedan ser considerados “hostiles”.
En aquel momento la diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman había definido que Macri instauraba así “por decreto la pena de muerte sin juicio previo”. Ese fue nada menos que un primer avance en la incorporación de las Fuerzas Armadas al esquema de “seguridad interior”.
Pero el proyecto es más ambicioso. Y como no podía ser de otra manera en un gobierno manejado por gerentes de empresas, las oportunidades de negocios también están en el horizonte. Se presume que la nueva ingeniería que planea el gobierno en asuntos de “seguridad interior” sea rellenada con armamento y tecnología de punta. Es decir que un nuevo y suculento negocio se avecina, al menos en los papeles.
Algo de eso ya se estaría empezando a concretar. Si no, no se entendería por qué el radical Enrique "Coti" Nosiglia se apresuró a negociar con el macrismo y logró que se nombre como subsecretario de Asuntos Internacionales del ministerio de Defensa a José Luis Vila, uno de sus hombres de confianza.
En última instancia, los radicales de la Obediencia Debida y el Punto Final y los macristas de la patria empresaria tienen mucho más en común de lo que puede parecer. Los secretos de reunión, en todo caso, tienen el objetivo de evitar que la población trabajadora conozca sus planes. Miedo a no poder sostener la relación de fuerzas, dicen algunos.
Daniel Satur
FUENTE: LID
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