Agentes de policía bareiníes reprimen brutalmente a manifestantes pacíficos.
Un comité parlamentario del Reino Unido critica a la Policía del país por brindar entrenamiento a las fuerzas bareiníes, acusadas de reprimir protestas pacíficas.
En virtud de un acuerdo secreto de 24 páginas —obtenido en 2015 por el semanario británico The Observer— el Centro de Estudios Policiales del Reino Unido accedió entrenar a las fuerzas del Ministerio del Interior de Baréin. El acuerdo, sin embargo, no menciona las cuestiones de derechos humanos.
El Comité Selecto de Asuntos del Interior del Parlamento británico cuestionó el sábado el acuerdo por haberse pactado con un régimen que tiene escaso historial de derechos humanos y criticó al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido por negarse a revelar ese tipo de contratos.
De acuerdo con el comité parlamentario, los acuerdos “opacos” con gobiernos extranjeros, que han sido criticados por abusos a los derechos humanos, "ponen en peligro la integridad y la imagen de la policía británica que el centro de estudios están tratando de promover".
Sabemos que el Centro (de Estudios Policiales británico) ofrece una amplia gama de programas de formación a nivel nacional que son de preocupación potencial, tales como el uso de datos de comunicaciones obtenidas por los operadores de telecomunicaciones, el uso de material de intercepción, la vigilancia y policía encubierta, así como el alcance de sus cursos al extranjero que no implica ninguna responsabilidad para sus clientes", dijo Daniel Carey, del bufete de abogados DPG Law.
Un bufete de abogados que representa a un activista bareiní torturado por el régimen de Al Jalifa ha escrito una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores británico en la que asevera que el acuerdo con Baréin crea preocupaciones sobre el compromiso del Reino Unido con la protección de los derechos humanos.
"Sabemos que el Centro (de Estudios Policiales británico) ofrece una amplia gama de programas de formación a nivel nacional que son de preocupación potencial, tales como el uso de datos de comunicaciones obtenidas por los operadores de telecomunicaciones, el uso de material de intercepción, la vigilancia y policía encubierta y el alcance de sus cursos al extranjero que no implica ninguna responsabilidad para sus clientes", dijo Daniel Carey, del bufete de abogados DPG Law.
También argumentó que el centro tendría que haber adquirido la aprobación del Parlamento para sus actividades con ánimo de lucro. "El Centro de Estudios Policiales está haciendo algo inusual para el gobierno en la venta de servicios al extranjero", sentenció.
Desde febrero de 2011, los bareiníes protagonizan manifestaciones casi diarias contra la monarquía Al Jalifa, para reclamar, entre otros, el fin del monopolio de poder y la injerencia extranjera, así como la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente.
Como contramedida, el régimen de Al Jalifa impuso en marzo de 2011 la Ley de Seguridad Nacional, que dio lugar a la entrada de tropas saudíes y emiratíes para sofocar las manifestaciones.
mep/ncl/mrk
FUENTE: HISPANTV
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