El 9 y 10 pasados, reunidos en Brasilia, representantes de los principales conglomerados empresariales del país dieron su apoyo al plan de recortes y eliminación de derechos anunciados por Temer.
El gobierno golpista de Temer se muestra abierto y democrático para oír las propuestas y lograr ampliar el apoyo de los sectores que representa: los dueños de los bancos y grandes empresas de Brasil. Luego de dos días (9 y 10 de agosto) de reuniones con los representantes de los principales conglomerados del país, Temer les garantizó el apoyo total a la agenda de reformas que recortan derechos laborales, de la juventud y los sectores oprimidos, que aseguran nuevos márgenes de explotación para las empresas.
“No pedimos apoyo a nada. Al contrario, vinimos a ofrecerlo”, afirmó el coordinador del Instituto Talento Brasil (ITB) – organización que reúne a los representantes de las empresas - Antônio Machado de Barro. Participaron del evento más de 800 empresarios de diversos sectores afectados por la recesión, en especial de la construcción civil. Antes de que el golpe se llevara a cabo, Michel Temer ya se había reunido con los empresarios en cuestión para elaborar juntos el proyecto “Puente para el Futuro”, presentado por el PMDB como salida frente a la crisis del país, en octubre de 2015. Esto explica la seguridad de los empresarios al afirmar que solo fueron a “ofrecerle apoyo”, siendo que ya conocían las medidas previstas por el gobierno golpista.
Participaron de la reunión Luiz Carlos Trabuco, presidente de Bradesco; Pedro Moreira Salles, presidente del banco Itaú-Unibanco; Jorge Gerdau, presidente del grupo Gerdau; Pedro Passos, copresidente de la empresa Natura; entre otros. Son las mismas empresas que durante los gobiernos de Lula/PT obtuvieron ganancias récords.
Durante la reunión los empresarios volvieron a señalar cuáles son los “dos proyectos prioritarios” para la estabilización económica del país: el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC 241/16) que limita el gasto público para los próximos 20 años y la reforma del Sistema de Seguridad social y jubilatorio. Dos ataques centrales contra la población trabajadora, que implican la reducción de los presupuestos de educación, salud, cultura y abren el camino a la privatización de las empresas públicas y profundizan la tercerización en la medida que se reduce el contingente de funcionarios públicos. Queda en claro al servicio de qué intereses se consumó el golpe institucional y el verdadero rostro de este gobierno, diseñado para actuar como administrador de los negocios de los empresarios, atacando derechos y permitiendo que aumenten sus ganancias a costa de los trabajadores y el pueblo pobre del país.
“No pedimos apoyo a nada. Al contrario, vinimos a ofrecerlo”, afirmó el coordinador del Instituto Talento Brasil (ITB) – organización que reúne a los representantes de las empresas - Antônio Machado de Barro. Participaron del evento más de 800 empresarios de diversos sectores afectados por la recesión, en especial de la construcción civil. Antes de que el golpe se llevara a cabo, Michel Temer ya se había reunido con los empresarios en cuestión para elaborar juntos el proyecto “Puente para el Futuro”, presentado por el PMDB como salida frente a la crisis del país, en octubre de 2015. Esto explica la seguridad de los empresarios al afirmar que solo fueron a “ofrecerle apoyo”, siendo que ya conocían las medidas previstas por el gobierno golpista.
Participaron de la reunión Luiz Carlos Trabuco, presidente de Bradesco; Pedro Moreira Salles, presidente del banco Itaú-Unibanco; Jorge Gerdau, presidente del grupo Gerdau; Pedro Passos, copresidente de la empresa Natura; entre otros. Son las mismas empresas que durante los gobiernos de Lula/PT obtuvieron ganancias récords.
Durante la reunión los empresarios volvieron a señalar cuáles son los “dos proyectos prioritarios” para la estabilización económica del país: el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC 241/16) que limita el gasto público para los próximos 20 años y la reforma del Sistema de Seguridad social y jubilatorio. Dos ataques centrales contra la población trabajadora, que implican la reducción de los presupuestos de educación, salud, cultura y abren el camino a la privatización de las empresas públicas y profundizan la tercerización en la medida que se reduce el contingente de funcionarios públicos. Queda en claro al servicio de qué intereses se consumó el golpe institucional y el verdadero rostro de este gobierno, diseñado para actuar como administrador de los negocios de los empresarios, atacando derechos y permitiendo que aumenten sus ganancias a costa de los trabajadores y el pueblo pobre del país.
FUENTE: LID
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