El nuevo momento de la operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras, sigue una ofensiva contra el PT pero alcanza también al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (PMDB) y al excandidato presidencial Aécio Neves (PSDB), además de varios opositores. Más allá de la justicia, ¿qué está realmente en juego?
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió en la tarde de ayer (3) al Supremo Tribunal Federal (STF) que incluya el nombre de 31 nuevos investigados en la Operación Lava Jato, que investiga los esquemas de corrupción en Petrobras. Entre los nombres, una horda compuesta por exministros, empresarios, cambistas, lobistas y políticos de las más variadas siglas partidarias, entre ellos se destacan el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente de la cámara de los diputados, Eduardo Cunha, a quien Janot se refirió como “uno de los líderes de una célula criminal”. El pedido se basó en la delación realizada por el “arrepentido” senador Delcidio do Amaral, cuyo nombre también está incluido en el pedido de investigación, y ahora sigue para ser evaluado por el juez del STF Teori Zavascki, relator de la operación Lava Jato.
Después de un corto lapso luego de la votación del impeachment en la Cámara, cuando parecía que esperaba para ver el tamaño del estrago que había ayudado a hacer y cómo caería eso en la opinión pública, el poder judicial volvió a escena queriendo mostrar trabajo. ¿Qué pretende el partido judicial con esta generalización de la Lava Jato?
Tras el festival de horrores protagonizado por los diputados de la Cámara de Diputados en la votación del impeachment, se hizo muy difícil esconder el golpismo y el carácter reaccionario de las instituciones involucradas en este proceso. Las nuevas acciones del poder judicial se suman a los intentos por hacer menos inmunda la cara del golpe, del que el mismo judicial fue protagonista, y preparar terreno para que un nuevo gobierno de Temer tenga más legitimidad para implementar los ataques a los trabajadores de los que anda sediento el imperialismo.
No se trata simplemente de un esfuerzo para recobrar una buena imagen para el poder judicial, sino también de una limpieza de campos. Eduardo Cunha, en el escenario cada vez más real de alejamiento de Dilma, se transformaría en vicepresidente de la República, y carga en su prontuario con denuncias y más denuncias de esquemas de corrupción. Esto deja a varios sectores, principalmente el capital internacional, inseguros sobre cuán capaz será el gobierno de hacer los ajustes necesarios sin avivar la insatisfacción popular que desestabilice por más tiempo aun la política y que posiblemente escape de su control. En este caso, el poder judicial parece no tener problemas en cortar algunas cabezas que terminan incomodando demasiado y de costo político tan alto para los intereses de la burguesía.
Una segunda explicación de este movimiento del poder judicial es menos compleja. Puede tratarse apenas de una descarada “falsa alarma” de lucha contra la corrupción. Aquí el objetivo principal ya habría sido alcanzado con la salida de Dilma y las últimas acciones parecen más mediáticas, para ahí sí lavarle la cara y las manos al propio poder judicial. Habrá que esperar, pero en esta hipótesis difícilmente todos los involucrados en la extensión de la delación del “arrepentido” Delcidio y en las investigaciones de la operación Lava Jato serían castigados. Un desenlace bastante usual en la política brasilera, pero quizás no el más indicado para este momento.
Pero existe aun la posibilidad de que toda esta barcaza de denunciados sea solo la guarnición del plato principal. Con la caída de Dilma, un importante espacio se abriría para mantener la oposición de derecha a la ofensiva y con la osadía de ir por más. En este caso, el objetivo sería el desmantelamiento total del PT, como llegó a pedir la editorial del diario O Estado de S.Paulo del 18 de abril, después de la aprobación del impeachment en Diputados. Para no dar la cara con una ofensiva tan “exclusiva” contra el PT, el plan aquí sería disfrazarse de imparcial, eventualmente entregar uno u otro peón del tablero, pero garantizar el jaque mate al petismo. La serpiente que el petismo creó y a la que dio alas ahora se vuelve contra él, aun que para dar la apariencia de neutralidad, alcance también a Aécio, para aplauso de José Serra y Geraldo Alckmin.
De todas formas, lo que se diseña con los nuevos pasos de la Lava Jato no es un escenario más fructífero para las luchas de los trabajadores, como interpretan algunos sectores de la izquierda brasilera. Parece obvio que en ningún escenario habrá una “Lava Jato hasta el final” que castigue a todos los culpables y limpie la corrupción de Brasil. El propio ejemplo de la operación “Manos Limpias” italiana que el juez Sérgio Moro tanto elogia garantizó extensa impunidad luego de cumplir su papel político. Tampoco parece que del golpe del judicial sobre el gobierno de Dilma surgirá un nuevo gobierno “más frágil”, posibilitando que los trabajadores avancen hacia un “que se vayan todos”. Al contrario, lo que parece más probable es un gobierno aun más fortalecido y pactado con diversos sectores de la derecha, los patrones y la justicia para garantizar los intereses de la burguesía.
Los trabajadores no debemos tener ilusiones de que este sistema jurídico podrido desde a cuna y que sabe muy bien a quién sirve pueda ser una herramienta para la lucha por nuestros derechos y contra esa casta política de sanguijuelas. Cualquier salida para los trabajadores vendrá de las fuerzas de su propia movilización, con sus métodos tradicionales, a los que se niegan las centrales sindicales oficialistas. Se niegan a ir verdaderamente a la lucha contra el golpe, convocando a asambleas de base y organizando un paro nacional real. Recuperar y poner en acción estos métodos con radicalización de la lucha, huelgas, piquetes y ocupaciones construidas desde las bases de trabajadores es el único camino para parar de una buena vez la ofensiva de la derecha.
Traducción: Isabel Infanta
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