Mientras el senador informante recomendó en su informe la Dilma Rousseff, en diputados se debatía el “paquete de maldades, que incluye la renegociación de deudas provinciales a cambio de duras medidas antiobreras.
El senador Antonio Anastasia, miembro informante del juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, presentó este martes su informe sobre el caso y recomendó que la mandataria sea destituida por "atentar contra la Constitución".
El informe, presentado ante la comisión del Senado a cargo del proceso, identificó "plenas razones" para avanzar hacia la pérdida del mandato de Rousseff, quien responde por supuestas irregularidades en el manejo de los presupuestos del Estado.
"Voto por la procedencia de la acusación y porque prosiga el proceso" de destitución, dice el informe de Anastasia, divulgado por el Senado poco antes de que le lectura del documento en la comisión.
El informe tiene 441 páginas y dice que los delitos fiscales que se le atribuyen a Rousseff suponen un "atentado a la Constitución" y son "de tal gravedad" que, según las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato.
El informe presentado ante la comisión será debatido mañana y votado el próximo jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.
El informe será leído en el Senado el viernes, cuando el país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
El calendario del impeachment todavía es objeto de negociaciones entre el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB) y el presidente golpista Michel Temer, que pretende terminar el juicio en agosto con el objetivo de viajar a la reunión del G20 a principio de septiembre ya no en calidad de interino.
La Cámara de Diputados, por su parte, tenía en la pauta de este martes el “paquete de maldades”, que incluye la renegociación de deudas provinciales a cambio de duras medidas antiobreras. Sin embargo, su votación fue pospuesta, según señaló el diputado informante, Espiridião Amin (PP de Santa Catarina), en función del cumplimiento de los plazos para posibles enmiendas en el texto.
El proyecto es una de las prioridades del presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM de Rio de Janeiro). El informe de Amin prevé que los estados puedan prolongar el plazo y pagar sus deudas en cuotas por hasta 20 años, pero en cambio pide una serie de contrapartidas que van desde la amplia privatización de servicios públicos hasta afectar a los trabajadores provinciales, que deberán sufrir con el congelamiento de sus ya corroídos salarios, además de despidos y más precarización para los tercerizados. Partidos aliados del golpismo esperan que exista aun más “flexibilidad” en esos gastos con personal.
Aun que no fue a votación, el proyecto seguirá en vigente y deberá ser votado en las próximas sesiones ya que al parecer, lo que lo está atrasando en este momento son solo detalles de acuerdo entre los partidos del gobierno golpista.
Mientras tanto, los que podrían estar organizando la defensa de los intereses de los trabajadores, como el PT, la CUT y la CTB solo asisten, ensayando alguna falsa presión en diputados, pero sin dejar su postura de “oposición responsable” que deja de lado los métodos históricos de lucha de los trabajadores y solo beneficia al golpismo.
FUENTE: LID
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